DEL EDITORIAL DE DIARIO RED
Aunque la mentira nunca ha sido ajena a la operativa de los grandes medios de comunicación, la enorme dimensión de la intoxicación después del 11M, la duración en el tiempo de dicha campaña, el número de medios implicados, la relevancia de los supuestos periodistas que la lideraron y la gravedad de los hechos sobre los cuales estaban aplicando la manipulación, constituyeron sin duda un hito fundacional en la historia de la corrupción periodística en España e inauguraron una nueva época en la comunicación que sitúa los «hechos alternativos» —es decir, las fake news— como un arma habitual para hacer política desde la derecha y la extrema derecha (y, lamentablemente, no solo desde ahí). La teoría de la conspiración sobre el 11M fue un precedente significativo y una pista de aterrizaje para que, una década después, y esta vez con ayuda de determinados jueces corruptos, se pudiera lanzar de una forma eficaz —y acompañada incluso por una parte de la progresía mediática— la campaña más brutal de difamación sobre un partido político que hemos vivido en democracia. El audio de Antonio García Ferreras confesando a Villarejo que ya sabía que lo que le estaba pasando Eduardo Inda sobre Podemos era «demasiado burdo», pero igualmente «fue con ello» no habría sido posible si 10 años antes El Mundo no hubiese convertido un cassette de la Orquesta Mondragón en una prueba de la autoría de ETA en los atentados de Atocha.
Pero, más allá de lo que supone la teoría de la conspiración sobre el 11M en la historia de la corrupción periodística, este vigésimo aniversario de los atentados también nos deja una reflexión sobre la impunidad del poder mediático. Dos décadas después de que empezaran a propagar basura falsa sobre el mayor asesinato colectivo de compatriotas en lo que va de siglo XXI, hoy El Mundo sigue imprimiéndose, la COPE sigue emitiendo bajo la dirección de la Conferencia Episcopal, Libertad Digital sigue publicando bulos y la cadena ultraderechista de Julio Ariza sigue en el aire aunque se haya cambiado de nombre. Hoy, en 2024, Pedro J Ramírez es director de El Español y casi todos los ministros del PSOE acuden a sus fiestas, Federico Jiménez Losantos sigue insultando en prosa y en verso —ahora en esRadio— y Casimiro García Abadillo es el director de El Independiente. Que estos medios de desinformación no hayan cerrado y que estos supuestos periodistas no hayan sido completamente proscritos por parte del conjunto de la profesión no solamente es un repugnante insulto a la memoria de las víctimas —y de todo un país que lloró con ellas— veinte años después. Que estos delincuentes sigan ocupando destacadas tribunas y que los medios desde los cuales cometieron sus crímenes contra la democracia sigan abiertos deja completamente claro, además, que la corrupción periodística en España goza de la más absoluta impunidad.
DdA, XX/5581 DIARIO RED
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