EL ROBO DE LAS INMATRICULACIONES

Félix Población

Gracias a la presencia de Aznar el de las Azores en la jefatura del gobierno hace más de veinte años, presencia que tendría su histórico y vergonzoso final en la legislatura de la invasión armada de Irak -con el engaño y excusa de que ese país disponía de armas de destrucción masiva-, la católica iglesia de España ha inscrito como suyas un total de 30.000 propiedades, como consecuencia de una ley del viejo régimen, ampliada en 1998 por el presidente más trapacero de la reciente historia de este país. Basta recordar su nefasto papel en las gestión de los atentados del 11 de marzo de 2004, de suficiente y bochornosa entidad para que ese sujeto se hubiera retirado de cualquier protagonismo público.

Entre esas propiedades inmatriculadas hay de todo, desde un mezquita-catedral hasta locales comerciales, pasando por cementerios, huertos, casas, pisos, parcelas, fuentes y frontones. La Ley Hipotecaria aprobada en 1946 durante la dictadura incluía en su artículo 206 la equiparación de la iglesia católica con una corporación pública a la hora de inscribir un bien inmueble. Solo era necesaria la rúbrica de un obispo, que actuaba como funcionario público, para que una propiedad fuera inscrita a nombre de la institución. 

Esa norma no solo no fue derogada en su día, con la llegada de una democracia tan permisiva con los privilegios de la iglesia conquistados durante el nacional-catolicismo, sino que con Aznar se  aprobó un decreto en 1998 que ampliaba esos privilegios de apropiación. De esta forma se extendió la posibilidad de que la Iglesia hiciera suyos mediante esta vía los lugares de culto, hasta entonces al margen de la norma, como la mismísima mezquita de Córdoba, operación que apenas le costó 30 euros. Así, hasta las 30.000 propiedades adquiridas entre 1998 y 2015. 

Si se tiene en cuenta que a ese desordenado afán de codicia, propio de pecado capital, se añade la concesión que permiten los sucesivos gobiernos al pagar con nuestros impuestos las restauraciones de esa propiedades de la iglesia o el acceso a iglesias y catedrales, no hay otra que calificar de doble robo lo que esas inmatriculaciones han supuesto en ese periodo. 

Tal como leo hoy en un articulista, no publicar el listado de inmatriculaciones llevadas a cabo, a través de esa alianza entre una ley del viejo régimen y uno de los gobiernos del Partido Popular,  para que se abra la veda a los pleitos que reclamarán legítimamente la recuperación de todo ese patrominio, sería  mantenerse genuflexo ante una institución cuyo papel en la historia democrática de este país ha sido el de hacer caudillo por la gracia de Dios a quien le concedió esos y muchos más privilegios -como el de educar a varias generaciones de ciudadanos- a costa de una atroz represión.

Estamos a la espera de que el gobierno, cuando lo haya de una vez -si es el que cabe esperar-, publique el censo de todas esas inmatriculaciones que se hicieron hasta hace cuatro años sin ningún control, porque el mismo hecho de que esto haya sido posible nos entronca -también- con nuestro pasado dictatorial.

                        DdA, XV/4245