Félix Población
La sentencia del Tribunal Constitucional que considera fuera de la Constitución el confinamiento acordado por el Gobierno para preservar la salud y la vida de los españoles, en los primeros meses de la pandemia, es de suma gravedad y puede que en la Europa a la que pertenecemos haya sido observada con estupor, pues en otros países se aplicó esa misma medida, como aconsejaba la entidad de la crisis sanitaria más alarmante en un siglo, sin que ocurriera lo que ocurrió aquí esta semana.
Entre los vocales de esa misma y alta institución, dicha sentencia provocó una seria preocupación, pues teniendo en cuenta que seis magistrados frente a cinco fueron de ese criterio, esto podría denotar que entre la mayoría conservadora del tribunal se perfila o consolida una tendencia abiertamente antigubernamental que podría llevarnos a pensar que en el poder judicial el conservadurismo tiende a radicalizarse desde que la extrema derecha cuenta con una nutrida representación parlamentaria.
Tal como pudimos advertir durante el estado de alarma, fueron los sectores más retrógrados de la sociedad española, en ciudades como Madrid, los que convocaron en las calles manifestaciones diversas, a pie o en auto, apelando al concepto de libertad que tan impostado les queda y que ahora han empleado seis magistrados del Supremo para argumentar su sentencia. No faltó asimismo algún que otro monseñor que aprovechó asimismo la ocasión para prédicas en similar sentido, siendo tan rico como es su pasado libertario.
Si la confianza de la mayoría social de este país sobre el recto proceder poder judicial no ha dejado de resentirse a lo largo de los años, tengo la sensación de que el Tribunal Constitucional acaba de contribuir a un incremento substancial de esa desconfianza.
Lo hace, además, cuando estamos asistiendo a una nueva ola de contagios por Covid que afecta sobre todo a una generación ya castigada por la anterior crisis/estafa económica y está obligando a tomar otra vez restricciones rigurosas para frenar la expansión del contagioso virus. Andarse por eso con “elucubraciones doctrinales” de esa guisa me parece muy peligroso.
Me temo que la doctrina trumpista, que el electorado norteamericano desechó, con su estela de seguimiento en el Bolsonaro brasileño, que aquel pueblo desechará con suerte, tenga aplicados discípulos tanto en el Tribunal Constitucional, como en el caduco Consejo del Poder Judicial (CGPJ), y también en el Tribunal Supremo. En ese ámbito de la judicatura, el líder de la oposición está manejando su pugna electoral con Vox en línea con los mismos postulados que utilizaría la ultraderecha si estuviera en el papel del Partido Popular. De ahí que Casado se empecine en mantener vergonzosamente bloqueada la renovación del CGPJ.
Al día de hoy, y sin tener en cuenta lo que acaba de sentenciar el Constitucional, casi el 60 por ciento de la ciudadanía considera que la imagen de la Justicia en España es “mala” o “muy mala”. Es posible que ese porcentaje crezca a la luz de lo que ha publicado Nature: Si no se hubieran tomados medidas no farmacológicas para la contención de la pandemia, en España habrían fallecido por Covid 470.000 personas. Cifra similar se habría registrado en el Reino Unido y 560.000 serían los fallecidos en Alemania, cuyos respectivos gobiernos son de centro-derecha.
La pregunta que cabe hacerse es si el Tribunal Constitucional habría dictado la misma sentencia si un gobierno del Partido Popular hubiese aplicado la misma medida, tal como lo hicieron los gobiernos europeos de nuestro entorno, fuese cual fuese su color político. Yo creo que no.
La última hora DdA, XVII/4897
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