Tal como dice en su artículo Carlos Hernández, publicado hoy en eldiario.es, el Tribunal Supremo de España se alió ayer, en su auto para detener la exhumación del último dictador de Europa del santo sepulcro que ocupa en el valle de los Caídos desde hace más de cuatro décadas, con dos de los aliados dictadores de nuestro dictador, y hasta con tres si se cuenta al dictador portugués Oliveira Salazar. No olvidemos que durante la Guerra Civil el presidente Salazar autorizó que pasara por el vecino país la ayuda militar prestada a los militares golpistas españoles por Hitler y Mussolini. La alta institución española coincide con los mandatarios nazi-fascistas que provocaron la gran masacre de la segunda Guerra Mundial en admitir la jefatura del Estado de Franco desde el 1 de octubre de 1936. La credibilidad del alto tribunal, ya muy devaluada por el tratamiento de la Memoria Histórica y por el socorro prestado a los bancos para que no pagasen el impuesto de las hipotecas, se hunde un poquito más si cabe porque no parece estar en su ánimo rectificar ni pedir perdón por su dislate. La democracia borbónica está cada vez más tocada, decía ayer Artal, y no se deja de hurgar en la herida, aunque haya quien hable de re-restauración porque el PSOE resiste y la corrupción se asimila por quienes quieren más de lo mismo. Le puntualizo a Hernández que el Supremo, como hizo notar uno de sus lectores, no sólo rechazó el derecho de subvencionar a los familiares de las víctimas del franquismo para recuperar sus restos sino también el derecho de acceso a la justicia. Este Lazarillo cree por ello, con Carlos, que el alto tribunal de este país se ha situado junto a dictadores y banqueros:
España, junio de 2019. El
Tribunal Supremo retrocede 83 años en el tiempo no solo para legitimar a
Francisco Franco, sino también para dar la razón a Adolf Hitler y a
Benito Mussolini. Ellos fueron dos de los pocos líderes mundiales, y los
únicos de relevancia, que dieron por buena la designación como jefe del
Estado de un general gallego, bajito y con voz atiplada, llevada a cabo
por una horda de militares golpistas en el otoño de 1936. El Führer y el Duce han dejado de ser los únicos, porque ahora esa elección ilegal ha sido avalada por nuestro Tribunal Supremo.
Es
difícil creer que la perversa redacción de ese auto sea fruto de un
inocente error o de la mera traición de un subconsciente que ha pasado
demasiadas horas cara al sol. Aunque es la más grave, se trata de una
decisión más. Una decisión que ahonda en la jurisprudencia
filofranquista aplicada por el Alto Tribunal durante todo el periodo
democrático. La lista de ejemplos es amplia y reveladora. El Supremo
evitó condenar a varios alcaldes que habían incumplido la Ley de Memoria
Histórica al negarse a retirar la simbología fascista de las calles. El
Supremo, recientemente, ha rechazado que los familiares de las víctimas
tengan el derecho a obtener ayudas económicas estatales para recuperar
los restos de sus seres queridos, asesinados por defender la democracia y
la libertad. El Supremo inhabilitó a Baltasar Garzón cuando osó
investigar los crímenes del franquismo. Los magistrados buscaron la
excusa para hacerlo en otro de los casos que instruía, pero la
"coincidencia" no pasó desapercibida para nadie. El primer juez en 40
años de democracia que osaba poner su foco en el tirano era conveniente y
oportunamente defenestrado.
Es una evidencia que, en la inmensa mayoría de sus
decisiones, el Supremo se ha puesto siempre del lado de la dictadura,
del lado de los verdugos y enfrente de sus víctimas. Es obvio también
que parte del problema proviene de una Ley de Memoria Histórica
descafeinada que encaja perfectamente en una legislación global amable
con el franquismo. Una legislación que ni siquiera anula las sentencias
dictadas en los juicios farsa que celebraban los tribunales militares y
civiles durante la guerra y la posterior tiranía. Una legislación que,
en el mejor de los casos, es tan equidistante y ambigua como para que
cualquier magistrado con caspa pueda interpretarla a mayor gloria del
"Caudillo". Sin embargo, las leyes no son las únicas culpables. La
judicatura sigue trufada de magistrados que esconden bajo sus togas la
camisa azul heredada de sus padres y sus abuelos.
Con
este auto, el Tribunal Supremo ha terminado de dilapidar buena parte de
la ya escasa credibilidad que atesoraba. Apenas han pasado seis meses
desde aquel sonrojante día en el que su presidente corrió, más que
nunca, para evitar que los bancos tuvieran que pagar el impuesto de las
hipotecas. No le importó saltarse todos los procedimientos establecidos
hasta ese momento… ni humillar a los miembros de la sala competente
corrigiendo su decisión… ni embarrar la imagen de la institución que
presidía. La banca mandaba y ganaba.
Sin haberse
recuperado de aquel desastre, el Supremo ha dado el penúltimo paso hacia
el abismo. Y lo ha vuelto a hacer en el peor de los momentos. No hay
que ser independentista para sorprenderse de que en una sala del Alto
Tribunal se acuse de golpistas a los políticos catalanes, mientras en la
otra se legitima a los golpistas que secuestraron nuestras libertades
durante cuarenta años. No hay que ser independentista para dudar de la
credibilidad e incluso de la legitimidad de esos magistrados para quemar
en la hoguera a quienes se saltaron la Constitución el 1 de octubre de
2017 en una acción incruenta que apenas tuvo consecuencias reales, al
mismo tiempo que avalan la proclamación ilegal de un dictador que acabó a
bombazos con el orden constitucional vigente, provocó una guerra que
arrasó el país y asesinó a decenas de miles de demócratas.
Este
miércoles la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica ha
exigido al Supremo que rectifique su auto. No estaría de más que esa
corrección fuera acompañada de una petición de perdón a todos los
españoles, en general, y a las víctimas del franquismo, en particular.
Está por ver si Carlos Lesmes y sus huestes atienden la exigencia,
recuperando una pequeña parte de la dignidad perdida, o demuestran que
su sitio continúa estando al lado de dictadores y banqueros.
Léase@también: El Ministerio de Defensa también da validez al gobierno de Franco desde 1936.
Léase@también: El Ministerio de Defensa también da validez al gobierno de Franco desde 1936.
DdA, XV/4191
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