viernes, 11 de septiembre de 2020

EL CORPORATIVISMO JUDICIAL PROVOCA ESTRAGOS

Vicente Bernaldo de Quirós

El espectáculo de la renovación de los miembros del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y de otros altos tribunales de la nación adquiere ya tintes de una función circense, en la que los protagonistas sobreactúan ostensiblemente y algunos nos quieren hacer comulgar con las ruedas de molino de que quieren modernizar el sistema. Uno se asombra cuando escucha al presidente del CGPJ y a la vez presidente del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, "volver a exhortar" a los partidos políticos para que lleguen a un acuerdo que suponga el relevo de los actuales integrantes de ese órgano y el funcionamiento normal de las instituciones. Y uno se pregunta si el conservador representante de los jueces ha hecho sus deberes para conseguir tal modificación. Por ejemplo, podría paralizar los nombramientos de nuevos cargos judiciales que el CGPJ sigue realizando aunque está fuera de plazo. Es de suponer que hasta un juez recién aprobadas las oposiciones, aunque fuera de chiripa, consideraría irregulares estas designaciones. Y si fuera preciso también podría haber presionado al Parlamento para obtener ese objetivo, teniendo en cuenta que hasta los magistrados de esta España cañí llegaron a plantear una huelga para conseguir un incremento salarial.

Si entre los propios afectados parece que, en puridad, no les importa demasiado el relevo de sus órganos, no digamos nada de los integrantes del bipartidismo, si bien es verdad que unos más que otros.

   El PP siempre ha escogido a los jueces más leales con su doctrina ideológica para integrar el CGPJ. Se juegan muchas resoluciones en el Supremo y en el Constitucional como para dejar en manos de cualquiera las sentencias sobre sus delitos, siguiendo la norma impulsada por el que fuera ministro de Justicia, Federico Trillo, quien impuso su doctrina en las épocas de la mayoría absoluta, entre otras cosas, para salvar su propio culo después de su arbitraria distribución de los restos de los militares que perecieron en el sospechoso accidente del Yak 42 y que él (ya conoceis la generosidad del Opus Dei) endilgó a un general, inferior suyo en el Ministerio y que padecía una enfermedad terminal.
   Al PP le viene bien ahora esta prórroga indefinida, porque tienen los suyos mayorías en el Consejo y en los máximos tribunales y no va a perder su influencia para que el Gobierno se aproveche y revoque la mayoría conservadora. Y no digamos nada si en la pedrea del reparto de jueces le corresponde alguno a Podemos, que es la bestia negra de la derechona.
   Pese a que ahora el PSOE parece situarse en posiciones más razonables a la hora de renovar el CGPJ, la pequeña historia de la democracia judicial de este país tiene elementos muy curiosos de lo que en su día postuló el partido de Felipe González para el órgano de los jueces.
   No sería la primera vez que otra fuerza política que no fuera PP y PSOE metiera moneda en los nombramientos del CGPJ. A los catalanistas se les permitió designar al inefable Lluis Pasqual Estevill, que tuvo que dejar el cargo por chanchullero, corruptor y prevaricador. Y en una ocasión, Izquierda Unida postuló a Manuela Carmena, la que fuera luego alcaldesa de Madrid para ese cargo.
   Siendo este sistema de reparto de jueces bastante deficiente, es mucho mejor que el que permitía a los propios togados elegir a quienes de sus compañeros iban a representarles en el CGPJ, entre otras cosas porque la Justicia es demasiado importante para dejarla en manos de los jueces y también porque la experiencia demuestra que el corporativismo judicial provoca demasiados estragos en la independencia de este poder.
   Dije en numerosas ocasiones, y sigo diciéndolo ahora que el mejor método para designar a los integrantes del CGPJ es que seamos los ciudadanos los que votemos a quien queremos para defender los intereses de la Justicia. Si tanto se quiere acercar la Justicia al justiciable, como rezan algunas manuales del Derecho, no hay mejor ocasión que sea el propio justiciable el que tengas la última palabra para nombrar a los jueces del Consejo, porque además, los elegidos no tendrían que mirar por el rabillo del ojo a los partidos que los sustentan por si cometen alguna pifia y los electores somos hijos de distintos padres y madres y solo tendrían que rendir cuentas a los propios españoles.
   Es posible, y no sé si probable que, dada la visceralidad de nuestros compatriotas, la elección recaería en aquellos togados de convicciones más conservadoras o en partidarios de la mano dura y el tente tieso. Pero prefiero correr ese riesgo a que los que rijan el órgano de los jueces lo sean en función de sus adscripciones ideológicas. Y quedaría fijada la frecuencia del voto, sin que hubiera lugar a sospechosas e incómodas prórrogas.    

       DdA, XVI/4609       

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