The New York Times aseguró que la policía mexicana se encuentra “abrumada” por los cárteles de la droga debido al uso de armamento y municiones hechos para el ejército de Estados Unidos. En particular, el rotativo documentó que el 30 de noviembre de 2019, un convoy de camionetas con hombres armados “con una ametralladora pesada y potente, y rifles de calibre 50” entró a la ciudad de Villa Unión, Coahuila, y abrió un fuego tan nutrido que hizo temblar la Tierra. Al reunir los casquillos de la escena donde fallecieron 19 presuntos delincuentes, cuatro policías y dos civiles, los investigadores hallaron que la munición estaba marcada con las iniciales LC, usadas por la planta de cartuchos del ejército de Estados Unidos en Lake City, propiedad del gobierno federal y el mayor fabricante de cartuchos de rifle utilizados por los efectivos del Pentágono.
EDITORIAL DEL DIARIO LA JORNADA
Aunque las balas de calibre 50 son tan potentes que se emplean para destruir vehículos e incluso aviones ligeros, en Estados Unidos se encuentran en venta libre para el público en general como parte del conocido libertinaje que caracteriza a la comercialización, posesión, portación y uso de armas de fuego en ese país. Vale la pena recordar que, pese a los trágicos tiroteos que devastan escuelas, templos religiosos, supermercados, conciertos y cines en el territorio estadunidense, las armerías apenas rechazan 0.5 por ciento de las peticiones de compra; en algunos estados, ni siquiera se necesita ser mayor de edad para adquirirlas, y una ley aprobada durante el reaganismo prohíbe a gobiernos estatales o locales preservar información personal de los dueños de armas de fuego, por lo que ni siquiera se cuenta con un registro de quiénes y cuántas tienen en su poder. Es decir, cualquiera puede adquirir una cantidad ilimitada de municiones en las 9 mil 811 armerías existentes en las cuatro entidades que comparten frontera con nuestro país y contrabandearlas hacia el sur sin que siquiera se registre su nombre.
Por estos motivos, desde agosto de 2021, el gobierno federal mexicano ha presentado demandas en cortes estadunidenses contra fabricantes de armas que diseñan, comercializan y distribuyen sus productos de formas que facilitan activamente el tráfico ilícito hacia México. Pese a que el Poder Judicial de Washington optó por proteger a la industria de la muerte, el Estado mexicano obtuvo una victoria moral al probar la responsabilidad estadunidense en proveer al crimen organizado la potencia de fuego que le permite plantar cara a las autoridades y arrebatar cientos de miles de vidas tanto de personas involucradas en actividades ilícitas como de civiles que no tienen nada que ver con la delincuencia.
Ahora se sabe que no sólo la iniciativa privada, sino el propio gobierno estadunidense es un proveedor de primer orden para los cárteles que la Casa Blanca dice perseguir con todo su poderío. Se trata de una confirmación contundente de la hipocresía que tiñe todos los aspectos de la falsa “guerra contra las drogas” y de que para Washington el combate a las organizaciones criminales es un mero pretexto para violentar la soberanía de otras naciones, injerencismo que tiene como principal víctima a la región de América Latina y el Caribe.
El presidente Donald Trump, quien en varias ocasiones se ha ufanado de conocer todos los movimientos y tener localizados a todos los narcotraficantes al sur del río Bravo, haría bien en usar el formidable aparato de espionaje con que afirma contar para controlar lo que pasa con el crimen dentro de su propio país, en vez de derrochar dinero público en secuestrar mandatarios, cazar niños de cinco años y respaldar el genocidio contra el pueblo palestino.
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