En sí misma, la drástica supeditación de la política catalana a los jueces (que convierte la Generalitat en un órgano tutelado) es un problema colosal. Y puede convertirse en un problema gigantesco: la tutela judicial podría estar ampliando su campo de acción. Podría estar contagiando también a la política española en general. No es necesario ser un gran experto en derecho o en política para deducir que ésta es una lógica diabólica. En una situación de frentismo como la actual, habría que detenerla cuanto antes.
Si no se detiene, la preeminencia absoluta de los dictados judiciales sólo conduce a dos destinos, ambos igualmente funestos. O bien al regreso posmoderno de la Guerra Civil (los magistrados harían la función que hicieron los generales: apostar por un bando o frente de la ciudadanía española); o bien a la mutación autoritaria de nuestra democracia, forzada a aceptar la tutela de una interpretación jurídica parcial. Esto sería menos trágico, aunque igualmente desolador. Sería una especie de funeral turco o polaco para una democracia que fue fundada sobre un pacto ambiguo, de cesión mutua, entre fuerzas antagónicas. ¿Acaso hemos olvidado que las mutuas cesiones de la transición se hicieron, sobre todo, para evitar el retorno de los trágicos fantasmas del pasado?
DdA, XVI/4399
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