LA TOGA AUTORITARIA
Cortés Avellano
El gobierno pretende una reforma del Poder Judicial a causa del bloqueo del PP por cuatro años del CGPJ. Cuatro años lleva incumpliendo el PP la Constitución y manteniendo artificialmente una mayoría en el CGPJ. Para acabar con esta anomalía, el Gobierno llevaba a votación al congreso de los Diputados una reforma del Poder Judicial, donde se incluía la rebaja del delito de sedición, y una reforma (vía enmienda) de la Ley del Poder Judicial y la del Tribunal Constitucional para forzar la renovación del órgano. La reforma se aprobó por mayoría absoluta; 184 votos a favor.
El PP interpuso un recurso al TC para que la votación no se llevara a cabo, pretendiendo que el alto Tribunal dictara medidas cautelares. Este jueves pasado el TC se reunió de urgencia (algo inaudito) para dilucidar si admitía el recurso del PP para parar la reforma que busca renovar el tribunal
El presidente del Tribunal Constitucional (TC), Pedro González-Trevijano, convocó un Pleno extraordinario para el jueves a las 10 horas para decidir si se admitía a trámite el recurso del PP donde pide paralizar de forma cautelarísima la tramitación parlamentaria de las enmiendas por las que se modifica el sistema de elección y llegada al TC de los dos candidatos nominados por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a fin de superar la parálisis actual.
Unidas Podemos pidió la recusación del presidente del Tribunal Constitucional y de otro magistrado con mandato caducado
Además, Unidas Podemos pide en su escrito de personación poder ser oídos y, además, presentan un incidente de recusación, quieren que el presidente González-Trevijano y el magistrado Antonio Narváez, con mandatos vencidos el pasado 12 de junio, tienen interés directo en el pleito porque si se aprueba la reforma el próximo 22 de diciembre, al día siguiente, al aparecer en el BOE, entra en vigor el nombramiento de los dos magistrados sustitutos nombrados por el Gobierno (Juan Carlos Campo y Laura Díez, respectivamente). En cambio, si se suspende la tramitación de la nueva ley, podrían seguir indefinidamente en sus puestos. Por tanto: hay causa de recusación del articulo 219 número 10 de la ley Orgánica del Poder Judicial. Leer más...👈
Resulta irónico, los que tienen que decidir si tumbar una reforma que les impediría continuar en su cargo caducado, son los que tienen el mandato caducado. Algo totalmente ilegítimo. Tampoco es muy normal que el TC impida una votación en el Congreso de los diputados para impedir que una ley, o reforma de ley, pueda tramitarse.
En 2012 Cristobal Montoro aprobó una amnistía fiscal y en 2017 el Tribunal Constitucional tumbó dicha amnistía:
El Tribunal reconoce que el Gobierno favoreció a los defraudadores. En el futuro no se podrán hacer amnistías para corregir el déficit. Montoro comparecerá en el Congreso. Leer más...👈
Así es como funciona el TC, tarda mucho tiempo en resolver los recursos. El TC ha dilatado sin causa justificada definirse ante el recurso y la medida cautelar del diputado de Unidas Podemos Alberto Rodríguez, al que Meritxel Batet decidió quedarle sin escaño.
Se ha cumplido un año desde que la presidenta del Congreso privó de su escaño al político de Unidas Podemos y de sus derechos a 60.000 canarios que le eligieron. Leer más...👈
En este caso el TC ha tardado horas en pronunciarse. Algo inaudito. Sobre todo que el TC quiera tumbar una reforma legal en tiempo record antes de que esta aparezca en el BOE, Pero el recurso sigue adelante y este lunes decidirán que hacer con la petición del PP. Si es aceptado, la reforma sería tumbada antes de ser aprobada.
La reforma del Gobierno podrá gustar poco o muy poco (como rebajar las condenas a futuros chorizos de guante blanco), pero entra dentro de las atribuciones del Poder legislativo. Lo que no entra dentro de las funciones del Tribunal Constitucional es impedir una votación en el Congreso de los Diputados, ni mucho menos tumbar la aprobación de una reforma antes de que esta aparezca en el BOE. El problema para los togados del Constitucional con el mandato caducado, es que una vez que aparezca la reforma en el BOE se quedan sin su puesto en el TC y sin el jugoso sueldo del que disponen, y sobre todo sin la gran influencia a la que están acostumbrados a ejercer. Es decir, pierden grandes privilegios y prefieren mantener una mayoría conservadora, para que la política sea de derechas, a pesar del resultado de las urnas. Por ahí van los tiros.
La bancada progresista ha tildado de golpe de Estado la postura del PP y de los jueces del TC. Eso mismo han hecho con Pedro Sánchez al tildarlo de dictador: “Sánchez está dando un autogolpe a la democracia española desde el poder, desde el Gobierno de España. Y Sánchez ya no es un presidente del gobierno, es un aprendiz de dictador al que tenemos, con fuerza, que pararle los pies democráticamente” (Inés Arrimadas).
Es obvio que los togados no están dando un golpe de Estado tal y como lo conocemos. Existe un término anglosajón para denominar la postura del TC, Lawfare, o guerra jurídica. Tejero quiso callar al Parlamento con las pistolas, los togados quieren callar a parte del Parlamento con las leyes. Porque a la otra parte, la conservadora, si le está dando voz.
En las tertulias televisivas estaban comparando lo ocurrido estos días con el procés, y ni que decir tiene que no es ni por asomo parecido. No es lo mismo una declaración de independencia que una reforma legal, pero los tertulianos saben sacarle mucho partido a cualquier situación.
Para resumir rapidamente lo que está sucediendo, nos quedamos con esta frase de un largo artículo de Pablo iglesias: "Es inaceptable que llevemos ya tres años de legislatura y se haya permitido al Partido Popular seguir controlando ilegítimamente poderes clave que la ciudadanía no les dio en las urnas". (Ara...👈)
Viñeta de Berardo Bergara. Fuente, elDiario.es...👈
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