El fundador y director de la revista Atlántica XXII nos debía este artículo desde que la publicación no tuvo más remedio que echar el cierre hace unos cuantos años. Parte de las razones para que esto ocurriera, después de una década de resistencia haciendo el periodismo más digno y profesional que se editó y publicó en Asturias, las explica Cándano en el siguiente texto, al que este Lazarillo no tiene nada que objetar. Pero para que el periodismo crítico e independiente que la revista protagonizó no se fuera a pique, también era necesario un sector de la sociedad -por reducido que fuera- que apostara por lo que ahora viene a representar Nortes, que también hace frente a los mismos problemas que acabaron con Altántica XXII, en donde tuve el gusto de colaborar. ¿Se repetirá la historia? ¿Se seguirá conformando y amuermando la progresía asturiana con la desprestigiada y servil prensa convencional, sin que brote un impulso sólido de respaldo económico a los que se suelen llamar medios alternativos, siendo como son los únicos capaces de hacernos creer todavía en una profesionalidad periodística sin servidumbres? "Que el Estado mantenga los fondos de reptiles a través de la publicidad institucional -escribe Xuan Cándano-, con total opacidad y falta de transparencia, es absolutamente intolerable".
Xuan Cándano
En el primer número que salió a la calle de Atlántica XXII en 2009 se anunciaba una importante empresa asturiana del sector comercial. Cuando con el segundo la responsable de publicidad le propuso que repitiera la inserción de un anuncio el dueño fue sincero:
– La revista me encanta, a partir de ahora me haré suscriptor. Pero, por favor, no me pidáis que nos volvamos a anunciar. Tengo compromisos y relación con las administraciones, tenéis que entenderlo.
Como director de aquella publicación que se montó sin empresa, solo con la aportación económica desinteresada de más de una docena de ciudadanos, porque no apareció editor alguno interesado en apostar por un periodismo independiente y valiente, viví muchas historias parecidas. Ni el banco en el que teníamos el dinero se quería anunciar. Cuando cambiamos de entidad hubo publicidad del nuevo banco hasta que la retiró por una información que no era de su gusto, aunque no la quiso identificar. La emisora de radio en la que, mediante un intercambio, se anunciaba la salida de cada número también cortó abruptamente la relación por las presiones y la retirada de publicidad que padecía por los contenidos de la revista.
Hablé con múltiples agencias y profesionales de la publicidad. Todas alababan la calidad del medio, del que eran lectores y hasta entusiastas seguidores. Pero ninguna, ni agencia ni persona, aceptó una relación profesional por el compromiso que supondría ante sus grandes clientes. Una vez, en una de esas citas, con un viejo conocido, me comentó el escándalo que había supuesto entre los grandes empresarios asturianos un reportaje en el que se contaba que en una mediana superficie, con condiciones laborales lamentables, no se había dejado de trabajar ni de atender a los clientes tras la muerte súbita de una cajera.
Con la publicidad institucional, la pública, la suerte era la misma y su ausencia arrastraba a la privada. En mayo de 2016, en el número 44 de la revista, la portada y el tema central se dedicó a la publicidad institucional en Asturies, de la que Atlántica XXII recibía una cantidad irrisoria de dinero. Pocos reportajes fueron tan dificultosos por la opacidad que rodea a estas partidas en todas las administraciones. Se contaba que, entre el Principado y los ayuntamientos, se repartían unos 15 millones de euros anuales.
Atlántica XXII tuvo éxito en el mercado y muchos suscriptores, pero nunca pudo formar una empresa convencional, dando trabajo estable a periodistas y otros profesionales, por este boicot de la publicidad institucional, del que la privada hacía seguimiento. La revista resistió pese a ello diez años, una heroicidad que demuestra la falacia del libre mercado. En el mundo de la comunicación se puede tener éxito con un producto que funciona en el mercado, pero estará siempre condenado a la falta de rentabilidad por sus contenidos, por mucha calidad que oferten. Ni mercado ni libre, hablamos de un sector intervenido.
Estamos aludiendo al ejemplo de un medio pequeño, pero la dependencia en los grandes del capital privado y las ayudas públicas es la misma, aunque en su caso se favorecen de ellas a costa de los pequeños. Lo cuenta, basándose en su experiencia como director de El Mundo, el periodista David Jiménez en un libro publicado en 2019. “El director” alude a lo que denomina su autor “Los Acuerdos”, compromisos no escritos con las grandes corporaciones, bancos y multinacionales para repartir cantidades millonarias de dinero entre los medios afines, que en muchos casos perviven por ellas.
El control político de los medios de comunicación es algo consustancial al Estado moderno desde su aparición. En sus cloacas se manejan grandes cantidades de dinero destinadas a tapar bocas o a airear a otras que defienden sus intereses inconfesables. Sus fondos son reservados, cuando se refieren a partidas secretas como las que recibían los terroristas del GAL o Bárbara Rey para comprar su silencio. Y públicos, a través de la publicidad institucional, cuando se usan para financiar a grandes medios afines capaces de condicionar a la opinión pública. Son los herederos de los decimonónicos “fondos de reptiles”, llamados así por la justificación que Otto Von Bismarck dio en 1866 al empleo de la fortuna incautada a Jorge V tras la guerra entre Prusia y Austria: Utilizaré su dinero para perseguir a esos reptiles malignos hasta sus propias cuevas.
Que el gran capital financie a medios afines, incluso que impulse a un partido político, como hizo con Ciudadanos porque necesitaba “un Podemos de derechas”, como dijo el presidente del Banco Sabadell, Josep Oliu, es natural y lícito si lo hace respetando la legalidad. Pero que el Estado mantenga los fondos de reptiles a través de la publicidad institucional, con total opacidad y falta de transparencia, es absolutamente intolerable. También un grave problema democrático que limita la libertad de expresión y es causa directa de la falta de credibilidad de los medios de comunicación por falta de independencia. Las falsedades y campañas de intoxicación tienen su hueco y una gran influencia a través de Internet aprovechando ese descrédito, por el que pagan justos por pecadores, porque también hay muchos medios y periodistas con decencia, calidad y profesionalidad, como ha ocurrido siempre.
Entre las medidas que ha anunciado en su Plan de Regeneración el presidente Pedro Sánchez citó la actualización de la Ley de la Publicidad Institucional de 2005. Es su intención, según dice, limitar la financiación que las administraciones pueden dedicar a los medios para que no los haya “que tengan más financiadores públicos que lectores”. Sus enemigos acusan a Sánchez de mentir, pero aquí no encontrarán motivo, porque eso es absolutamente cierto. Hay medios sin lectores que solo sobreviven por su financiación pública, al igual que hay otros, como este en el que escribo y que usted lee ahora como otras muchas personas, totalmente ninguneado en el reparto de la publicidad institucional, lo que limita su crecimiento y cuestiona su propia supervivencia.
Hay una ley estatal de Transparencia, pero conocer con rigor el reparto de la publicidad institucional es una tarea imposible que se oculta en un oscuro laberinto de administraciones, la estatal, las autonómicas y las locales. Además siempre con una ocultación interesada, partidas camufladas y patrocinios en los que se confunde la información y la propaganda. En realidad, fondos reservados y de reptiles se confunden, al fin y al cabo el que pone la pasta es el mismo, el Estado, que no es de todos, sino de los más poderosos. Y sigue persiguiendo a los “malignos” hasta sus propias cuevas. Que ahí sigan resistiendo algunos, entre tinieblas, no deja de ser un verdadero milagro que te reconcilia a menudo con el periodismo.
NORTES DdA, XX/5.803
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