Félix Población
Casi
la mitad de los fallecidos en España por coronavirus o síntomas similares fueron ancianos internados en las residencias.
Creo que no se ha reparado lo suficiente en este geronticidio. La cifra oficial
contabiliza 24.372 personas alojadas en los 5.437 centros del país: el 48,5 por
ciento del total oficial de muertos registrados.
De
nada valió que en algunas de las comunidades autónomas donde fue mayor el número
de fallecidos se solicitara una comisión de investigación, a la que -como
ocurrió en Castilla y León- se negó el gobierno regional, según denunciaron los
diputados de la oposición. La muerte de más de 3.500 de nuestros mayores quedará
así enterrada en la inmunidad del olvido.
Asquea
esa política. Es la misma que preserva y auspicia el negocio que se está
haciendo en España con quienes forjaron este país y nacieron y crecieron entre
las penalidades de una guerra y una posguerra. En buena medida, ese negocio se
nutre del Estado. El 41 por ciento de los 4.500 millones de euros de
facturación de las residencias en 2018 procedían de la gestión de plazas
concertadas (1.370 millones) y de la gestión privada de plaza públicas (475).
El resto (2.655 millones) se obtuvo de la gestión de plazas privadas, pagadas
íntegramente por los usuarios.
La
expansión del negocio en el sector se debe a la creciente entrada de dinero
público: en 2019 se ofertaron más de 270.000 plazas, 42.000 más que hace diez
años, según datos del CSIC. Con toda seguridad, ante estos números, la oferta
privada seguirá creciendo en el futuro, máxime si los gobiernos autónomos de
cada comunidad no intervienen para reducir el déficit de plazas existente.
España está en un 4,3 por cada cien habitantes mayores de 65 años, por debajo
del 5 que aconseja la Organización Mundial de Salud.
De
las cinco principales compañías que administran las residencias, todas con más
de 45 geriátricos, dos tienen como principal accionista a fondos-buitre de
Jersey (Vitalia Home y Colisée), una a un fondo inglés (DomusVi) y
otra a un fondo de pensiones canadiense (Orpea). Cinco de los
ciudadanos más ricos de España están en ello: Florentino Pérez, los 'Albertos'
(Clece), Modesto Álvarez Otero y Carlos Álvarez Navarro (Ballesol). Así
como la quinta fortuna de Francia: la familia Mulliez (Amavir). Dos
grupos los controlan empresarios implicados en el caso Gürtel:
el ya condenado Enrique Ortiz (Savia) y el doblemente procesado José Luis
Ulibarri (Aralia). Son datos aportados por InfoLibre
en un reciente reportaje.
España
es uno de los países con más alta esperanza de vida. Las residencias son un pingüe
negocio al alza que seguirá nutriendo la desalmada codicia de quienes mercadean
con la ancianidad, el periodo más respetable de la vida en muchas viejas
culturas, y someten a la precariedad laboral más indigna a los trabajadores de
esos centros. Un maldito virus ha venido a gritarnos que a nuestros mayores se
les ha dejado morir en soledad y silencio. Hasta la fecha no hemos percibido una
reacción para que el Estado, a través de los gobiernos autonómicos, evite o
palíe que, ola tras ola, esa tragedia se repita. ¿Esperamos a la tercera?
Acabo
de ver la foto del menú de una residencia de Cáceres, gracias a la asociación
de Técnicos en Cuidados y Auxiliares de Enfermería: un grumoso puré y un par de
bocados de un minúsculo trozo de pescado reseco. Esa pudo ser la última
cena de uno de nuestros niños de la guerra y la posguerra que conocieron las
cartillas de racionamiento, antes de que el maldito virus estrangulara su
aliento en la soledad de su cuarto.
*Artículo publicado hoy también en La última hora
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