Félix Población
Hace poco más de un año por estas fechas fue noticia de actualidad que una empresa funeraria de Valladolid, que respondía al redentor nombre de El Salvador, fue acusada no solo de cambiar féretros ya comprados por otros más baratos antes de incinerar a los fallecidos, sino de usar únicamente la tapas de los ataúdes para tal menester.
Es de recordar tan miserable y vil delito siempre que asistamos en este país a episodios de similar proceder como los que se están dando estas semanas, cuando cada día son centenares las víctimas mortales en España como consecuencia de la pandemia que recorre el mundo. Al lado de la encomiable y extraordinaria labor que está llevando adelante todo el personal de nuestros hospitales públicos, la existencia de esa gentuza que comercia con el dolor, la enfermedad y la muerte resulta aún más abominable e ignominiosa.
También ahora ha habido funerarias que se han lucrado con un incremento mayúsculo en sus tarifas, hasta que el Ministerio de Sanidad ha intervenido con diligencia para evitar semejante desafuero, obligando a los desalmados que las gestionan a devolver el importe de lo cobrado (robado) de más a sus clientes y fijar como precio el establecido antes de la Covid-19. ¿Se puede ser tan vil con quienes han sufrido el doble dolor de perder a sus seres queridos y no han podido además abrazarlos en la agonía?
¿Y qué me dicen, bajando a la pequeña escala de la picaresca canalla, de esos desaprensivos sujetos que se presentan en las casas de los ancianos que viven solos para hacerles supuestos tests médicos y aprovechan su confianza y su miedo para robarles, tal como se viene denunciando?
¿Y qué decir de los malditos acaparadores que especulan con el comercio de mascarillas? El Colegio Oficial de Farmacéuticos de Las Palmas denunció hace poco la venta ilegal de mascarillas a 14 euros en Lanzarote, cuando el precio por unidad no pasa de los 30 o 40 céntimos.
Con solo dos actuaciones de la Policía Nacional en establecimientos comerciales de Madrid, una vez aplicado el decreto de alarma sanitaria, los agentes se incautaron de 12.886 soluciones hidroalcohólicas, 19.6000 mascarillas, 1.280 gafas protectoras, 150 batas desechables y casi medio millón de guantes de nitrilo. Mientras esos desalmados acaparadores pretendían hacer negocio con ese material, miles de sanitarios se estaban jugando la vida para salvar la de miles de enfermos en los hospitales.
Ayer pudimos comprobar, mediante llamadas telefónicas a varios laboratorios, que se están haciendo igualmente test privados al precio de 150 euros cuando su precio en origen no pasa de los dos y ese material debería estar a disposición de la sanidad pública.
¿No quedamos en que en un estado de alarma como el que se decretó hace más de dos semanas en el país no se puede acaparar ni especular con el género sanitario y hay obligación -como advirtió el ministro de Sanidad en su día- de entregarlo al Gobierno para que las autoridades sanitarias hagan uso del mismo?
El acaparamiento y la especulación con ese material en un estado de alarma está penado por la ley. Nuestros sanitarios se están contagiando, enfermando y muriendo por la carencia del mismo, mientras asisten al fallecimiento de centenares de personas cada día, un día tras otro: ¿A qué están esperando nuestras autoridades para aplicar el Código Penal con todo su rigor ?
No quiero dejar sin aludir en esta relación de indeseables ciudadanos a los nefastos propagadores de bulos y falacias que se sirven de la necesidad de información, en una coyuntura humanamente tan requerida de la misma, para difundir todo tipo de infundios en las redes, utilizando como mediadores para su difusión la candidez o la idiotez de muchos inscritos. (Léase La criminal estrategia del infundio).
Ante la crítica situación que vive la sociedad por la crisis del coronavirus, Sandra Sabatés recuerda lo imprescindible que resulta el gasto público en Salud. Y es que España es el cuarto país del mundo que más ha recortado en Sanidad.
PS. La delegada de Acción Social y Mayores de Jerez, Carmen Collado, ha lamentado el riesgo potencial que puede suponer el uso de mascarillas repartidas por el Partido Popular con su logotipo, por parte personal que presta servicio de ayuda a domicilio con colectivos de riesgo, ya que “este tipo de mascarillas no están autorizadas para este uso por la Junta de Andalucía”.
DdA, XVI/4452
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