Lazarillo
Luego de intentar subirle el alquiler un 300 por cien (1.650 euros), hoy era el día acordado para desahuciar de su piso en el distrito madrileño de Retiro a esta anciana de 87 años que cobra una pensión de 1.450 euros. El desahucio que había promovido un fondo buitre (démosle nombre propio, Urbagestión Desarrollo e Inversión SL, algo que no hacen la mayoría de los medios, por qué será) ha sido aplazado a última hora, como consecuencia de su resistencia y el respaldo del Sindicato de Inquilinas, hasta que se encuentre una solución habitacional que este sindicato no acepta pues respeta y defiende el derecho de Mari Carmen a vivir y morir en su piso de 60 metros cuadrados. El derecho a vivir en el ámbito memorial de lo vivido durante setenta años. Mari Carmen cruzó por primera vez el umbral de su casa el 3 de septiembre de 1956. Ella tenía 17 años y nunca más dejó ese piso. "Aquí he hecho de todo", rememora, porque siete décadas dan para toda la una vida. Incluso para una batalla legal que se alarga ya un lustro y que amenazaba con finalizar hoy. "Si me van a cortar el cuello, será luchando, no sentada en una butaca o marchándome por la noche con una maleta. No aguanto más los acosos", advierte. Desde el principio. Los padres de Maricarmen alquilaron la vivienda en 1956. "Mi papá fue quien firmó el contrato, porque la firma de las mujeres no tenía ningún valor. Por desgracia, murió joven, en el año 60. Mi mamá se subrogó y seguimos viviendo aquí sin ningún problema", explica la mujer. En aquella época, los contratos de alquiler eran vitalicios e, incluso, podían ser heredados por el cónyuge y los sucesores que viviesen en el mismo domicilio. En 1985, el entonces ministro de Economía Miguel Boyer decretó el fin de esta garantía para los nuevos contratos. Una decisión que hoy explica, en parte, la inseguridad habitacional a la que viven expuestas miles de familias, pendientes de la renovación de sus alquileres y de la voluntad de sus propietarios.
DdA, XXI/6149
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