Un catedrático de Derecho Constitucional de la universidad de Sevilla, Pérez Royo, ha dicho que lo de Alberto Rodríguez, el diputado de izquierdas al que se le ha privado del acta por una miserable condena por nada (una no probada patada a un policía en una manifestación de hace años), ha dicho en la televisión que es “un caso de putrefacción política”. Pérez Royo siempre es valiente, pero en este caso no tanto. En España es preciso siempre un paso más en cuestión de valentía. Dado el imperio virtual del franquismo antes de llegar a la Moncloa, toda valentía es poca. Y es poca, porque no estamos sólo ante un caso de putrefacción política, sino también ante otro caso de putrefacción judicial, que es mucho peor. Y es mucho peor porque ella es la madre de todas las corrupciones. La otra, la política, siempre ha sido escandalosa. Mientras que la corrupción del poder o del sistema judicial, es la de un puñado concreto de magistrados dominantes, en materias sensibles y puntuales; una corrupción mantenida durante toda la singladura de este nuevo régimen que además de escandalosa es ladinamente maliciosa, casi imposible de contrarrestar, sobre todo sin mucha valentía.
Veamos. Si la alta magistratura, a partir de la transición hubiera sido generosamente democrática; si en materia territorial hubiese visto en el referéndum no una barrera, de inspiración franquista que es lo que vio, si no un sendero hacia la plenitud de las libertades cívicas, pues está recogido junto a las consultas populares en el artículo 128 de la Constitución; si en lugar de ser terriblemente benévola con los ladrones de las arcas públicas de un monto no evaluado todavía pero cercano a mil millones durante al menos treinta años (casi todos procedentes de las filas conservadoras que son las franquistas), así como con los defraudadores de impuestos, y extremadamente justicieros con raperos, con ciudadanos comunes partidarios de la progresía, y últimamente con este diputado al que, por nada, se ha sentenciado al ostracismo, hubiesen empujado para que “la justicia estuviese en sus justos términos, sin que la osaren turbar los del favor y el interese, que tanto ahora la menoscaban, turban y persiguen” (El Quijote); si en lugar de perseguir y expulsar de la carrera judicial a jueces demócratas, que es lo que se hizo con al menos tres de ellos, les hubieran respaldado; si en lugar de favorecer la politización de la justicia y la judicialización de la política (razón por la cual las derechas y la ultraderecha lo recurren todo desde el primer día que la izquierda ocupa el poder, porque serán a esos magistrados los que resolverán) hubieran favorecido el desarrollo la democracia… Si nada de eso hubiera sucedido, los corruptos no se hubieran envalentonado a lo largo de décadas y la corrupción no hubiese sido la usual moneda de cambio en el casi medio siglo que lleva esto que pasa por ser una democracia pero es de muy bajo nivel en buena medida por culpa de ese puñado de magistrados.
Sin embargo, ninguno de esos magistrados ha sido procesado por prevaricación, pese a haber tanto caso en que para cualquier lego es manifiesta. El caso reciente del diputado malogrado que menciono es la prueba del algodón, la definitiva.
En resumidas cuentas, echo mucho de menos (y esto es desde 1978) juristas y gente del gremio en sus múltiples actividades valientes, que no hagan concesiones a lo políticamente correcto. Aunque comprendo que nadie tiene el deber de ser un héroe y hay muchos modos de nadar y guardar la ropa. Por eso España está donde y como está. Y de eso se prevalen los franquistas. Por ello van a por todas. Por ello vaticino que dentro de dos años se encaramarán a la Moncloa…
DdA, XVII/4998
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