martes, 21 de abril de 2020

LA MISERIA EN LOS PÓRTICOS Y EL INGRESO MÍNIMO VITAL


Félix Población

Si no fuera por el vestuario de los dos muchachos que se observan en primer plano, la imagen podría localizarse en cualquier lejano siglo de nuestra historia, a juzgar por la traza de las pordioseras -todas mujeres- que se encuentran en las escaleras del pórtico central y la entrada lateral de la iglesia de San Lorenzo de Gijón. 


Pero como bien saben los ciudadanos de aquella villa, aquel templo neogótico, proyectado por  el arquitecto Luis Bellido, se consagró en el verano de 1901, de modo que la fotografía data del primer decenio del pasado siglo. Eso supone que muchos de nuestros abuelos asistieron a esa escena de mendicidad cotidiana que se registraba en aquellos años ante los pórticos de las iglesias, reiterada a lo largo de las centurias precedentes y durante buena parte de aquella, y todavía ahora de modo aislado.

El proyecto del ingreso mínimo vital que tiene en cartera el Gobierno para que tres millones de hogares españoles, más los que puedan sumarse a esa lista con la grave crisis económica que se nos viene encima, trata de impedir que no se mendigue la caridad como en ese infausto pasado. Sin embargo, ha merecido el rechazo de los señores obispos de España, los mismos a los que se les excusa de pagar el IBI por un patrimonio inmobiliario que no han tenido ni siquiera la decencia de ofrecer al Estado ante la epidemia de la COVID-19.

El portavoz de la Conferencia Episcopal Española ha participado a los medios de comunicación que sólo considera necesaria esa ayuda de modo coyuntural para quienes han perdido el empleo, pero no de modo permanente: "Pensar en una permanencia de grupos amplios de ciudadanos que vivan de manera subsidiada, yo creo que no sería un horizonte deseable a largo plazo para el bien común", ha dicho monseñor Argüello, muy preocupado porque el Estado asista a quienes podrían volver ser mendigos en los atrios de las iglesias o en las instituciones de caridad, tal como ocurría en el pasado.

Indigna lo que al portavoz Argüello le preocupa el bien común, sabiendo que la institución a la que pertenece -y gracias a los privilegios que mantiene desde la dictadura- debe al Estado -si estuviera obligada a pagar el IBI- entre 600 y 650 millones de euros al año por aquellas propiedades que no tienen uso público y no están destinadas al culto. Hay quienes estiman que esa cantidad está muy por debajo de la real.

Llama también la atención que los obispos españoles no estén en conformidad con lo que mantiene el papa Francisco al respecto, que sí se muestra partidario de ese ingreso mínimo vital. No olvidemos que Francisco  dijo estar también a favor  -ante el periodista Jordi Évole- de que la iglesia española pagara el IBI. Lo estamos esperando del Gobierno de la nación.

PS. También seguimos a la espera de que los respectivos monseñores de Granada y Oviedo, así como el expresidente Rajoy, sean sancionados por celebrar misas los primeros y hacer deporte el segundo en la calle en periodo de confinamiento. ¿O es que las multas son también para el resto?

PS. La iglesia católica gastará 48 millones de euros en Madrid para dedicarlos al negocio inmobiliario. (El País).


      DdA, XVI/4472      

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