Alba González
Este lunes ha salido a la luz el Informe de Amnistía Internacional 2021/22: La situación de los derechos humanos en el mundo, en el que señala, desagregando el ámbito global por países, las vulneraciones más graves registradas en dicho ámbito y las deficiencias que presentan. Y, en el caso de España, una llama clamorosamente la atención: la ONG apunta a las muertes que asolaron las residencias de ancianos, sobre todo, durante la primera ola de la pandemia en la primavera de 2020.
“El número de muertes por COVID-19 entre la población de edad avanzada fue desproporcionado”, califica el informe. Y lo cierto es que los datos avalan la afirmación. Según Statista, las residencias para personas mayores españolas registraron a fecha de 31 de octubre de 2021 más de 30.680 fallecimientos a causa del coronavirus. Y, si a estas cifras se suman los posibles decesos que no fueron diagnosticados pero que presentaban compatibilidad en la sintomatología, el panorama resulta aún más desalentador, ya que en ese caso la cifra total de muertos en este tipo de centros geriátricos ascendería a 41.174. “En noviembre, unas 20.000 personas de edad avanzada habían muerto de COVID-19 en residencias de mayores; representaban alrededor del 50% de todas las muertes por la enfermedad registradas hasta ese momento”, perfila la ONG, que especifica especial preocupación por lo ocurrido en la Comunidad de Madrid y en Catalunya.
La Comunidad de Madrid es la región más afectada hasta la fecha, con un total de 6.370 decesos (11.079 si se contabilizan los no diagnosticados con síntomas compatibles), seguida de Catalunya, con alrededor de 5.600 (7.719 con sintomatología). Según Amnistía, ha supuesto la “la mitad de las muertes”, sobre todo, en la capital madrileña. Pero lo que mayor preocupación suscita para la organización fueron los protocolos de derivación de pacientes adoptados en ambas comunidades autónomas “por ser discriminatorios y violar el derecho a la salud”, que recomendaban tratar a las personas de mayor edad infectadas en las residencias en lugar de trasladarlas a hospitales.
Lo cierto es que quedó retratada la existencia de la orden de no derivar a enfermos de residencias a instalaciones hospitalarias, sobre todo, en la autonomía gobernada por Isabel Díaz Ayuso. Así quedaba constancia tras la publicación de las misivas firmadas por Alberto Reyero (Cs), dirigidas a Enrique Ruíz Escudero (PP), a través de las que el exconsejero llegó a afirmar que se estaba “excluyendo casi en su totalidad la derivación hospitalaria a personas de grado 3 de dependencia”, añadiendo que estaba seguro que podrían ocasionarles “problemas legales en el futuro”.
Pero el calvario sufrido por los ancianos no quedó ahí. En el momento álgido de la pandemia, algunas personas residentes en centros de mayores estuvieron confinadas indefinidamente en sus habitaciones, con escaso o nulo contacto con sus familiares y sin supervisión efectiva de las autoridades regionales y nacionales, algo que, para Amnistía, “dio lugar a violaciones de sus derechos humanos”.
Todo, mientras las asociaciones de profesionales de la salud expresaban su preocupación por la sistemática escasez de personal y por la falta de medidas para dotarlo de medidas de seguridad suficientes (como EPIs, mascarillas, pantallas o guantes), así como la inadecuada provisión de asistencia médica a la población de las residencias de mayores en los primeros meses de la pandemia. Algo que también reconocía Reyero en sus cartas. En lo que él mismo denominó “una petición casi desesperada”, llegó a enumerar una lista de medidas a adoptar para paliar las consecuencias de los contagios en ancianos ante una situación devastadora, señalando la falta de profesionales. “Estamos ante un problema sanitario y le estamos dando respuesta en centros sociales, con los medios materiales previstos para otro tipo de atención. Con personal capacitado técnicamente, pero muy reducido y que habitualmente se dedica al cuidado de los procesos crónicos y de la dependencia”, reconocía el por entonces edil del Gobierno autonómico.
Unas conclusiones que se suman al también reciente análisis de Amnistía del pasado mes de enero, donde destapaba que el 89% de las investigaciones penales abiertas para esclarecer lo sucedido en estos establecimientos han sido archivadas. El director de la organización ya señalaba entonces que lo ocurrido supone una masiva vulneración de derechos humanos, considerando que las investigaciones llevadas a cabo por el Ministerio Fiscal son “insuficientes” y no han cumplido con los “estándares de derechos humanos sobre exhaustividad y eficacia” para poder llegar al fondo del asunto.
Aportaba un alarmante dato: en los 129 casos examinados con detalle por Amnistía, la Fiscalía no tuvo en cuenta los testimonios de ninguno de los familiares y, en el caso de Barcelona, las denuncias fueron archivadas sin tomar declaraciones de los profesionales y trabajadores. En efecto, esto ha supuesto que en muchas ocasiones hayan sido las propias familias de las víctimas las que se han visto obligadas a denunciar los hechos ante los Tribunales y a cargar con el peso de las investigaciones, lo que provoca un alcance de las denuncias muy “desigual”.
Y tampoco es que las instituciones se afanen en aclarar lo sucedido y depurar responsabilidades, haciendo justicia con las familias de los fallecidos. Tras las elecciones celebradas en mayo de 2021 en la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso manifestó su rechazo a la reactivación de la comisión que investigaba, que ya de por sí acarreó tremendas complicaciones en la etapa previa de legislatura.
Así lo denunciaron los partidos de oposición en la Asamblea de Madrid, que llegaron a observar que las dificultades radicaron, incluso, en la no habilitación de una sala para un compareciente con problemas de movilidad que obligó a suspender la sesión en la que declaraba Carlos Mur –quien firmara las órdenes que impidieron el traslado de los ancianos a los hospitales-. Las conclusiones de la ONG son evidentes: lo hechos se traducen en una impunidad que tiene su mayor exponente en los centros geriátricos, cuyos residentes sufrieron "la mayor violación de derechos humanos de la pandemia".
LUH DdA, XVIII/5124
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