Félix Población
Seguimos
a la espera de lo que ocurra con el cartel xenófobo de Vox, después de que un
juzgado de instrucción en funciones de Madrid denegara ayer la medida cautelar
solicitada por la Fiscalía Provincial para la retirada del mismo*. Le tocará al
juzgado de instrucción número 53, el órgano al que se dirigió el Ministerio
Público, continuar con el procedimiento por la supuesta comisión de un delito
de odio, según denunció la Fiscalía.
Hoy
mismo hemos sabido, a través de eldiario.es, que un dirigente de Vox está
acusado de un asalto xenófobo a un centro de menores y que ese mismo individuo
está imputado por agredir a una vecina en un mitin. Según el presidente del
Consejo para la Eliminación de la discriminación racial, el historiador Antumi
Toasijé, hay elementos suficientes para la ilegalización de Vox por sus
reiterados discursos atentatorios contra las personas con relación a su origen.
El
ministro del Interior, la directora general de la Guardia Civil y Pablo
Iglesias, ex vicepresidente segundo del Gobierno, han recibido estos días
sendas cartas en las que se les amenaza de muerte. Desde los tiempos de ETA no
se recuerda este tipo de correspondencia terrorista, aunque a determinado comunicadores de la extrema derecha se les haya permitido hacerlo públicamente desde las emisoras de radio. En el caso de Iglesias, no es
la primera vez que sufre estas amenazas, según hace constar hoy públicamente. En el sobre que le dirigieron amenazándolo a él y a su familia había cuatro balas del fusil de asalto que utilizan las Fuerzas de Seguridad y la Armada española.
Hemos
llegado a un punto en que debería imponerse la necesidad imperiosa de no seguir
blanqueando el discurso del odio que en este país tiene un claro caldo de
siembra y cultivo en la extrema derecha, en colaboración con la normalización mediática del bulo, la infamia y la falacia contra un partido que representa a más de
tres millones de españoles y al que se le acosa y persigue como nunca se ha visto en la historia democrática de este país.
Nuestra
ministra de Defensa no hizo nada en su día contra los firmantes de aquel
manifiesto en el que un cierto número de militares retirados creían necesario apelar a la barbarie con el fusilamiento de 26 millones de españoles
por su ideario político. Tampoco le ocurrió nada al ex legionario que disparó
con fuego real contra las fotografías de representantes del Gobierno. Nada se sabe
del terrorista que arrojó un cóctel molotov contra la sede Podemos en
Cartagena. Durante un año, una panda de indeseables estuvo acosando la vivienda
de un vicepresidente del Gobierno, ante la perplejidad de los medios
internacionales que no comprendían semejante situación, insólita en cualquier
país democrático.
Estos
días hemos sabido también que, con motivo de la campaña electoral en la
Comunidad de Madrid y la candidatura de Pablo Iglesias a la presidencia del
gobierno autonómico, el ministerio del Interior reforzó la seguridad sobre el
líder del partido morado. La medida obedeció, al parecer y según fuentes de
Interior, a un aumento de riesgo de atentado contra él. ¿Tienen que ver las
amenazas de muerte al ministro y a la directora general de la Guardia Civil con
esa medida? Sea lo que fuere, la investigación exhaustiva de este gravísimo
episodio debería conducir a la detención y castigo de los responsables. Las amenazas de muerte no pueden quedar impunes en ningún caso.
*Odio: El juez no entra en el asunto del cartel nazi, pero lo decidirá dentro de un tiempo, después de que pasen las elecciones. Yo sé a quién vota ese juez. Félix Maraña
DdA, XVII/4827
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