Tres mil páginas para 35.000 inmatriculaciones que la iglesia católica hizo suyas gracias a una ley de un gobierno de Aznar. La palabra de cualquier obispo bastó para que la institución que representa hiciera suyo ese patrimonio entre 1998 y 2015. La actual vicepresidenta primera del Gobierno avaló hace poco más de dos años la titularidad pública de la Mezquita de Córdoba y propuso en un informe municipal la presentación de un recurso de inconstitucionalidad contra las inscripciones eclesiásticas. El listado presentado el pasado martes ente el Consejo de Ministros renuncia a la reversión de ese ingente número de inmuebles registrados.
Lo sostenido por Carmen Calvo en aquel informe no parece que haya contado en sus timoratas relaciones con la jerarquía eclesiástica durante estos últimos años, de las que apena tuvimos noticia. De ahí que los señores prelados se hayan manifestado satisfactoriamente con el documento que acaba de dar a conocer el primer Gobierno progresista desde la segunda República, pues según ellos se reconoce la “legalidad” del peculiar procedimiento registral empleado por los obispos, con su palabra como ley.
Dada la imposibilidad –por ser una labor costosa, compleja y dilatada- de que los particulares impugnen por su cuenta las inmatriculaciones si sus derechos de propiedad fueron lesionados, las asociaciones patrimoniales entienden que el Gobierno ha indultado a la iglesia católica y se ha lavado las manos en un asunto que compete a la propiedad del gran patrimonio histórico español, legitimando de ese modo los privilegios de la institución religiosa, adquiridos en 1946 y que si contaran desde este año hasta 2015 duplicarían y hasta triplicaría esas 35.000 propiedades.
José María Rosell, de Inmatriculaciones de Asturias, considera muy vaga la denominación con las que aparecen en ese listado algunas de esas propiedades, y para ello pone un ejemplo especialmente sensible para quien esto escribe: la joya por excelencia del prerrománico asturiano, Santa Cristina de Lena, figura en esa relación como “capilla en Felgueras”-en referencia a la localidad más próxima-, y por ello reivindica una identificación correcta de esos bienes, con las consiguientes notas simples registrables. Lo previsto, según asociaciones como la citada, era la elaboración de un mecanismo legislativo que anulase las inmatriculaciones por inconstitucionales y evitara que aquellos bienes de especial valor histórico fuesen privatizados, en los casos en que la iglesia católica careciera de título de propiedad.
En el Registro de la Propiedad de Pola de Lena consta la inscripción a favor de la Santa Iglesia Católica, Apostólica y Romana de la finca de 1.844 metros cuadrados donde está ubicada la pequeña iglesia de Santa Cristina, declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, adquirida por la módica cantidad de treinta euros. La inscripción data de 2010.
No sabremos nunca el número preciso de inmatriculaciones realizadas por la iglesia católica desde 1946, pero sí es preciso recordar, tanto por esto como por aquellos señores obispos de algunas diócesis que se colaron recientemente para ser los primeros en vacunarse contra el coronavirus, que el inspirador de la fe cristina fue quien dijo que su reino no era de este mundo.
DdA, XVII/4766
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