Félix Población
Una vez más, Pablo Fernández, que se bate en solitario como el diputado de la oposición que con más vigor y rigor critica la política del gobierno autonómico de Castilla y León, ha tenido el acierto de indignarse desde su escaño por algo que, en mayor o menor medida, afecta a todo el país pero que en esta Comunidad desde la que escribo incide más sobre mi ánimo.
El Partido Popular y Ciudadanos, en comandita y sin ningún tipo de vergüenza, se han negado a que se ponga en marcha una comisión de investigación que nos explique las causas del fallecimiento en las residencias de las nueve provincias que integran ese territorio de 3.443 ancianos como consecuencia de la epidemia que sufre el país.
No sabremos, por lo tanto, por qué durante la primera ola de la pandemia se dieron órdenes expresas para que no se trasladara a los enfermos a los hospitales, con los consiguientes efectos letales para los internos, y que han urgido al Procurador del Común a redactar un duro informe sobre esa gestión y exigir que no se demore por más tiempo un cambio de modelo residencial.
Para ello no debe primar en este, como hasta ahora, que esos centros sigan siendo nichos de negocio muy lucrativos al servicio de intereses empresariales foráneos, con capacidad para tejer la opacidad y la impudicia en la información y capacidad o disponibilidad para presionar a medios de comunicación como la SER -tal como apuntó el señor Fernández- en casos como el de la residencia soriana de Los Royales, donde se registró un alto número de fallecidos.
Los señores Mañueco e Igea se han negado a que se investigue qué negligencias se dieron en las residencias bajo la gestión de su gobierno para que a nuestros mayores, los que levantaron este país en los años más duros de la dictadura, se les haya abandonado en la soledad de sus habitaciones de modo tan ignominioso al final de sus esforzadas vidas.
Nadie pagará por ello, pero quienes administran esos centros seguirán acumulando beneficios sin que sobre este país se derrame todo el asco y la indignación que merece la miserable explotación de la ancianidad como un negocio codiciosamente lucrativo al que ni las muertes masivas ponen límite. Hechos así así hacen pensar que la miseria moral está tocando fondo.
DdA, XVI/4688
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