lunes, 30 de agosto de 2021

MIL DÍAS DE UN PODER (JUDICIAL) SUSTRAÍDO AL PODER DEMOCRÁTICO


Gara Santana

El Consejo General del Poder Judicial y su presidente, Carlos Lesmes, cumplen este martes 1.000 días en interinidad. El PP continúa bloqueando la renovación del órgano de gobierno del poder judicial en España y de su Presidencia, a pesar de que el artículo 122 de la Constitución establece que el CGPJ estará integrado por el presidente del Supremo, que lo presidirá, y por 20 miembros nombrados por un período de cinco años y a pesar también de que el artículo 568 de la Ley Orgánica del Poder Judicial establece que el CGPJ se renovará en su totalidad cada cinco años, contados desde la fecha de su constitución, y que los presidentes del Congreso y del Senado deberán adoptar las medidas necesarias para que la renovación se produzca en plazo.

El CGPJ se elige a propuesta del Parlamento, y por ello debe constituir un reflejo de las mayorías parlamentarias. Pero no es así desde que el PP bloquea su renovación, alegando que no negociará esa renovación “con partidos republicanos” como Podemos. Desde el PP han llegado a afirmar también que “la justicia” es “el último dique de contención” frente al pacto de investidura y frente al pacto de gobierno establecidos tras las generales de noviembre de 2019, reconociendo así que la motivación de este bloqueo es política.

Este bloqueo mantiene vacantes o bloqueados un total de 38 cargos judiciales y, lo que es más grave, con esta maniobra los populares pretenden mantener un órgano de gobierno nombrado durante la mayoría absoluta del PP de Mariano Rajoy, mientras se agota el calendario judicial por casos de corrupción que tienen pendientes.

El propio comisario europeo de Justicia, Didier Reynders, ha manifestado en varias ocasiones que deben ser los jueces y magistrados los que elijan al menos a la mitad del Consejo, y que España debería hacer las reformas necesarias. Con Reynders se cartearon este mes precisamente desde la asociación de Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) y han acordado reunirse para tratar esa renovación. "Le trasladaremos los problemas que genera la no renovación del órgano y la falta de consenso fruto de la negativa del PP a sentarse a negociar".

Si nuestra constitución establece que la justicia así como todos los poderes del Estado emanan del pueblo, cada día que pasa sin que el CGPJ acometa su renovación se está vulnerando un principio democrático básico. Por otro lado subyace un concepto muy antidemocrático en la nueva articulación del poder judicial: el hecho de que los jueces elijan al propio poder judicial. Esto significaría que habría un poder del Estado, en este caso, el judicial, sustraído del control democrático. Análogamente esto sería como plantear que los funcionarios de la Administración General del Estado fueran quienes eligieran a los miembros del Gobierno.

El planteamiento de que sea el Congreso y Senado quien controle a este órgano del poder judicial también ha sido muy debatido, pero al menos en ese caso no podría ser sustituido por una elección corporativa,  sino por otro mecanismo democrático en el que el pueblo, del que emanan todos los poderes, pudiera participar.

La última hora  DdA, XVII/4934

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