Armando Nosti
PP y PSOE aprobaron la ley 15/1997 que permite la privatización de la Salud. Anguita votó en contra afirmando: “Esta ley es el certificado de defunción de la sanidad pública. Están legalizando el robo, robando a los ciudadanos el derecho a la salud para dárselo a sus amigos de empresas sanitarias”
Los problemas con los grandes grupos sanitarios son consecuencia de la ley que abrió la puerta a dejar en manos privadas uno de los derechos fundamentales de los ciudadanos, la sanidad, siguiendo así el paso que ya se había dado con otro de los pilares, la educación.
Los datos comprobados son clarificadores. La gestora del Hospital de Torrejón ordena incrementar las listas de espera y rechazar pacientes para ganar más: “Hacemos actividades que nos perjudican”. Ayuso paga a hospitales de Quirón el doble de lo presupuestado en cuatro años. Reconoce pagos por más de cinco mil millones. La pareja de Ayuso multiplica los ingresos procedentes de Quirón.
En Gijón, una de estas empresas ya está instalada, lo ha hecho adquiriendo un establecimiento que era un clásico en la ciudad al que han dado un giro importante. La otra tiene planes muy avanzados para instalarse en la ciudad, planes que comenzaron con una permuta de fincas que algunos sectores criticaron y que ahora está pendiente de una decisión judicial.
Ambos grupos son propiedad a su vez de otros grandes grupos internacionales, uno francés y otro alemán cuyo objetivo son los beneficios.
La ministra de Sanidad, Mónica García, que antes de ocupar el cargo defendía la derogación de la ley 15/1997, ha iniciado los trámites de una «Ley de Gestión Pública e Integridad del Sistema Nacional de Salud». Según los primeros análisis, la nueva ley modifica, pero no deroga la anterior que establece distintos procedimientos de colaboración público privada. Propone «mejoras en los procedimientos de transparencia, auditoría y rendición de cuentas de los modelos de gestión privada ya existentes en la actualidad», lo que significa que seguirá existiendo privatización de servicios sanitarios. Es un calco de lo ocurrido con la Ley mordaza, cuya prometida derogación quedó en un lavado de cara para mantenerla y aplicarla según convenga a los responsables de turno. Prohibir privatizaciones es la única garantía de una sanidad pública fuerte.
El PSOE pidió una auditoría a Ribera Salud en la Comunidad Valenciana. Sumar Asturias exige una inspección extraordinaria y una auditoría de Ribera Salud en Gijón. No parece que el PSOE tenga argumentos para no hacerla ya. Suspender derivaciones mientras no se aclare la situación es otra petición de Sumar que parece más que lógica.
La nueva España
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