Félix Población
El capitalismo de amiguetes en España tiene su "patriótica" ascendencia que, como la de la empresa Ferrovial, arranca de las primeras décadas de la dictadura. Lo de Rafael del Pino con Ferrovial empezó con su padre en los inicios de la década de los cincuenta, cuando Rafel del Pino y Moreno, cuñado de Leopoldo Calvo Sotelo y familiar del general golpista Jaime Milans del Bosch, puso la primera piedra de su empresa. No olvidemos que el de la obra pública fue uno de los monopolios de la construcción que contó en la posguerra con 400.000 presos republicanos como trabajadores forzados.
Desde entonces, ya fuera en el ominoso periodo franquista en el que Ferrovial creció, ya fuera en el régimen de 1978 al que sus gestores se adaptaron, esa empresa se ha hinchado de suscribir contratos de construcción con financiación pública. El pasado mes de julio supimos que entre las empresas sancionadas por la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) por reunirse semanalmente desde 1992 (treinta años) para repartirse las licitaciones públicas de grandes obras (hospitales, carreteras, aeropuertos..) estaba Ferrovial.
Añádase a eso la galopante expansión de esta empresa fuera de nuestras fronteras merced al
empeño puesto en ello por los representantes diplomáticos de los gobiernos que se han sucedido en España. Es así
como Rafael del Pino y Calvo Sotelo ha llegado a ser propietario, según la
revista Forbes, de la tercera mayor fortuna del país, cercana a los 4.000
millones de euros, y gozar de una retribución, como presidente de su empresa, que
supera los 5 millones.
Estos días ha sido noticia el
traslado de la sede social de Ferrovial a Holanda, con la excusa falaz de que
en aquel país existe mayor seguridad jurídica que en España, donde la inversión
extranjera ha crecido un 55 por ciento el año pasado. La verdadera razón es que
en Holanda se dan unos privilegios fiscales que la Unión Europea no debería
consentir porque, manteniendolos, permiten a empresarios como Rafael del Pino y
Calvo Sotelo decisiones como la que acaba de tomar y que debería merecer por parte
del actual gobierno algo más que comentarios crítico por parte de la vicepresidenta
primera.
No basta con reconvenir al presidente de Ferrovial por su “falta de compromiso con su país”. Lo que convendría es que a partir de ya sean las empresas con domicilio fiscal en España las que tenga prioridad para cualquiera adjudicación pública y que quienes, como Rafael del Pino, tributen fuera de nuestras fronteras obtengan allí sus contrataciones. Es lo que se merecen estos patriotas de filfa que tanto han costado y siguen costando a este país, al que no dejan de saltear al grito de ¡Arriba España!
PS. ¿Pretende el potentado presidente de Ferrovial sortear su impuesto a las grandes fortunas?
DdA, XIX/5.388
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