Desconozco a qué medio envió Marga González Blanco, hija de Margarita, fallecida por coronavirus e hipernatremia el pasado 25 de abril en el Hospital Gómez Ulla, la carta en la que explicaba las atroces circunstancias que precedieron a la muerte de su madre, que tuvo lugar en el citado centro sanitario después de quince días de agonía y abandono en la residencia para mayores Orpea Carabanchel. Marga escribió esa misiva al poco de leer en el diario El País, el pasado 28 de julio, un informe según el cual la cifra de residentes fallecidos en el citado centro era de 57.
La carta se publicó ayer en InfoLibre, incluida en otro texto en el que la remitente dice al final del mismo que necesita creer en la justicia, después de exponer el calvario familiar por el que pasaron ellas y sus hermanos sin tener noticias de su madre y consignar la falta de asistencia a los internos que se dio en la residencia aludida. Dejo el impactante texto a la consideración del lector -lamentando que no haya sido publicado en su día-, al que recuerdo que a fecha del 18 de julio, según el diario El País y tal como escribe Marga, más de veinte mil ancianos habían fallecido en las residencias de España, de los que más de 11.ooo murieron en la Comunidad de Madrid:
"Le escribo hoy porque esta noche he leído su artículo en El País en el que detalla la cifra de 57 fallecidos en la residencia de mi madre. Durante estos meses tan duros, siempre he pensado que, como ella, habrían fallecido 20 o 25 ancianos por coronavirus y la situación me parecía, ya, bastante dramática. Esos días de crisis a primeros de abril, en los que nadie en la residencia nos cogía el teléfono, empezamos a temer que la enfermedad les había alcanzado y nuestras expectativas para el cuidado de mi madre quedaron truncadas.
En su día decidimos llevarla porque pensamos que allí estaría cuidada en sus crisis de Alzheimer, por las que habíamos tenido que ingresarla cuatro meses antes. Si el covid-19 aparecía en la residencia y ella resultaba contagiada siempre confiamos en que podría acceder a un ingreso hospitalario. Enferma de Alzheimer, mi madre ya había sufrido episodios en los que se escapaba de madrugada, deambulaba con desesperación buscando a su madre, la casa de su infancia o simplemente un mercado para comprar alimentos. La situación se hizo tan insostenible que los cuatro hermanos nos vimos abocados a ingresarla. Antes, habíamos intentado todo: llevarla a vivir conmigo, contratar a una mujer en su casa... pero esa angustia vital que tenía le impedía aceptar ninguna propuesta.
La enfermedad nos desbordó a todos y pensamos que en la residencia podrían ayudarnos, a ella y a nosotros. Y aunque esto supondría un sobresfuerzo económico, valía la pena si teníamos el apoyo médico y psicológico profesional que requería la enfermedad. El fatídico día que nos dijeron que mi madre tenía coronavirus, después de 30 días de llamadas y videollamadas, nos alarmamos mucho. Llevábamos ya cinco o seis días en que la notábamos muy extraña: tenía mal aspecto y se nos quedaba dormida mientras hablábamos con ella por videollamada. Ya nos habían dicho que la UME los había aislado en habitaciones, por lo que habían roto su rutina diaria de los últimos 4 meses: compartir sala de estar, comer y cenar con sus 23 compañeros en su misma situación y recibir nuestras visitas diarias, mañana y tarde, para dar un paseo, tomar un café o ver las tiendas del barrio que tanto le gustaban.
Esos días de espera, sin información, fueron horribles y nos pusimos en lo peor: podría morir por coronavirus. Pero también pensamos que estaría atendida, medicada adecuadamente y sedada si fuera necesario, para que en ningún momento sufriera ni por covid-19 ni por el Alzheimer.
Hoy, cuando he visto 57 fallecidos y he recordado esos 5 o 6 días de horror sin información y sin respuestas, he visualizado otra imagen muy diferente. 57 fallecidos en 2 meses son muchos ancianos. Tuvieron que ser días horribles. Como mi madre, muchos pudieron haber muerto por deshidratación severa o en el peor de los casos por desnutrición. Sus 23 compañeros de planta (todos enfermos de Alzheimer) disponían normalmente de sólo tres auxiliares en planta que incluso debían darles de comer en una sala común. Cuando en plena crisis se les aisló en habitaciones separadas y se redujo la plantilla por bajas por coronavirus o por abandonos del puesto de trabajo por miedo al contagio, se puede concluir que sería del todo imposible que una o dos personas hidrataran y alimentaran 4 veces al día a 23 enfermos con un alto deterioro cognitivo. Esos 57 ancianos, probablemente, enfermaron y murieron solos en sus habitaciones. A lo peor, sin comer ni beber lo suficiente y algunos, aún peor, con dolor.
