Vicente Bernaldo de Quirós
En casi todas las redes sociales y en los
diarios nacionales de la extrema derecha, abundan las referencias a una profusa
existencia de okupaciones de viviendas particulares, casi en plan invasión de
asaltantes de domicilios. Incluso el diario El Mundo, que se ha convertido por
méritos propios en el portavoz oficioso de Vox, llegó a abrir la portada con
una referencia a la existencia de mafias profesionales de okupas.
De la constatación de las noticias diarias
creíbles y de los propios comunicados de las fuerzas policiales, parece ser que
esa maraña de okupas es más una exageración política de quienes quieren hacerle
cosquillas a la coalición de gobierno por no velar por la propiedad privada que
una realidad pura y dura.
Son, sin embargo, los ciudadanos que comparten
cualquier bulo que tenga más o menos verosimilitud los que se han encargado de
alarmar a la gente de orden con esas historias de asaltantes de pisos que la
justicia apenas puede solventar con la expulsión de los invasores.
Lo de las mafias de okupas tiene su punto,
porque nadie conoce ninguna y, sobre todo, en los juzgados no ha sido
presentada denuncia alguna sobre este particular. Personalmente, la única mafia
que conozco deviene de hace unos cuantos años cuando un empresario (desconozco
ahora si de Madrid o del País Vasco) pretendió expulsar de su casa a una pareja
de ancianos de poca renta y muchos años para que se fueran del piso y así poder
construir y vender caro en pleno boom del ladrillo. Para obligar a los
viejecitos a renunciar a su domicilio de toda la vida, el mafioso recurrió a
familias desestructuradas y a mercenarios de cualquier causa injusta para que
montaran fiestas y escándalos diarios con el objeto de hacer imposible la vida
de la pareja. No recuerdo muy bien cómo acabó aquella historia, pero sé que
intervinieron los tribunales y hasta intuyo que los ancianos permanecieron en
su casa.
El rumor sobre las mafias locales no se sabe
de quien emana, pero algunos amigos míos que tienen algo que ver con el mundo
del derecho me apuntan hacia los grandes bufetes de abogados encargados de
llevar los asuntos de propietarios muy solventes y empresas constructoras que
buscan un atajo para conseguir sus objetivos.
Otra línea de investigación es la de las
empresas de colocación de alarmas que buscan con sus escandalosas informaciones
convencer a los propietarios débiles de carácter de la necesidad de instalar en
sus domicilios medidas de prevención de robos con enlaces con la Policía. Me
dice algunos contactos que durante los casi tres meses de confinamiento
la colocación de alarmas se situó en el nivel más bajo (para qué cojones íbamos
a instalar un chivato de esos si estábamos todo el puto día en casa).
De las informaciones de tribunales no se
extrae conclusión alguna que suponga un incremento de la preocupación de la
población, ya que el número de okupas se mantiene en el mismo nivel que
en los últimos años y los que han optado por ese método son familias o
ciudadanos que han sido desalojados de sus casas por impago a causa de sus
nulos ingresos por el paro o la precariedad.
Es sorprendente la argumentación de muchos de
quienes propagan los bulos sobre las okupaciones que inciden en la inseguridad
jurídica de la propiedad privada, pero no mentan, ni tangencialmente, el derecho
constitucional a la vivienda de todo español o ciudadanos que resida en el
país.
Es inversamente proporcional la falta de
vivienda barata para los ciudadanos con pocos recursos al mayor número de
asaltos de viviendas, que sobre todo se origina en aquellos pisos
ostensiblemente vacíos. Un tertuliano de derechas se quejaba hace unas semanas
de que "después de seis años fui a ver uno de mis pisos en un barrio de la
ciudad de X y lo vi okupado por una decena de individuos". Aparte de querer
conocer que hizo ese propietario durante los seis años de ausencia de la casa y
si procuró que su mantenimiento fuera el correcto, a mí este tipo de
categorismos declarativos me resulta bastante poco creíble. ¿Que quereis
que os diga?
DdA, XVI/4598
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