jueves, 14 de marzo de 2019

MERCADEO DEL PP CON EL FRUTO DE LOS VIENTRES DE LAS INMIGRANTES


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Félix Población

Es este un país en el que, como consecuencia de una dictadura de casi cuarenta años que una vez terminada sirvió de precedente para que se siguieran cometiendo tales delitos, el número de bebés robados a sus madres entre 1940 y 1990 se cifra en 300.000. Ya que la mayoría de esos delitos prescribieron con el tiempo, nada ni nadie puede evitar que esa gran lacra afecte para siempre a nuestra historia reciente, sin que quienes comerciaron con los bebés para su beneficio comparecieran en los tribunales de justicia.

Con ese antecedente, el Partido Popular acaba de anunciarnos el peaje que habrán de pagar las mujeres inmigrantes sin papeles y embarazadas si pretenden ser atendidas durante la gestación en España para dar a luz a sus hijos. Con una generosidad que espanta,  su plan prevé que retrasarán su expulsión del país si sus bebés son entregados en adopción. Esa propuesta, incluida dentro de la llamada Ley de Apoyo Maternidad con la que ese partido pretende hacer frente al llamado invierno demográfico, advierte que no supone ningún blindaje para la mujer inmigrante en situación irregular, que igualmente -leo- sería expulsada si cayera en una redada tras haber dado a luz.

Me parece ignominioso este mercadeo de hijos por atenciones a la salud de la madre con vistas al feliz alumbramiento del bebé que será adoptado por una pareja con denominación de origen española. Resulta de un cinismo aberrante incluir esta medida en una ley que se proclama de apoyo a la maternidad y que se asemeja en su estrategia al mercadeo de los bebés robados, habida cuenta que muchas de las mujeres que lo sufrieron durante la dictadura y las inmigrantes que lo sufrirían ahora son todas madres víctimas de la pobreza, el hambre, la guerra y la desesperación de dar vida y porvenir al fruto de sus vientres. 

PS.Vladimir Núñez, abogado especializado en extranjería, asegura que la propuesta de Casado entraría en conflicto con el artículo 13 de la Constitución española, que garantiza todas las libertades públicas de los extranjeros en España; el artículo 14, que establece el principio de igualdad ante la ley sin que pueda prevalecer ninguna discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión y el artículo 18, que establece el derecho a la intimidad personal y familiar. 



                     DdA, XV/4114                        

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