jueves, 13 de mayo de 2021

LA BATALLA DE LOS FONDOS BUITRE

 


Vicente Bernaldo de Quirós

   Que el Gobierno de coalición progresista está sufriendo fortísimas presiones, cuando no ya chantajes puros y duros, para que no lleve a cabo su programa de mejora de las condiciones de los trabajadores y las capas más desfavorecidas de la sociedad, es tan evidente como que la Tierra gira alrededor del Sol. En aquellas materias en las que se pueden dar pasos adelante, aunque sean tímidos, los portavoces y organizaciones de claro corte conservador, insisten en poner no solo palos, sino verdaderos morrillos en las ruedas de los distintos ministros.
   En cuanto se anuncia una medida progresista, ya hay alguien dándole una vuelta y augurando su imposibilidad. Comenzó con la subida del salario mínimo, actualmente paralizada, y le siguió con la derogación de la reforma laboral, aunque en las últimas horas hemos podido saber que la firmeza de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, parece haber vencido las más duras resistencias.
   Lo peor no es que las hordas conservadoras defiendan sus privilegios a capa y espada, sino que en ocasiones, desde el propio Gobierno de coalición o en círculos cercanos, se trata de darle una vuelta mas a lo pactado para tratar de vaciar de contenido la propuesta.
   Es el caso del control de los precios de los alquileres, que no solo figura en el pacto de coalición, sino también en un acuerdo posterior entre los dos partidos, PSOE y Unidas Podemos, cuando existían discrepancias de matiz sobre  lo acordado y que se plasmaría en una Ley de Vivienda, que en octubre se cifró en cuatro meses para su traslado al Congreso de los Diputados.
   Es verdad que en el acuerdo entre los dos partidos de la izquierda no se especificaba que habría un techo para los alquileres, como tampoco se hacía mención a una expropiación de los caseros extorsionistas, que también es constitucional, pero el espíritu del pacto deja entrever que cuando se habla de control equivale a frenar subidas desproporcionadas.
   En ese mismo sentido, se hacía referencia a que el control no se iba a centrar en los pequeños propietarios que tienen una o dos viviendas en alquiler para poder incrementar sus ingresos o para pagar una hipoteca, sino en grandes propietarios que disponen de un número elevado de pisos para especular con un derecho tan fundamental como es el de la vivienda.
   En esa línea, uno no entiende muy bien la terquedad del ministro de Fomento, José Luis Ábalos, de incentivar la moratoria en la subida del alquiler, en vez de lisa y llanamente ponerle  techo, al igual que a las percepciones de los pensionistas, algunos de los cuales han cotizado por encima del tope de cobro.
   Y es que además incentivar fiscalmente a los grandes propietarios no es solo una equivocación, sino que supone, en el fondo, que los ciudadanos más precarizados subvencionen a los grandes fondos buitres con sus impuestos, mientras que estos apenas contribuyen al dinero común.
   Es absolutamente improcedente que se incentive a un fondo buitre como Blackstone, que los expertos cifran en más de 30.000 las viviendas de las que disponen en este país, habiéndolas adquirido a precios sumamente bajos, cuando no como auténticas gangas del exceso inmobiliario de los bancos previo a la estafa de 2008. Sería, curioso, además, que alguno de los desahuciados por las entidades financieras contribuyera con su óbolo a pagar los incentivos de los culpables de su desalojo.
    No entiende el que suscribe, querido ministro, que una persona supuestamente de izquierdas, pueda abogar por esa solución tan neoliberal. Porque, veamos bien, Abalos, majete, donde vamos a meternos para explicar a los ciudadanos y a los que viven de alquiler y se agobian cuando se está a punto de acabar el contrato ante la posibilidad de una subida escandalosa.
   Menos mal que en España, los ciudadanos son más de adquisición de vivienda que de alquiler, como ocurre en los países más avanzados de Europa, porque, si así fuera, la especulación de la vivienda sería casi una obligación para los que tienen su propiedad y el artículo constitucional que defiende el derecho a una vivienda digna sería todavía más papel mojado de lo que es.
   Así que dirigentes socialistas que sois de izquierdas, lo mejor que podéis hacer es cumplir lo pactado, porque para eso uno lo pone en un papel. Pretenden hacer comulgar con ruedas de molinos, a los inquilinos, al personal y al conjunto de la opinión publica, puede ser entendible en un partido corruto, como quien tu y yo sabemos, Ábalos, pero presumir de progresistas y hacerse trampas en el solitario, tarde o temprano, tendrá su penalización.

     DdA, XVII/4845    

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