Cinco planes de enseñanza contrapuestos entre sí,
solamente en cuatro décadas, lo dice todo sobre el déficit democrático en
este Estado español, que sigue siendo mitad republicano, mitad franquista.
Jaime Richart
…Decíamos
ayer que la mayor parte de su historia los españoles han sido súbditos, no
ciudadanos. Mejor dicho, súbditos y feligreses, pues el bautismo era en la
práctica obligatorio y dar la espalda a la iglesia era comprometedor para el
súbdito. En esas condiciones ha vivido la población española de todos los
tiempos casi hasta ayer. La mismísima Constitución de 1812 (sobre la que la
mayoría de historiadores apuntan como el momento del nacimiento de la idea de
España como nación, aunque oficialmente sólo
estuvo en vigor dos años) consagra a España como Estado confesional católico,
prohibiendo expresamente cualquier otra confesión. Por su parte el rey, lo seguía siendo “por la gracia de Dios y la
Constitución”. Por cierto, el texto constitucional no reconocía ningún derecho
para las mujeres, ni siquiera el de ciudadanía...
A pesar de ser muy deficiente, vista con los
ojos de hoy, esa Constitución da fin al Antiguo Régimen.
La burguesía pasa a controlar, en teoría, las
decisiones políticas sustituyendo a la nobleza y al clero. Pero en todo caso el
siglo XIX es un periodo marcado por constantes cambios y transformaciones
políticas y sociales. No obstante, a partir de esa breve Constitución, la
historia política de España es la historia de una convulsión permanente; un
relato de lo provisional que, con el paréntesis de la guerra civil y un periodo
económico bonancible de unos veinte años, explotado en su exclusivo provecho
por los que han estado mangoneando en este país durante cuarenta y ahora en
su mayoría está rindiendo cuentas a la justicia, sigue teniendo efecto sobre
la crónica inestabilidad política y social que
llega hasta hoy mismo. Inestabilidad, atemperada por la mera pertenencia de
España a la Comunidad Económica Europea, a la que todo gobierno de uno u otro
modo debe rendir cuentas económicas pero también políticas de acuerdo con el
Tratado. De no ser así, es difícil que no hubiese vuelto España a las andadas
del año 36, dado el carácter pendenciero y prepotente de las clases que se han
impuesto en esta sociedad desde tiempos oscuros y lo van legando de padres a
hijos...
La
democracia es un método. El método de organizarse la sociedad. Y como todo
método requiere aprendizaje, entrenamiento y ejercicio. No se aprende de la
noche a la mañana. Por eso, España no se
puede medir ni comparar en el modo de ejercer el método, su método, con países
como Francia o Inglaterra que llevan siglos practicándolo. Y por eso en España
sólo los necios, juristas o no, jueces o no, magistrados o no, lo tienen todo
muy claro y a todo dan pronta respuesta. Pues, habida cuenta que las señales
para saber en qué nivel de democracia está un país es conocer hasta qué punto
todo el mundo está relativamente insatisfecho, España, la España dominante, la
España de la burguesía y del acomodo, razona e interpreta las leyes exclusivamente
desde la literalidad. No atiende ordinariamente al espíritu de la ley que
precisamente a Montesquieu dio causa para escribir “L’esprit des lois”. Como
dije en otro sitio, el absolutismo monárquico apenas erradicado, el espíritu
dogmático de la filosofía religiosa de siglos apenas debilitado y el espíritu
castrense que subyace en los abundantes restos de la mentalidad de la dictadura franquista ofuscan con facilidad a
todos, incluidos los “expertos de las leyes” que tienden a atenerse sólo a la
letra de la ley según uno o los tres condicionantes. Por eso reina tanta
confusión y por eso tanta controversia en tanto asunto delicado que vive este
país.
Por
ejemplo, ahora mismo se sustancia un proceso penal contra siete dirigentes catalanes que llevan más de
un año en prisión preventiva, por un delito que no han cometido pero que el aparato
de la justicia de los fiscales sí creyó y cree ver. Sin embargo, los artículos
506 bis, 521 bis y 576 bis del Código Penal Español, antes de 2005 contemplaban
penas de cárcel de tres a cinco años de prisión e
inhabilitación
a la autoridad que convocara procesos electorales o consultas populares por vía
de referéndum, careciendo de competencias para ello, y penalizaba a quienes
facilitaran, promovieran o aseguraran la realización de tales procesos o
consultas. Pero los tres fueron
derogados y suprimidos del Código Penal en el año 2005…
Entonces,
si están derogados, ¿cómo es posible que no siendo delito convocar una consulta
popular que sólo podía ser simbólica y no vinculante, cuya finalidad era
despejar para los gobernantes de una Comunidad Autónoma la proporción de los
favorables a la independencia y los que no lo eran, terminase encarcelando el
Estado a siete personas y desembocando en un “gravísimo conflicto” político de
funestas consecuencias personales, sociales y económicas al menos para dicha
Comunidad? La respuesta compleja sólo puede estar en el predominio de la
mentalidad autoritaria de los poderes del Estado, prolongación
de la franquista. Y la respuesta simple, en la bajísima calidad democrática de
este país.
Y
todo esto ocurre siendo así que, como se ha visto a lo largo de las muchas
elecciones celebradas en estos cuarenta años, España, en términos sociales, no
es, ni mucho menos, mayoritariamente conservadora, es decir, neoliberal, es
decir, privatizadora. Desde luego el número de votos a las izquierdas, más la
cifra de los que no votan da un resultado inequívocamente progresista, es decir
socializante; habida cuenta que el abstencionismo es
fruto de la desgana o del escepticismo, por definición del talante de
izquierdas que desconfía del poder, mientras ni la una ni el otro es cosa de
las derechas que van siempre a por todas. (Hay, por cierto, un marcado
paralelismo en esta cuestión con la democracia estadounidense. Pues en Estados
Unidos la población afroamericana y la hispana dan una tasa muy baja de
participación por el mismo motivo: una absoluta desconfianza en los poderes
del Estado).
En
definitiva, en España el retraso democrático hunde sus raíces (casi podríamos
decirlo así) en los genes de la población más activa y dominante configurada
por una combinación de una religiosidad fosilizada, de un componente
abiertamente intolerante y de una idea contumaz sobre el concepto de unidad
política: lo que hace mucho más graves los problemas económicos, sociales y
económicos que comparten todos los países del sistema. No puede ser más
elocuente el siguiente dato: cinco planes de enseñanza contrapuestos entre sí,
solamente en cuatro décadas, lo dice todo sobre el déficit democrático en
este Estado español, que sigue siendo mitad republicano, mitad franquista; mitad
prudente, mitad matona. Como antes de la guerra civil…
DdA, XV/4101
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