Martín Cuneo
Cuando
faltaban apenas unas semanas para que finalice el plazo dado por la Comisión
Europea, el Ministerio de José Luis Escrivá ya ha dado las primeras pistas,
todavía no consensuadas con los sindicatos y la patronal, sobre la fórmula que
debería reemplazar al derogado Factor de Sostenibilidad. El hasta ahora
misterioso Mecanismo de Equidad Intergeneracional comienza a tomar forma y se
parece a un aumento de las cotizaciones sociales de las empresas y de los
trabajadores para atajar el déficit de la Seguridad Social y volver a llenar la
“hucha de las pensiones”.
La propuesta, realizada este martes 2 de
octubre en una reunión de Escrivá con los agentes sociales, consiste en una
subida del 0,5% de las cotizaciones sociales durante diez años, a partir de
2023, para llenar el Fondo de Reserva de la Seguridad Social, que actualmente
cuenta con unos 2.000 millones, muy lejos de los 67.000 millones que llegó a
tener en 2011. Si estas aportaciones no fueran necesarias se devolverían. Pero
en el caso de que fueran insuficientes y existiera una “desviación” negativa en
las cuentas de la Seguridad Social, el Gobierno tomaría nuevas medidas para
corregir esa desviación, es decir, recortaría las prestaciones en un mecanismo
todavía no definido.
La idea central de la reforma —cubrir el
déficit de la Seguridad Social con más cotizaciones sociales— es “sensata”,
sostiene Ramón Franquesa, portavoz de la Coordinadora Estatal por la Defensa
del Sistema Público de Pensiones (Coespe). Pero es en la letra pequeña —o no
tan pequeña— donde se esconden los principales peligros del nuevo “globo sonda”
de Escrivá.
Para este profesor y economista, la propuesta de Escrivá esconde una amenaza “extremadamente grave” para las pensiones públicas, que dejarían de estar blindadas. “Se abre la puerta a rebajar las condiciones de las pensiones en determinados supuestos”, indica. Y esta vez, con un gran acuerdo social y parlamentario mediante.
Franquesa describe las pensiones
públicas como un contrato entre el Estado y el pensionista y esta propuesta,
defiende, permitiría cambiar las condiciones de ese compromiso si falta dinero:
“Antes había un Factor de Sostenibilidad que reducía directamente las pensiones
futuras. Ahora dicen que si falta dinero te van a reducir la pensión. Y no te
dicen de qué manera porque ya se ha acordado que ese contrato y ese es el
cambio: ya no es un contrato definitivo sino que está sometido a cómo vaya el
negocio”.
Pero lo más grave de la propuesta de
Escrivá, dice este profesor a El Salto, es que con las medidas propuestas el
déficit de las Seguridad Social está garantizado. El aumento de las
cotizaciones previsto no bastaría por sí solo para cambiar la tendencia.
Además, la propuesta de Escrivá corre paralela a la creación de un macrofondo
de pensiones público-privado que debilitaría aún más la Seguridad Social, según
denuncian las plataformas de pensionistas. “Ese déficit se va a agravar con la
privatización de los ingresos, con el desvío hacia sistemas privados de
pensiones. Cómo va a haber déficit ya se está diciendo que habrá un mecanismo
que esta vez no será un mecanismo impuesto por el PP, sino algo que habrá
aceptado todo el mundo”, denuncia.
Otro aspecto “sorprendente y alarmante”
de la propuesta de Escrivá es que la subida de las cotizaciones afecta a
empresas y trabajadores, algo que define como una “bajada de salarios
encubierta” en un contexto de alta inflación y de pérdida acelerada de poder
adquisitivo de la mayoría de la población. Aunque según los cálculos del
Gobierno, la subida sería de unos cinco euros mensuales en el caso de los
mileuristas y de diez en el salario medio, la propuesta abunda en un recorte,
esta vez “en diferido”, de las pensiones. Si en las reformas anteriores en
tiempos del PP, recuerda Franquesa, se redujeron las cotizaciones que pagaba la
empresa sin que los trabajadores vieran más salario, unas reducciones en
“beneficio exclusivo de los empresarios”, ahora se pide ese esfuerzo a ambos
colectivos.
Este economista advierte que el
Mecanismo de Equidad Intergeneracional esconde una “trampa”: un “pequeño cambio
en una cláusula que en principio no tiene importancia”, pero que dice que si el
dinero no alcanza —“y es seguro con estas medidas no va a alcanzar”—, habrá
recortes en las pensiones públicas.
Al igual que en la reforma de las
pensiones acordada con los agentes sociales y firmada en julio de este año, la
versión de los grandes sindicatos difiere de la de las plataformas de
pensionistas. Según el secretario general de Comisiones Obreras, Unai Sordo,
con esta propuesta “se ha pasado de la lógica del recorte a la lógica de
mejora de la estructura de ingresos”, aunque reconoce que el nuevo
Mecanismo le genera “algunas incertidumbres”.
El Salto DdA, XVII/4999
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