miércoles, 22 de enero de 2025

UNA FILTRACIÓN ILEGAL QUE MUESTRA UNA VIOLACIÓN DE LA LEY DE ENJUICIAMIENTO

Si tal como se afirma en el artículo de Diario Red, la filtración de las declaraciones ante el juez de una presunta víctima de agresión sexual son ilegales porque suponen su revictimización de la denunciante, lo que ha ocurrido con Elisa Mouliaá y el juez encargado de su caso es que esa revictimización se ha incrementado notablemente por lo que el editorial entiende como violación por parte del magistrado de un artículo de la ley de enjuiciamiento criminal, que no es una excepción sino la norma en los casos denunciados de agresiones sexuales contra mujeres. De ahí que el porcentaje en el número de denuncias sea mínimo en relación con las que ocurren. "Quizás -leemos- si el PSOE no hubiese pactado con el PP para darle la razón a los jueces más reaccionarios y quitar el consentimiento del centro del Código Penal, quizás entonces el juez Adolfo Carretero se habría comportado un poco y no se habría atrevido a hacerle lo que le hizo a Elisa Mouliaá". Este Lazarillo suscribe lo que al respecto comenta el escritor Manuel Rico acerca del silencio del Consejo General del Poder Judicial: "Ante la suma de atropellos, acusaciones veladas, tonos intolerantes cargados de ira, arranques de machismo ibérico, gritos y suposiciones gratuitas y morbosas, dedicadas a una mujer, Elisa Moulinaá, víctima y denunciante, por un juez de apellido Carretero, ¿tiene algo que decir el Consejo General del Poder Judicial? ¿Y su presidenta? ¿Y ante la filtración del vídeo, el colmo de la indignidad procedente de un juzgado y humillante para la ya humillada por el juez? Víctima y apaleada emocionalmente por quien tiene que defenderla. Una Justicia que más que respeto produce bochorno y vergüenza".


EDITORIAL

A principios de esta semana, estallaba como una bomba la publicación de los vídeos filtrados de las declaraciones de Elisa Mouliaá y de Íñigo Errejón en el juzgado de instrucción número 47 de Madrid como parte del procedimiento en el que el exportavoz de Sumar está acusado de agredir sexualmente a la presentadora y actriz. La onda expansiva y las esquirlas de la explosión saltaron en todas las direcciones y todo el mundo pudo comprobar, en formato audiovisual —el más poderoso de los formatos—, la cantidad de cosas que están rotas en España.

En primer lugar, la propia filtración de las declaraciones. Por un lado, porque estamos hablando de una acción ilegal que puede conllevar multas de hasta 60.000 euros en aplicación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y, sin embargo, uno no puede evitar pensar que, en este caso, no va a pasar absolutamente nada. En los últimos meses, hemos visto la filtración de las declaraciones íntegras nada menos que ante el Tribunal Supremo de Koldo García, José Luis Ábalos y Víctor de Aldama. Pero no hemos visto, en cambio, ni 20 segundos de la declaración de Miguel Angel Rodríguez, ni la vamos a ver. Cuando comparezca por fin la pareja de Ayuso, cualquiera puede imaginar que se va a aplicar la misma operativa y no va a existir contenido audiovisual de su declaración que puedan difundir los medios de comunicación. Sin embargo, cuando se trata de los adversarios políticos de la derecha o de una víctima de violencia sexual, no tenemos que esperar más que unos pocos días para tener acceso a las imágenes. Por supuesto, aunque se haya imputado por primera vez en la historia de la democracia a un Fiscal General por filtrar información, nada hace esperar que ninguna institución pública vaya a investigar la filtración de los vídeos del juez Adolfo Carretero interrogando a Elisa Mouliaá e Íñigo Errejón. Que todo esto sea tan evidente y que prácticamente todo el mundo lo haya naturalizado con resignación significa que la "justicia" no es ni imparcial ni igual para todos y que nadie espera que lo sea.

Como agravante de todo esto, cabe destacar que la filtración de la testifical de una víctima de violencia sexual, además de ilegal, supone una revictimización violenta, cruel e inaceptable. La propia Ley de Enjuiciamiento Criminal fue modificada por la Ley Orgánica de Garantía de la Libertad Sexual, la ley del Sí es Sí, para proteger la imagen de las víctimas de los delitos de violencia sexual y  los datos que puedan facilitar su identificación de forma directa o indirecta, Por eso, ni en Canal Red ni en Diario Red hemos reproducido los vídeos ni entendemos por qué algunos medios supuestamente progresistas han decidido hacer lo contrario. Que sea necesario señalar esto y hacer esta puntualización significa que algo está muy roto también en la deontología periodística de nuestro país, de izquierda a derecha del ecosistema mediático.

