REDACCIÓN
“La AMS [atracción y proyección hacia
las personas del mismo sexo] es el grito, la alarma, la fiebre que te avisa de
que algo en ti necesita madurar, ser cultivado. Si la Mentira/Manipulación Gay
no hubiera inundado todos los rincones de nuestro mundo y por el contrario
fuéramos capaces de responder con prontitud y verdad a esta llamada del corazón
de los adolescentes, sería muy sencillo y rápido madurar la personalidad y la
masculinidad y superar la atracción hacia el mismo sexo”. Este texto se incluye
en uno de los documentos que se trabajan en los cursos para curar la
homosexualidad organizado por el Obispado de Alcalá de Henares.
En 2019, a raíz de una información publicada por eldiario.es,
la organización de consumidores Facua presentó una denuncia ante la Comunidad
de Madrid contra esta institución religiosa por violar la Ley
de protección integral contra la LGTBifobia autonómica, que
desde su aprobación en 2016 castiga con multas de hasta 45.000 euros la
promoción y realización de terapias de aversión o conversión con la finalidad
de modificar la orientación sexual o identidad de género de una persona, sin
importar, según explcita la ley, que haya consentimiento por parte de la
persona sometida a tales terapias. Tres años después, desde la Consejería de
Familia, Juventud y Política Social de la Comunidad de Madrid han decidido
archivar el expediente abierto al Obispado de Alcalá de Henares. La institución
madrileña argumenta que las pruebas presentadas contra el Obispado —mails y
grabaciones de llamadas— se consiguieron violando el derecho a la intimidad de
la entidad. Es el mismo argumento que, hace poco menos de un mes, dio el
Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, para también archivar el proceso iniciado
por estos cursos, según el informe que presentó ante el Congreso de los
Diputados.
“Las prácticas venían llevándose a
cabo en el Centro de Orientación Familiar Regina Familiae, un servicio que
pertenece a la diócesis y que está dentro del mismo complejo religioso”,
explican desde Facua. “Cuando se denunciaron los hechos y la entonces
denominada Consejería de Políticas Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad
abrió el expediente, tenía al frente a Javier Luengo, de Ciudadanos. Tras las
elecciones de mayo de 2021, en las que el PP ganó por mayoría absoluta, pasó a
depender de Concepción Dancausa”, continúan desde la asociación de
consumidores.
Desde Facua anuncian que están valorando recurrir la decisión de la
consejería. Según explican, en la comunicación del archivo la consejería
“cuestiona que un ciudadano tenga derecho, como hizo el periodista para
desarrollar su investigación, a grabar cualquier conversación donde pretendan venderle
un producto o servicio y posteriormente usarla como prueba en una denuncia si
en ella ha sido objeto de un intento de fraude”. “El organismo de la Comunidad
de Madrid llega al extremo de cuestionar el derecho del periodista a grabar las
conversaciones realizadas en el marco de su investigación para contar con las
pruebas de las irregularidades”, añaden desde Facua.
El Salto DdA, XVIII/5145
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