Jesús Maraña
Seguramente usted, como yo, no lo sabía,
pero en este país se puede ser a la vez el diputado más "rico" de la
Asamblea de Madrid y cobrar un bono de ayuda para encender la calefacción
destinado a los hogares "vulnerables". Es lo que ocurre con Enrique
Ossorio, número dos de Isabel Díaz Ayuso en el Gobierno madrileño y
además consejero de Educación y Universidades (¡todo un ejemplo a seguir!).
Hemos desvelado el disparate este miércoles en infoLibre (ver aquí), y la
noticia ha provocado una doble reacción: por una parte, el ínclito Ossorio, el
mismo que no veía "pobres" en Madrid por más que miraba a su
alrededor, el que proclamaba que los familiares de fallecidos en las
residencias ya "lo han superado", proclama que como cabeza de familia
numerosa va a seguir cobrando ese bono (ver aquí). Por
otra, la vicepresidenta Teresa Ribera ha anunciado que el
Gobierno "cambiará la regulación" del bono social eléctrico para
establecer criterios que tengan en cuenta la renta del beneficiado (ver aquí).
¡Hágase!
Lo más
preocupante del caso es la constatación de que hay gente que sigue sin entender
nada, o quizás lo entiende demasiado bien: consideran que lo público está a su
particular servicio, como si de un cortijo privado se tratara, de modo que
ellos pueden cobrar, ahorrarse dinero o multiplicar patrimonio a costa del
erario de todos, pero si son otros los que acceden al mismo, por evidente que
sea la necesidad, entonces eso se llama "paguita", un regalo
del malvado Sánchez y los socialcomunistas para ganar votos.
¿Qué se puede pensar de alguien que solicita una ayuda pública para "vulnerables" de 195 euros cuando gana al año casi 105.000? Pues discúlpenme que sea conciso: es un jeta. Es alguien que, bien por voluntad propia o por decisión de su inmediato o inmediata superior, no debería mantenerse un minuto en un cargo de servicio público. Pero claro, absurda conclusión cuando sabemos que su jefa directa es Isabel Díaz Ayuso, la que llegó a la candidatura a la presidencia de la Comunidad de Madrid pese a las fundadas sospechas de haber cometido alzamiento de bienes y de haber utilizado sus influencias para no devolver un crédito familiar de Avalmadrid que, efectivamente, jamás se devolvió y nunca ha pasado nada: más de 400.000 euros que hemos pagado entre todos los contribuyentes madrileños para no dar disgustos a la familia Ayuso (ver aquí).
Enrique
Ossorio, con todo el cuajo, ha proclamado que seguirá cobrando ese bono social
térmico porque tiene familia numerosa y cumple los requisitos. Lo que
hace Ossorio es lo que hacen los niños: repiten lo que han escuchado en
casa. Es legal, no es delito, así que p’alante, por
impresentable e inasumible que sea la actuación en términos políticos. No nos
despistemos: esa proclama la ha hecho Ossorio en la misma rueda de prensa convocada
por Ayuso para presumir de que la fiscalía anticorrupción ha archivado el caso
de la comisión cobrada por su hermano en el contrato de las mascarillas (ver aquí). No hay
delito, así que p’alante. Imagínense lo que pasaría si el hermano
de cualquier presidente o presidenta de gobierno hubiera cobrado una comisión
de más de 230.000 euros por un contrato de millón y medio de dinero público
otorgado por la administración que preside su hermana a través de una empresa
propiedad de un íntimo amigo de la infancia que sabe de mascarillas lo que yo
de física cuántica. ¿Es legal? Lo será. Pero es absolutamente deleznable desde
el punto de vista político. Pablo Casado tenía en esto toda la razón
del mundo, y eso le costó el cargo. Feijóo prefirió apostar por Ayuso
(le cueste lo que le cueste).
