Vicente Bernaldo de Quirós
No hacía falta ser un experto en profecías ni tener siquiera ciertas dotes en las artes adivinatorias para darse cuenta de que el Tribunal Constitucional iba a obedecer a pies juntillas a la derecha política y mediática de este país en lo que respecta a la continuidad de la ley mordaza, y eso a pesar de que la libertad de expresión es un bien preciado que la Carta Magna establece en su artículo 20.
La ley de Seguridad Ciudadana, que el personal acertadamente rebautizó como ley mordaza, fue auspiciada por la mayoría absoluta del Partido Popular para frenar las protestas de los españoles contra los recortes masivos en libertades y economías durante el mandato de Mariano Rajoy.
La continuidad de esta ley, sometida a la decisión del Tribunal Constitucional por el PSOE cuando estaba en la oposición, fue ralentizada por los señores magistrados que se tomaron su tiempo antes de resolver sobre la cuestión que ponía en entredicho la atribución de los españoles de manifestarse o expresar libremente su opinión, hasta el punto de que durante su vigencia fueron muchos los ciudadanos que sufrieron en sus carnes los inconvenientes de la legislación.
Ahora, los integrantes del TC, por mayoría, decidieron que la ley mordaza es absolutamente homologable a una democracia convencional y que la devolución en caliente de los inmigrantes que llegan en patera a nuestras costas es permisible, a pesar de lo que supone el derecho de asilo en las fronteras europeas que tanto presumen de igualitarias y justas.
Han hecho nuestros magistrados alguna que otra modificación al contenido inicial de la ley porque los togados del TC puede ser ultraconservadores, pero no gilipollas, declarando no ajustado a la ley que se pueda fotografiar o grabar a los agentes policiales que controlan las manifestaciones.
¿Y eso?, se preguntarán los ciudadanos sorprendidos por la cuestión. Pues parece que el meollo está en el cambio en las personas que dirigen a nuestros agentes. Ya no es el PP quien dicta leyes que son objeto de controversia y ahora es la izquierda la que tiene en sus manos el Boletín Oficial del Estado.
Evidentemente, en el entorno social y familiar de los jueces de derechas hay personas que salen a la calle para mostrar su repulsa a las decisiones políticas del Gobierno y, naturalmente, hay que garantizar su derecho a la protesta.No sería bueno que los cacerolos del barrio de Salamanca que quieren acabar con Sánchez e Iglesias a golpe de lo que sea tuvieran un encontronazo con los agentes de la autoridad y se vieran sometidos al imperio de la ley. O podrían verse afectados por esta disposición los españoles de banderita y lemas franquistas que recorrieran las calles de Galapagar despreciando la vivienda de dos ministros a golpes de insultos y calumnias.
Quien ahora se manifiesta es la derecha política en todos sus matices, incluso en limusina, y tendremos que aceptar que están en su derecho y la ley mordaza no les atañe. Este año no han podido abuchear a Pedro Sánchez en el desfile de las Fuerzas Armadas porque la pandemia lo suspendió, y eso genera demasiadas frustraciones en nuestros cayetanos.
Digamos también que la profusión de pateras en España, fruto de la inaguantable presión sobre los africanos más pobres, ha supuesto un colapso en las ayudas a la regulación de la inmigración y esa situación generó en Canarias un grave problema de orden público que mientras no se canalice será pasto de los informativos y de las difusiones injuriosas por las redes de quienes más prejuicios tienen hacia los que vienen de fuera.
Hay que poner de relieve que las propuestas del Gobierno canario y de su diputada nacional Ana Oramas para repartir por todo el territorio nacional, a los inmigrantes hasta tanto no se resuelva sobre su petición de asilo, son más razonables que el alarmismo negacionista del ministro del Interior y que la imaginación de algunos de nuestros políticos de cabecera anda más bien floja. Que mejor salida para la España vaciada que la incorporación a sus pueblos de personas procedentes de otros países con ganas de enraizarse en esta nación y vivir sin agobios ellos y sus familias el resto de sus vidas.
De todas formas, hay un hecho incuestionable: que la ley mordaza sea, desgraciadamente, legal, no quiere decir que tenga que ser obligatoria y el Gobierno español tiene la potestad de derogarla en cualquier momento y hacer una lectura progresista de las leyes de libertad de expresión y de las de asilo. Más que nada para que, si vuelve la derecha más extrema, no nos den con esa legislación en toda nuestra conciencia moral.
DdA, XVI/4679
No hay comentarios:
Publicar un comentario