Gara Santana
El Consejo General del Poder Judicial y su
presidente, Carlos Lesmes, cumplen este martes
1.000 días en interinidad. El PP continúa bloqueando la
renovación del órgano de gobierno del poder judicial en España y de su Presidencia,
a pesar de que el artículo 122 de la Constitución establece
que el CGPJ estará integrado por el presidente del Supremo, que lo presidirá, y
por 20 miembros nombrados por un período de cinco años y a
pesar también de que el artículo 568 de la Ley Orgánica
del Poder Judicial establece que el CGPJ se renovará en su
totalidad cada cinco años, contados desde la fecha
de su constitución, y que los presidentes del Congreso y del Senado deberán
adoptar las medidas necesarias para que la renovación se produzca en plazo.
El CGPJ
se elige a propuesta del Parlamento, y por
ello debe constituir un reflejo de las mayorías parlamentarias. Pero no es así
desde que el PP bloquea su renovación, alegando que no negociará esa
renovación “con partidos republicanos” como
Podemos. Desde el PP han llegado a afirmar también que “la justicia” es “el
último dique de contención” frente al pacto de investidura y frente al pacto de
gobierno establecidos tras las generales de noviembre de 2019, reconociendo así
que la motivación de este bloqueo es política.
Este
bloqueo mantiene vacantes o bloqueados un total de 38 cargos judiciales y, lo que es más grave, con
esta maniobra los populares pretenden mantener un órgano de gobierno nombrado
durante la mayoría absoluta del PP de Mariano Rajoy, mientras se agota el
calendario judicial por casos de corrupción que tienen pendientes.
El propio
comisario europeo de Justicia, Didier Reynders, ha
manifestado en varias ocasiones que deben ser los jueces y magistrados los que
elijan al menos a la mitad del Consejo, y que España debería hacer las
reformas necesarias. Con Reynders se cartearon este mes precisamente
desde la asociación de Juezas y Jueces para la
Democracia (JJpD) y han acordado reunirse para tratar esa
renovación. "Le trasladaremos los problemas que genera la no renovación
del órgano y la falta de consenso fruto de la negativa del PP a sentarse a
negociar".
Si
nuestra constitución establece que la justicia así como todos los poderes del
Estado emanan del pueblo, cada día que pasa sin que el CGPJ acometa su
renovación se está vulnerando un principio democrático básico. Por otro lado
subyace un concepto muy antidemocrático en la nueva articulación del poder
judicial: el hecho de que los jueces elijan al propio poder judicial.
Esto significaría que habría un poder del Estado, en este caso, el
judicial, sustraído del control democrático.
Análogamente esto sería como plantear que los funcionarios de la Administración
General del Estado fueran quienes eligieran a los miembros del Gobierno.
El
planteamiento de que sea el Congreso y Senado quien controle a este órgano del
poder judicial también ha sido muy debatido, pero al menos en ese caso no podría ser sustituido por una elección corporativa, sino
por otro mecanismo democrático en el que el pueblo, del
que emanan todos los poderes, pudiera participar.
La última hora DdA, XVII/4934
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