No lo asumen
porque no les interesa asumirlo: una cosa es la responsabilidad judicial y otra
la política. Por eso practican con enorme habilidad la técnica del ventilador o
de la coctelera en la que se mezcla y embadurna todo. Este jueves desvelamos
que otro número dos de Ayuso, en este caso en el PP de Madrid, Alfonso
Serrano, también cobra otro bono social térmico, este en una cantidad
correspondiente a la casilla de "vulnerable severo" (ver aquí). Sin
complejos y sin pudor. En la tarde del miércoles, él mismo intentó (una vez
contactado por infoLibre) una "voladura controlada"
contando en un programa de televisión que cobrar ese bono es de lo más normal.
Vamos, que el que no lo cobra es imbécil. No dijo, eso sí, lo de
"vulnerable severo", porque seguramente quedaría raro que un
dirigente del PP con unos emolumentos públicos más que dignos defendiera como
apellido ser "vulnerable severo", por muy cabeza de familia numerosa
que sea. Oiga, que son los mismos que han votado contra la subida del salario
mínimo, contra las medidas para reducir la inflación, contra la reforma
laboral… contra todo aquello que suponga una mejora de los derechos y
la calidad de vida de los más "vulnerables" de verdad. Es decir
(y dejémonos de eufemismos) de aquellos hogares que viven entre la pobreza y la
pobreza extrema.
A ellos les es
muy útil siempre encontrar un lunar en el rostro del adversario. Por eso montan
una fiesta con el vomitivo caso del Tito Berni y pretenden
compararlo nada menos que con la trama Kitchen. Y por eso se han
dado mucha prisa en denunciar que el marido de Mónica García, la
líder de Más Madrid, también percibe un bono social por familia numerosa (ver aquí).
Debería ser fácil responder que sí, que tampoco es estético ese bono,
que no tiene excusa aunque García se ha excusado, dice que "no tenía
ni idea" de que lo recibió y ha anunciado que lo devolverá, pero que no es
serio meterlo en el mismo pack: ese señor no tiene ningún cargo público, ni
mucho menos es número dos de un gobierno ni es el diputado que declara mayor
patrimonio de toda la Asamblea madrileña. Ni ha insultado, por supuesto, a los
pobres que sobreviven como pueden en la comunidad con mayor PIB de España, ni
ha ofendido a los familiares de víctimas de las residencias ni ha bromeado con
la especie de que "ese dinero lo pone Sánchez, no el gobierno de
Madrid". Otra aseveración que les retrata, a Ossorio, a Serrano y a
Ayuso: consideran que el dinero público es de quien lo gestiona, y no
de los contribuyentes. ¡Y se atreven a acusar al prójimo de comprar
votos!
Ha hecho bien
Teresa Ribera al reaccionar a la investigación de infoLibre con
el anuncio de que habrá que cambiar los criterios para la concesión del bono
social térmico. No tiene el menor sentido que no se tenga en cuenta el nivel de
renta, con o sin familia numerosa. La progresividad que la propia Constitución
establece (jamás cumplida del todo ni mucho menos) en el terreno fiscal debe
valer para todo lo que se refiera a subvenciones o ayudas públicas: tanto
ganas, tanto pagas; tanto tienes, tanto derecho te asiste para acceder a fondos
públicos.
Basta ya de jetas, se llamen Tito Berni, Ossorio, Serrano o como demonios se llame quien sigue tomando por imbécil a la ciudadanía. Y, para librarnos de ellos, tengamos presente esa máxima que el filósofo e investigador Daniel Innerarity recuerda en su último ensayo: "un sociedad está bien gobernada cuando resiste el paso de malos gobernantes". Reforcemos las instituciones, los controles, los filtros, la normativa, la vigilancia... Porque la democracia sobrevive "si la propia inteligencia del sistema compensa la mediocridad de los actores y la ineptitud e incluso maldad de muchos de sus dirigentes" (La libertad democrática, pág. 28). Hágase no, hagámoslo.
InfoLIbre DdA, XIX/5.400
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