Los serían, sin ninguna duda, si otro fuera el país que las realizase. Costó mucho decir que la matanza de menores en Gaza eran y son asesinatos.
EDITORIAL
El Alto Comisionado de los Derechos Humanos de la ONU, Volker Turk, instó a Estados Unidos a investigar la legalidad de sus ataques contra presuntos barcos de narcotraficantes en el Caribe y el Pacífico y advirtió que hay “fuertes indicios” de que constituyen “ejecuciones extrajudiciales”. De acuerdo con el funcionario, las acciones para detener buques supuestamente implicados en el crimen organizado califican como operaciones para la aplicación de la ley, en las cuales el uso de la fuerza letal debe ser extremadamente limitado y presentarse como último recurso ante un ataque inmediato. Dado que las lanchas destruidas y sus tripulantes masacrados en ningún caso atacaban a las fuerzas estadunidenses, éstas habrían incurrido en violaciones al derecho internacional en materia de derechos humanos.
Turk expresa con un lenguaje cuidadoso y diplomático lo que el mundo ha contemplado en su crudeza por dos meses: el asesinato y desaparición forzada de decenas de personas a quienes no se les fincó cargo alguno por parte de un gobierno que transgrede las leyes dentro y fuera de sus fronteras. Debe recordarse que las operaciones ordenadas por el presidente Donald Trump son ilegales incluso en los términos de las normas de su país: aunque el magnate ha invocado un inexistente “conflicto armado” con los cárteles a los que clasificó (sin sustento) como terroristas, para entrar en guerra y tratar a ciudadanos extranjeros como enemigos, necesita una autorización del Congreso que no ha solicitado ni obtenido. Su conducta respecto al narcotráfico replica un modus operandi usado en otros temas como la migración o su guerra comercial contra el planeta: en ambos casos, declaró emergencias ficticias a fin de desviar recursos y aplicar por decreto medidas que requieren aprobación parlamentaria.
Trump es franco en cuanto a que sus actos y métodos tienen el propósito de recordar a aliados, rivales y enemigos el poderío y la letalidad estadunidenses, pero, en su fatua ignorancia, desconoce que el uso indiscriminado de la fuerza no es una señal de salud de los imperios, sino de su decadencia y descomposición. Un gobierno saludable no saca a rastras a maestras de prescolar de sus salones de clases para meterlas en jaulas y deportarlas a sus países de origen o a cualquier destino que se le ocurra: les ofrece empleos bien remunerados por educar y cuidar a las próximas generaciones. Un líder tecnológico no impone aranceles arbitrarios; triunfa en el comercio global gracias a la superioridad y al prestigio de sus productos. Quien se proclama faro de la democracia no aniquila ni deshumaniza a las personas que delinquen; en cambio, ofrece una prosperidad generalizada que quita incentivos económicos a la delincuencia.
De hecho, los funcionarios estadunidenses encargados del combate al narcotráfico saben bien que para frenar el trasiego de estupefacientes por vía marítima no se requieren barcos de asalto anfibio, bombarderos estratégicos, helicópteros artillados, ni un grupo de combate de portaviones: apenas la semana pasada la DEA cooperó con el Centro de Análisis y Operaciones Marítimas (MAOC), con sede en Lisboa, y la Agencia Nacional contra el Crimen de Reino Unido para interceptar un semisumergible que se dirigía a Europa con 1.7 toneladas de cocaína. Los cuatro tripulantes fueron arrestados, la droga incautada y la nave hundida, sin un muerto y sin disparar un tiro. En marzo pasado, una embarcación similar cargada con 6.5 toneladas de la misma sustancia fue detenida a mil 200 millas náuticas de Portugal, también de manera incruenta.
Lo anterior refuerza la percepción de que las tropas estadunidenses desplegadas en torno a ambas costas de Sudamérica no persiguen objetivos policíacos, sino geopolíticos; en primer lugar, el derrocamiento del presidente venezolano, Nicolás Maduro, por quien Washington ofrece una recompensa de 50 millones de dólares, como si se tratase de un capo del narcotráfico. En este contexto, es necesario tomar con seriedad las denuncias del Ejecutivo de Colombia, Gustavo Petro, quien acusa al trumpismo de fraguar un plan para encarcelarlo a instancias de un senador republicano de origen colombiano. Si bien de momento no parece haber planes concretos en ese sentido, ninguna atrocidad puede descartarse bajo el trumpismo.
LA JORNADA MX
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