Félix Población
Ni siquiera en medio de unas circunstancias tan graves como lo son las propias de una pandemia -algo que no ocurría en España con similar incidencia desde hace un siglo-, han cesado de acosar a uno de los pocos partidos que hasta ahora observa una trayectoria libre de corruptelas, en contraste con la de los partidos que se turnaron en el poder en los últimos cuarenta años. No deja de ser significativo que después de los ataques recibidos para que Unidas Podemos no entrara en el Gobierno, la segunda parte del mismo espectáculo consista en tratar por todos los medios y con las mismas ardides falsarias de que salga, coincidiendo además esta tanda de acoso político, judicial y mediático con la huida de la justicia de quien fuera Jefe del Estado y máximo representante del régimen del 78. Nadie parece reparar en la agresión a la dignidad de más de tres millones de votantes que comportan casos como el que el juez Escalonilla acaba de montar contra Podemos sin ninguna prueba. Se trata, como se viene denunciando sin que la mayoría de los medios lo considere, de una investigación prospectiva, consistente en investigar a una persona o a una organización no por un supuesto hecho delictivo concreto, sino con carácter general, ‘a ver qué pescamos’. El procedimiento recuerda los del viejo régimen, cuando la dictadura perseguía la llamada "peligrosidad social" para prevenir hechos delictivos, vinculada al denominado Derecho Penal de autor, frente al Derecho Penal de hecho o de acto y terminantemente prohibida por la legislación vigente. Es muy probable que todo acabe en nada por enésima vez, cuando los investigados se presenten ante el juez el próximo 2o N, fecha muy posiblemente no fijada por casualidad. En el supuesto caso de que pudiera darse en este país, gota a gota y falsedad tras falsedad, una demolición prefabricada por los poderes políticos, judiciales, financieros y mediáticos del proyecto político que representó y representa Podemos, y la Corona no se resintiera de los casos de corrupción que pesan sobre ella, España no tendría esperanza. Por eso debemos negarnos a creerlo, por más que cada día nos demuestren la mayoría de los medios de comunicación que su flagrante y creciente falta de dignidad profesional está siendo sumamente lesiva para la democracia española y que nuestra historia -la que menos nos han enseñado- sabe muy bien qué puede ocurrir cuando la democracia flaquea. Desde hace un tiempo ya se sienta en el Congreso el partido que no tendría ninguna reserva en favorecer ese proceso de desgaste, pues forma parte de su propia gestación y la memoria a la que se debe. El juez Escalonilla ha admitido a ese partido como acusación particular contra Podemos, después de haber archivado en 2018 un caso abierto por comentarios fascistas incitadores al odio y amenazas de muerte contra la alcaldesa de Madrid Manuela Carmena. Si se tiene en cuenta que Vox ha planteado una moción de censura contra el Gobierno, pareciera que se la ha querido magnificar con esa acusación particular del partido de extrema derecha, al que ni siquiera se le ha pedido una fianza para ejercerla en la causa prospectiva de Escalonilla, el juez que archiva los delitos de odio y las amenazas de muerte de la extrema derecha contra la alcaldesa de la capital del Estado
"PODEMOS" Y EL CONSENSO DEL 78
Javier Leizaola
Una ofensiva política, mediática y judicial como la que Podemos viene sufriendo desde su fundación en 2014 –y que se ha recrudecido tras el acceso del partido al Gobierno central– no es nueva en el régimen del 78, pero sí lo es que afecte precisamente a una fuerza política con presencia en el Ejecutivo. Fue una obsesión –política, mediática y judicial– que Podemos no accediera al Gobierno central y es una obsesión –política, mediática y judicial– desalojarlo de él, porque su presencia en el Ejecutivo constituye una anomalía en régimen del 78. Decir que la ofensiva contra Podemos no tiene precedentes en ninguna otra fuerza política no tiene ningún sentido –los tiene, aunque no los tiene en ninguna fuerza política de ámbito estatal con representación en el Congreso–, pero decir que, como tiene precedentes, no tiene importancia tampoco tiene ningún sentido.
