Manuel Rico
El fiscal jefe Anticorrupción es una persona con una dilatada experiencia profesional, así que no necesita el consejo de ningún humilde periodista. Pero es también sabido que a veces los dioses ciegan a algunos hombres y sería una pena que Alejandro Luzón no viese con nitidez la realidad que tiene ante sí. Esa realidad se puede resumir en once palabras: la investigación más sencilla en la historia de la Fiscalía Anticorrupción.
Alejandro Luzón firmó este martes un
decreto incoando unas diligencias de investigación relacionadas con un contrato
adjudicado por el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso con el que se lucró su hermano Tomás, el comisionista. Una investigación que asume el propio
fiscal jefe. Es un asunto que puede resolver en cuestión de días, quizá horas.
Lo primero es preguntar a la Agencia
Tributaria qué ingresos ha tenido Tomás Díaz Ayuso durante los ejercicios 2017, 2018, 2019, 2020 y 2021. Es
decir, en los dos años anteriores a que su hermana fuese elegida presidenta
madrileña y en los tres ejercicios siguientes.
Si no se ha producido ningún incremento importante en sus ingresos, puede Luzón cerrar de forma inmediata la investigación. No habiendo un beneficio atípico, cabe deducir en buena lógica que tampoco pudo existir tráfico de influencias ni ningún otro delito. Lo dicho, cuestión de horas. Se analizan cinco datos y, pum, archivado.
En cambio, si los datos fiscales mostrasen un aumento desmedido de los ingresos de Tomás justo en los dos últimos años, la investigación quizá tendría que prolongarse durante algunos días. Justo el tiempo que la Comunidad de Madrid tardase en responder al siguiente oficio enviado desde la Fiscalía Anticorrupción: “Indique qué contratos ha adjudicado el Gobierno a las empresas que se relacionan a continuación, desde 2019 hasta la fecha, señalando en cada caso importe, fecha y modalidad de contratación”. Y las empresas que se deben incluir en la relación son aquellas que, de acuerdo con los datos aportados por la Agencia Tributaria, hayan pagado en los dos últimos años a Tomás, el comisionista. Si esto no es un caso para lucirse, que bajen los dioses y lo vean.
Pero mucho me temo que, si las casas de apuestas británicas aceptaran pronósticos sobre el resultado de la investigación, a día de hoy serían más altas las probabilidades de que los dioses cieguen a a Luzón, que las posibilidades de que Luzón deslumbre a los dioses. ¿Y de dónde procede esa intuición? Pues del contenido del decreto y de los antecedentes de la Fiscalía Anticorrupción con Isabel, la hermana del comisionista.
En su decreto,
Alejandro Luzón sostiene que las denuncias presentadas en la Fiscalía por los
tres partidos madrileños de la oposición conforman un relato de hechos “que no
constituyen indicios razonablemente verosímiles” de la existencia de delito alguno.
Umm, ya están ahí los dioses cegando.
Que no digo yo que las tres denuncias no contengan una secuencia de hechos
francamente mejorable, o que incluso no acierten a la hora de perfilar los
presuntos delitos. Pero si a todo un señor fiscal jefe Anticorrupción no le saltan los indicios ante un
hermano que cobra como comisionista de los contratos que adjudica el Gobierno
de su hermana... Regular, tirando a malo.
Y luego están los antecedentes. En el
verano de 2019, infoLibre publicó
una enorme cantidad de datos y pruebas documentales sobre un presunto
alzamiento de bienes en el que habrían participado y del que se habrían
beneficiado Isabel y Tomás. Por hacer corto el relato: los
padres de la presidenta madrileña le donaron a ella y a su hermano dos
inmuebles el 7 de octubre de 2011, para evitar
que dichos bienes fuesen embargados por Avalmadrid [puedes consultar aquí todas las
informaciones desveladas por este periódico sobre el caso].
Es sin duda legítimo el debate sobre si
ese posible delito existió o no, o si en caso de existir estaba prescrito o incluso si se podía considerar o no a los hermanos
Isabel y Tomás autores del
mismo. Seguro que se encuentran reputados juristas que ofrezcan respuestas
diferentes a esas cuestiones.
Pero hay un asunto que está fuera de
cualquier debate: la entonces número dos de la Fiscalía Anticorrupción, Belén
Suárez Pantín, ordenó el archivo de la denuncia que había presentado Más Madrid con un
decreto lleno de falsedades. Y esto no es ni una opinión, ni una interpretación
jurídica. Ese decreto de archivo contenía mentiras escandalosas sobre hechos, mentiras flagrantes sobre asuntos
fácticos (el lector que quiera conocer los detalles los puede encontrar en este artículo).
Aquí surgen dos posibilidades: o Belén
Suárez Pantín dictó ese decreto con la aquiescencia de su jefe, o su
jefe no sabía nada. En la primera
hipótesis, Luzón sería cómplice de la actuación de su mano derecha; en la
segunda, habría incumplido su obligación de destituirla de forma inmediata tras
conocer la fechoría jurídica que había perpetrado.
Alejandro Luzón llegó a la Fiscalía
Anticorrupción después de que su antecesor, Manuel
Moix, arrastrase a la institución por el
fango del desprestigio. Moix, el fiscal al que adoraban los principales
corruptos amamantados por el régimen de Esperanza Aguirre, tuvo que dimitir después
de que infoLibre descubriese
que era copropietario de una empresa en Panamá.
La llegada de Luzón fue recibida con
alborozo por sus compañeros. No solo por el pieza que se habían quitado de
encima, sino porque el nuevo jefe venía avalado por una carrera notable, que en buena lógica debería terminar antes que tarde en el
Tribunal Supremo.
El precedente del decreto Suárez es un borrón en ese
expediente, pero ahora es cuando ha llegado el momento decisivo para Luzón.
Tiene ante sí la investigación más sencilla en la historia de la Fiscalía
Anticorrupción. Los dioses intentarán cegarlo para que dicte una detalladísima
resolución con todo tipo de referencias jurídicas, pero sin la respuesta a esa
pregunta clave: cuál ha sido la evolución de los ingresos de Tomás, el comisionista.
El prestigio de los hombres y los
dioses no se hunde solo protegiendo a corruptos o montando empresas en Panamá,
como hizo Moix. A veces se escapa por vías más ordinarias, como no enviar
el único oficio que era realmente imprescindible.
InfoLibre DdA, XVIII/5093
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