CASTILLA Y LEON TV O CÓMO EL PODER PÚBLICO SOSTIENE EL NEGOCIO MEDIÁTICO PRIVADO

Residente en esta originalmente forzada Comunidad desde hace muchos años, este Lazarillo confiesa no poder soportar los informativos que se ofrecen por este medio de comunicación por su descarada parcialidad a favor del gobierno que financia CYLTV. En cuanto a la programación, tanto en La 7, de carácter autonómico, como en La 8, de carácter provincial, no creo que se pueda superar la mediocridad y hasta la zafiedad de las propuestas emitidas como la falta de profesionalidad de quienes presentan los programas. Da mucha vergüenza comprobarlo, así que mejor ignorar el destino de las subvenciones que con dinero público se destina a la empresa Radio Televisión de Castilla y León. 

Miguel Ángel Llamas

Hace unas semanas, la Junta de Castilla y León concedió una subvención directa a la empresa Radio Televisión de Castilla y León, S. A. por importe de 21 388 395 €. El año anterior, en fechas similares, la subvención ascendió a 20 235 000 €, una cifra que meses después, en virtud de su actualización con arreglo al índice de precios al consumo interanual, se vio generosamente incrementada en 1 153 395 €. Así se financia, cada año, la televisión autonómica de Castilla y León, una comunidad autónoma en la que gobierna el Partido Popular desde 1987 (ahora en coalición con Vox).

¿Cómo es posible que la Junta de Castilla y León riegue con decenas de millones de euros a una empresa privada? En los últimos años parece haber aumentado la conciencia ciudadana sobre la relevancia del poder mediático. Cada vez más gente sabe que lo que piensa y vota la ciudadanía tiene mucho que ver con lo que cuentan y silencian los medios de comunicación, que son instrumentos de parte en manos de grandes empresas y patrimonios. Pero, quizás, falta profundizar en la comprensión de cómo se articula el poder mediático en los niveles autonómico y local, donde la connivencia del poder institucional es todavía mayor. El caso de Castilla y León Televisión es un ejemplo paradigmático de cómo el poder público contribuye, de manera destacada, a sostener el negocio privado de la comunicación.

En los niveles autonómico y local se aprecia más si cabe la relación bidireccional entre el poder institucional y el poder mediático: a través de la publicidad institucional, pero también de otras subvenciones y operaciones de diverso tipo, el poder público facilita la consolidación de un poder mediático afín, al mismo tiempo que este poder privado captura al poder público a través de diversos mecanismos, tales como el tratamiento periodístico, la diversificación multimedia o la acción entrelazada en el sector de la construcción. La corrupción mediática de los contenidos que vemos, escuchamos y leemos es consecuencia de una perversa imbricación entre instituciones públicas y empresas privadas. Aunque, también hay que tenerlo presente, el poder mediático no se democratizaría con la mera ausencia de decisiones públicas.

Profundicemos en nuestro ejemplo. Castilla y León tiene dos canales de televisión de ámbito autonómico: La 7, netamente autonómica, y La 8, con desconexiones provinciales. Estos canales fueron adjudicados conjuntamente en el año 2009 a la empresa privada Radio Televisión de Castilla y León, S. A. El accionariado de esta sociedad está repartido al 50% entre dos grandes grupos empresariales: de un lado, Edigrup Producciones TV, S. A.; de otro, Promecal Audiovisuales S. L. El primer grupo es titular, al menos parcialmente, de esRadio Castilla y León y de varios diarios (Diario de León, Diario de Valladolid, Diario de Castilla y León - El Mundo, El Correo de Burgos y el Heraldo-Diario de Soria). Por su parte, Promecal participa en la propiedad de varios medios, como la Agencia ICAL y otros diarios (Diario de Ávila, Diario de Burgos, Diario Palentino, etc.). Sin perjuicio de las numerosas sociedades que conforman cada grupo, es sabido que, históricamente, Promecal está en manos de Antonio Miguel Méndez Pozo, mientras que Edigrup era controlado por José Luis Ulibarri, ambos empresarios del sector de la construcción salpicados por más de un escándalo de corrupción. El poder en los pequeños y medianos municipios no se entiende sin la capacidad de influencia de determinados empresarios y sus diarios locales.

Pero ¿qué ocurrió para que una televisión autonómica quedara en manos de estos empresarios? En puridad, se trata de una privatización fraudulenta. Castilla y León formalmente no tiene una televisión pública autonómica, pero sí materialmente. En 2008, la Junta de Castilla y León anunció la licitación para la adjudicación, mediante procedimiento abierto, de la concesión conjunta de dos canales digitales para la explotación de ámbito autonómico en la Comunidad de Castilla y León, siendo Radio Televisión de Castilla y León, S. A. la empresa adjudicataria.

El equilibrio económico del contrato público era el siguiente: gratuitamente, una empresa se hace con dos canales de televisión que puede rentabilizar económicamente (publicidad); a cambio, en los canales tienen que emitirse contenidos propios de interés público para Castilla y León. El dato más importante del contrato es que la Junta de Castilla y León no tenía que pagar ni un euro a la empresa adjudicataria. Sin embargo, pocos meses después, la Junta de Castilla y León comenzó a dar cantidades millonarias a la empresa mediante subvenciones de concesión directa, sin concurrencia, por “razones de interés público”.

Continuará en DIARIO RED  DdA, XX/5.741