Cuando después de 5 días sin noticias, en una videollamada, mostraron a mi madre a mi hermano, ya estaba delirando. Una hora después, la médico llamó para decir que se estaba muriendo. Gracias a que nos pusimos muy insistentes y a que ese fatídico 11 de abril habían derogado la orden de no trasladar ancianos de las residencias, conseguimos que la llevarán al Hospital Gómez Ulla. Allí nos dijeron que no había nada que hacer por el grave deterioro sufrido por el coronavirus y, sobre todo, por la hipernatremia provocada por una grave deshidratación. Tal vez, si a mi madre la hubieran llevado esos cinco días antes al hospital no se hubiera muerto. O a lo mejor, si la hubieran hidratado convenientemente.
Lo peor es que los ahorros de mi madre que guardó con esmero para pasar sus últimos días cuidada y asistida y sin suponer una carga para nosotros (cosa que la obsesionaba), al final han servido para que muera abandonada y sola en una habitación, sin los mínimos cuidados y desprovista del trato digno que se le debe a un enfermo.
Supongo que al igual que algunos de los miles de familiares de estos ancianos, yo me siento culpable por haber permitido esta situación y por haber participado del engaño. Por eso, necesito dar a conocer una de esas tristes historias.
Para mí, esos casi 11.555 residentes fallecidos en esos meses en la Comunidad de Madrid –el 22% del total de residentes, estimados por El País– son el resultado de una mentira y de un abandono: ni las residencias han servido para cuidar, ni el Estado ni la Administración autonómica han protegido el cuidado, la salud y el derecho a una muerte digna. Es una mentira: actualmente, las residencias se plantean más como negocio que como servicio público. La connivencia de grandes grupos empresariales y las administraciones han derivado en el abandono del ciudadano, en el momento más vulnerable de la vida. Más de 20.000 ancianos residentes han fallecido en toda España [a fecha del 18 de julio]. Como mi madre, son personas que nacieron en plena guerra civil y se afanaron durante toda su vida por legar a sus hijos mejores circunstancias vitales que las suyas. Ahora, en pleno Estado del bienestar, las hemos abandonado en la muerte más triste. Lo peor es que pretendemos ignorar lo que ha pasado. No se les ofreció un reconocimiento acorde con los hechos en el homenaje de Estado. Y no se está haciendo nada urgente por proteger a los ancianos que aún viven en las residencias de toda España, después de haber sufrido una experiencia tan traumática. No hay un plan estratégico firme que posibilite que estos ancianos puedan retomar un contacto estable con sus familias, algo básico para su salud y bienestar emocional. Por ellos y por todos los que se fueron, me animo a contar y a revivir esos terribles días. Se lo debemos todo. Todos. Las residencias tienen que cambiar".
Marga González es hija de Margarita Blanco, fallecida por coronavirus el pasado 25 de abril en el Hospital Gómez Ulla de Madrid durante la primera ola de la pandemia. Muchos otros de aquellos niños y jóvenes criados entre las adversidades de la guerra y la posguerra, que con su trabajo contribuyeron a levantar una nación sumida en el luto y arruinada, murieron en similares condiciones a lo largo de esa y las siguientes olas. Siguen muriendo mientras las vacunas no les alcancen a todos y algunos indeseables cuyos nombres hemos llegado a saber quieran ser los primeros en preservar su salud en virtud de sus cargos públicos, algo que ha llegado hasta a justificar el alcalde de Madrid.
La letalidad sigue siendo alta en las residencias de mayores y fuera de ellas, y mientras todo son políticas de restricciones aquí nadie plantea necesidades tan perentorias como contratar más personal sanitario en unas condiciones laborales dignas y evitar que los centros en los que residen nuestros ancianos sigan siendo, ola tras ola, lugares en los que el virus hace auténticos estragos. Marga tiene necesidad de creer en la justicia y España también, porque si esa necesidad no fuera satisfecha, tendríamos un grave problema para creer en la esperanza, por si no fueran suficientes los problemas en este mismo sentido.
DdA, XVII/4740
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