VIEJOS Y ÁRBOLES: ¿PARA QUÉ COMISIONES DE INVESTIGACIÓN?

Félix Población

Casi 26.000 ancianos fallecieron en las residencias de Castilla y León en 2020 como consecuencia de la epidemia de Covid-19, sin que, como ocurre también en la mayoría de las comunidades autónomas españoles, el gobierno de coalición del Partido Popular con la extrema derecha se avenga a realizar una comisión de investigación que indague en la gestión llevada a cabo en esos centros. Castilla y León fue la cuarta comunidad del país con mayor exceso de mortalidad de dependientes por Covid-19.

Lo vivido en el interior de los mismos solo lo saben o lo suponen los familiares de las víctimas, abandonados también a su suerte a la hora de exigir responsabilidades por lo ocurrido. Desde entonces, poco se está haciendo para que las residencias de nuestros mayores dejen de ser primordialmente un pingüe negocio en manos de las empresas multinacionales que las administran en su mayoría. Podría darse el caso, por lo tanto, de que si se produjera cualquier tipo de nueva pandemia en el futuro, la cobertura para preservar la salud de los ancianos, tanto en la sanidad pública como en las residencias, se vuelva a saldar con cifras de fallecimientos similares. 

Al fin y al cabo, en una civilización como la nuestra, en la que se desprecia a los mayores, su muerte siempre será bien acogida en la caja de las pensiones. Ellos, las decenas de miles de fallecidos por Covid-19 en las residencias, como las 90.000 hectáreas de arbolado quemadas este verano en Castilla y León, no se merecen una comisión de investigación porque tanto los árboles como los viejos les importan un comino a nuestros gobernantes, que solo se acuerdan de los segundos cuando necesitan su voto y se dedican por unos días a abrazar ancianitos y ancianitas ante las cámaras para prometerles algunos euros más en sus pensiones. 

Nunca tendremos constancia de la tragedia que supuso el geronticidio de las residencias. Es muy probable que el tiempo borre ese episodio negro de nuestra historia reciente, pero el solo hecho de negarse no pocos gobiernos autonómicos a las comisiones para investigar ese horror denota la catadura humana de quienes prefieren respaldar a quienes negocian con la salud de nuestros viejos, antes que hacer todo lo posible porque lo ocurrido no vuelva a suceder.

MANUEL RICO: EL ESCÁNDALO DE LAS RESIDENCIAS

    DdA, XVIII/5.260