Mahmoud Khalil
Mi nombre es Mahmoud Khalil y soy un preso político. Escribo esta carta desde un centro de detención en Luisiana, donde me despierto con el frío de las mañanas y me paso días interminables siendo testigo de las injusticias sigilosas que se cometen contra tantas y tantas personas excluidas de toda protección legal.
¿Quién tiene derecho a tener derechos? Desde luego, los seres humanos hacinados en estas celdas no. No el hombre senegalés que conocí y que había sido privado de su libertad durante un año, mientras su situación legal estaba en el limbo y su familia al otro lado del océano. No el detenido de 21 años que conocí, que pisó por primera vez este país cuando tenía nueve y lo deportaron de inmediato sin siquiera concederle una audiencia.
El 8 de marzo fui detenido por unos agentes de inmigración que se negaron a mostrarme una orden judicial y nos abordaron a mi mujer y a mí cuando volvíamos de cenar. A estas alturas, las grabaciones de esa noche ya se han divulgado públicamente. Ni siquiera me dio tiempo a entender qué estaba pasando; los agentes me esposaron y me metieron en un coche camuflado. Entonces, lo único que me preocupaba era la seguridad de Noor. No tenía ni idea de si a ella también la habían llevado, pero habían amenazado con hacerlo porque no se separaba de mí. Estuve horas sin que me brindasen ningún tipo de información; no estaba al tanto ni de la causa de mi arresto ni de si existía una orden de deportación inmediata. En el edificio gubernamental situado en 26 Federal Plaza, tuve que dormir acostado sobre el suelo frío. De madrugada, unos agentes me trasladaron a otro edificio en Elizabeth, Nueva Jersey, donde también me acosté en el suelo sin nada para taparme, a pesar de haber pedido una manta.
Mi arresto fue una consecuencia directa de ejercer el derecho a la libertad de expresión para defender una Palestina libre y exigir el fin del genocidio en Gaza, que se reanudó con fuerza el lunes por la noche. Ahora que se ha roto el acuerdo de cese al fuego establecido el pasado enero, los padres en Gaza vuelven a acunar sudarios demasiado pequeños y las familias se ven obligadas a sopesar la hambruna y el desplazamiento para evitar las bombas. Tenemos la obligación moral de seguir luchando por su libertad total.
Las directoras Shafik y Armstrong y la decana Dean Yarhi-Milo son responsables de haber allanado el terreno para que el Gobierno estadounidense me atacase arbitrariamente, al disciplinar a los estudiantes propalestinos y permitir las campañas virales de revelación intencionada de información personal –basadas en el racismo y la desinformación– sin someterlas a ningún tipo de control.
Nací en un campo de refugiados palestinos en Siria. Mi familia fue desplazada de sus tierras por la Nakba de 1948. Pasé mi juventud cerca, aunque lejos, de mi tierra natal, si bien ser palestino es una experiencia que trasciende las fronteras. En mi situación actual percibo similitudes con el uso que Israel hace de la detención administrativa –el encarcelamiento sin juicio ni acusación formal– para despojar al pueblo palestino de sus derechos. Pienso en nuestro amigo Omar Khatib, quien, volviendo a casa de un viaje, fue encarcelado por las fuerzas israelíes sin presentar cargos contra él ni procesarlo. Pienso en el doctor Hussam Abu Safiya, pediatra y director del Hospital de Gaza, secuestrado por el ejército israelí el 27 de diciembre y a quien todavía tienen recluido en un centro de tortura. Para las personas palestinas, el encarcelamiento sin el debido proceso es moneda corriente.
Siempre he creído que mi deber iba más allá de liberarme del opresor; que también debía liberar a mis opresores de su odio y su miedo. Mi detención injusta evidencia el racismo antipalestino que tanto la Administración de Biden como la Administración de Trump han demostrado en los últimos 16 meses, período durante el cual Estados Unidos ha suministrado armas a Israel para matar a la población palestina y ha frenado la intervención internacional. A lo largo de décadas, el racismo antipalestino ha impulsado iniciativas para ampliar el uso de las leyes y las prácticas estadounidenses que se aplican con el fin de reprimir de forma violenta a la comunidad palestina o árabe–estadounidense, entre otras. Precisamente por eso me están atacando a mí.
Mientras espero las resoluciones judiciales que determinarán el futuro incierto de mi mujer y nuestro bebé, quienes permitieron que me volviese un blanco de ataque permanecen cómodamente en la Universidad de Columbia. Las directoras Shafik y Armstrong y la decana Dean Yarhi-Milo son responsables de haber allanado el terreno para que el Gobierno estadounidense me atacase arbitrariamente, al disciplinar a los estudiantes propalestinos y permitir las campañas virales de revelación intencionada de información personal –basadas en el racismo y la desinformación– sin someterlas a ningún tipo de control.
Me he convertido en un objetivo de la Universidad de Columbia por mi activismo. Han creado una oficina de disciplina autoritaria para sortear el debido proceso y silenciar a los estudiantes que critican a Israel; se han doblegado a la presión de las autoridades federales al revelar los expedientes del alumnado al Congreso y han sucumbido a las últimas amenazas del Gabinete de Trump. Mi arresto, la expulsión de al menos 22 alumnos de la universidad –entre quienes hubo estudiantes a los que les arrebataron sus títulos de grado apenas unas semanas antes de la graduación– y la expulsión de Grant Miner, dirigente del sindicato Student Workers of Columbia en la víspera de las negociaciones contractuales, son claros ejemplos de ello.
Si algo prueba mi detención es la potencia del movimiento estudiantil a la hora de convencer a la opinión pública de que apoye la liberación palestina. Los estudiantes llevan mucho tiempo liderando el cambio: los hemos visto al frente de las manifestaciones contra la Guerra de Vietnam, del movimiento por los derechos civiles y de la lucha contra el apartheid en Sudáfrica. Incluso hoy en día, aunque el público todavía no lo haya captado, son los estudiantes quienes nos guían hacia la verdad y la justicia.
La Administración de Trump me persigue como parte de una estrategia más amplia que tiene como objetivo acallar las opiniones disidentes. Tanto las personas titulares de un visado o un permiso de trabajo como quienes tengan la ciudadanía serán blancos de ataque por su ideología política. En las próximas semanas, los estudiantes, los defensores de derechos y los cargos públicos deben unirse para defender el derecho a protestar por Palestina. Nuestras voces están en juego, pero también las libertades civiles fundamentales de todos.
Soy plenamente consciente de que el presente trasciende mis circunstancias individuales; con todo, espero estar libre para presenciar el nacimiento de mi primer bebé.
CTXT
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