Podemos es fruto de la crisis de 2008 y más concretamente de sus consecuencias económicas, políticas y sociales, que evidenciaron la auténtica naturaleza del régimen producto de la Transición y del turnismo bipartidista impulsado por la Constitución de 1978 y la ley electoral. El régimen del 78 no tenía previsto que una fuerza política como Podemos lograra la representación en el Congreso que ha llegado a lograr –ni siquiera la que aún mantiene–, y tenía aún menos previsto que una fuerza política como Podemos accediera a una vicepresidencia y varios ministerios del Gobierno central. De ahí la presión sobre Podemos –y muy especialmente sobre su secretario general, Pablo Iglesias– para que se abstuviera ante aquel pacto de gobierno de PSOE y Ciudadanos tras las generales de diciembre de 2015. O de ahí la repetición de las generales de abril de 2019.
La ofensiva política contra Podemos es compartida por los tres partidos del trío de Colón: Ciudadanos, PP y Vox. Ayer, unidos precisamente en la madrileña plaza de Colón. Hoy –aunque siguen unidos mediante pactos de gobierno o de legislatura en diversas comunidades autónomas y ayuntamientos–, a nivel estatal han diversificado sus tácticas pero comparten un mismo objetivo: alejar o desalojar a Podemos del Gobierno central. Precisamente el mismo objetivo que comparten los principales medios de comunicación del régimen del 78, desde los más supuestamente progresistas hasta los más abiertamente ultraderechistas, que curiosamente en no pocas ocasiones comparten dueño. Esta ofensiva mediática contra Podemos se traduce en portadas y portadas de periódicos y horas y horas de radio y televisión trufadas de bulos y ‘fake news’, y se ha recrudecido desde el acceso del partido al Gobierno central.
La ofensiva judicial contra Podemos está estrechamente relacionada con las dos anteriores y vinculada al ‘lawfare’ o guerra judicial, que remite al uso y abuso de procedimientos judiciales de aparente legalidad con el objetivo de desprestigiar y provocar el rechazo popular y finalmente la caída de un rival político. Podemos es sin duda la fuerza política más investigada judicialmente en estos seis últimos años –sus seis años de vida–, y es que fuentes del partido han denunciado que “contra Podemos, todo tiene trámite”, algo que enmarcan en la investigación prospectiva –que consistente en investigar a una persona o a una organización no por un supuesto hecho delictivo concreto sino en general, ‘a ver qué pescamos’, como cuando el franquismo perseguía la ‘peligrosidad social’, para prevenir hechos delictivos contra el orden establecido–, vinculada al denominado Derecho Penal de autor –frente al Derecho Penal de hecho o de acto– y terminantemente prohibida por la legalidad vigente.
Vox protagonizará en otoño una moción de censura contra el Gobierno de coalición –“muchos diputados, de aquí al otoño, serán interpelados en las calles para apoyar esta moción”, ha bramado su presidente. Santiago Abascal–, y el partido ultraderechista se ha personado en la causa abierta por un juez contra Podemos, que fuentes del partido han enmarcado en esa investigación prospectiva. Mientras tanto, la prensa que ha pasado de puntillas por los escándalos de Juan Carlos I y sigue pasando de puntillas por la huida de España del anterior jefe del Estado se vuelca en la ofensiva contra Podemos en general y contra Iglesias en particular.
Es cierto que las ‘cloacas del Estado’ ya existían antes de la fundación de Podemos en 2014; tanto, que no han dejado de existir durante todo el régimen del 78. Tan cierto como que siguen existiendo –así lo acreditó recientemente la comisión de investigación del Congreso sobre las mismas– y que actualmente una de sus principales obsesiones es desalojar a Podemos del Gobierno central, pues el régimen siempre ha considerado al partido liderado por Pablo Iglesias una amenaza para el consenso del 78, el consenso del bipartidismo monárquico y juancarlista.
DdA, XVI/4583
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