En tercer lugar, incluso el más antifeminista de los antifeministas fue capaz de comprobar en los vídeos filtrados que el juez Carretero no solamente alberga ideas machistas sino que, además, permite que su machismo contamine hasta límites insoportables su ejercicio profesionalComo han detallado numerosas periodistas en las últimas horas, el interrogatorio que el togado lleva a cabo contra Elisa Mouliaá es repugnante y merecedor del máximo de los desprecios. En violación del artículo 436 de la LECrim, lejos de permitir a la testigo "narrar sin interrupción los hechos y solamente exigirle las explicaciones complementarias que sean conducentes a desvanecer los conceptos oscuros o contradictorios", Adolfo Carretero se dedicó —ahora, ante los ojos de toda España— a cuestionar de forma violenta y maleducada permanentemente a Elisa Mouliaá, no solamente interrumpiéndola para que no pudiera acabar ni una sola de las frases sino, además, haciendo valoraciones, dudando todo el tiempo de su palabra, y hasta profiriendo expresiones sexuales nauseabundas que ni siquiera serían aceptables en la barra de un antro nocturno. Por otro lado, su interrogatorio a Errejón se produjo en un código narrativo completamente diferente, casi de complicidad: estuvo plagado de ofrecimientos varios de justificaciones al acusado y hasta expresiones de camaradería. La operativa flagrantemente machista del juez, además de confirmar —con la fuerza de un puñetazo en el estómago— las insistentes demandas del movimiento feminista de la necesidad de extirpar el machismo estructural que infecta el sistema judicial, hace imposible imaginar una toma de decisiones conducente a proteger la libertad sexual de la víctima por parte del instructor. Aunque a la mayoría de los jueces les moleste que se informe sobre su ideología, el caso del juez Carretero hace evidente que dicha información supone un servicio público, en tanto que es indispensable para explicar el sentido de sus pesquisas, sus autos, sus decisiones y sus sentencias.

Este hecho, a su vez, pone un intenso foco de luz en la tremenda irresponsabilidad de aquellos que —como la ministra de igualdad del PSOE, que pasa del silencio al tweet desafortunado, y vuelta al silencio— repiten incesantemente que lo que tienen que hacer las mujeres es denunciar ante la justicia. Cualquier mujer que tenga una mínima experiencia con los procedimientos judiciales relacionados con la violencia sexual sabe perfectamente que Adolfo Carretero, lejos de ser una excepción, es más bien la norma. Por ello, el hecho de que la Ley Solo Sí es Sí reconozca diferentes formas de reconocimiento y atención a las víctimas sin necesidad de que exista una denuncia es algo tan importante y, por eso también, no es ni responsable ni decente imponer sobre las mujeres la exigencia aplastante de acudir a los juzgados antes de que el machismo que allí campa a sus anchas sea definitivamente extirpado. Ese discurso viejo, peligroso y victimizante es otra de las cosas que están rotas y que han saltado a la cara de muchos en las últimas horas.

Finalmente, cabe destacar la aparición entre los sectores de la progresía mediática y política de muchas voces que ven perfectamente claro el desempeño machista e ilegal del juez Carretero con Elisa Mouliaá y ponen el grito en el cielo, pero que, sin embargo, cuando los magistrados se dedicaron a rebajar la pena a decenas de violadores después de la aprobación de la Ley Solo Sí es Sí y a hacerlo contra la práctica habitual, contra la jurisprudencia y contra el espíritu de la ley, argumentaron que el problema no podía estar en los jueces —dado que estos simplemente se dedican a aplicar mecánicamente el derecho, sin ningún tipo de sesgo ideológico— y que estábamos asistiendo en cambio, una ley mal hecha. Los mismos jueces machistas que decían que había 'jolgorio' en la víctima de 'la Manada' y que ahora ejercen la violencia judicial contra Elisa Mouliaá estaban entonces en sus puestos, pero, como interesaba acabar con Irene Montero y con Podemos, lo que tocó en aquella época fue negar taxativamente el machismo de los señores magistrados y poner contadores de violadores beneficiados en la televisión de Ferreras. Quizás, si toda esa progresía que renunció a proteger a las mujeres contra la violencia sexual porque eso no le convenía para avanzar sus posiciones políticas hubiese argumentado entonces con rigor, con decencia y con la verdad por delante, si hubieran acuerpado a las feministas en esa agresiva reacción patriarcal y de violencia política con Montero como diana, quizás si el PSOE no hubiese pactado con el PP para darle la razón a los jueces más reaccionarios y quitar el consentimiento del centro del Código Penal, quizás entonces el juez Adolfo Carretero se habría comportado un poco y no se habría atrevido a hacerle lo que le hizo a Elisa Mouliaá.

DIARIO RED  DdA, XXI/5.887

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