viernes, 27 de julio de 2018

LA MIERDA DEL ORIENTE DE GIJÓN Y LA MULTA DE TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UE A ESPAÑA


Félix Población

El Tribunal de Justicia de Luxemburgo de la UE ha obligado a España a abonar al presupuesto comunitario 12 millones de euros por la deficiente depuración de las aguas residuales en un largo proceso judicial que afectaba a 17 localidades y que ahora, finalmente, incide sobre nueve de ellas. 

Agotados todos los pasos y las explicaciones de defensa para evitar la sanción, el Ministerio para la Transición Ecológica deberá afrontar esta dura multa que habla mal de la gestión ambiental en España. Además, el Tribunal Europeo obliga a España a pagar una multa coercitiva de 10.950.000 euros por cada semestre de retraso en la aplicación de las medidas para cumplir una sentencia condenatoria del 2011.  

La sanción es fruto del incumplimiento de la normativa europea sobre aguas de 1991. Esta establecía la obligación de los municipios de más de 15.000 habitantes de cumplir con una serie de requisitos sobre plantas y sistemas de tratamiento y depuración de aguas, para prevenir los vertidos contaminantes a los ríos y al mar. La última depuradora que se acabe,que será la de Barbate, estará lista en el 2022; o sea, !21 años después de que debiera estar en marcha!  

La ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, aseguró ayer que completar la depuración de las aguas residuales de la zona este de Gijón y de otras ocho aglomeraciones urbanas españolas «forma parte de las superurgencias» del departamento que dirige. «Lamentablemente, en el momento en que estamos, es difícil imaginar una solución mágica que pueda reposicionarnos en poquísimo tiempo», señaló Ribera a propósito de la multa millonaria impuesta a España. De la multa coercitiva de 10,95 millones por cada semestre de retraso en resolver el problema, 4 millones corresponden a la ausencia de depuración en la zona este gijonesa.

Gracias al temporal de lluvias que afectó a esta ciudad meses atrás, sus ciudadanos y visitantes han tenido oportunidad de comprobar los efectos que el 40 por ciento de los vertidos sin depurar de la cuenca este de la ciudad han tenido en la vistosa y más importante playa gijonesas, la de San Lorenzo, donde el olor a mierda y el color marrón de sus aguas fue titular repetido en los medios al inicio de la temporada veraniega, con la bahía cerrada al baño en algunas fechas.

La ciudad asturiana representa el principal punto negro del país por vertidos sin depurar, a pesar de que tiene prácticamente finalizada una depuradora para la zona este en la que se han invertido 36,9 millones de euros. Gijón dispone desde hace tiempo de otra depuradora en la zona oeste. La entrada en servicio de la depuradora de El Pisón (cuenca este) fue bloqueada judicialmente después de que los vecinos de esa colonia de chalés recurrieran contra su ubicación, según he leído. Hace dos años, el Tribunal Supremo señaló que no se había motivado adecuadamente la elección de la ubicación, obligando a repetir el estudio de impacto ambiental. En abril de 2016 se paralizaron las obras, que se habían iniciado en 2012, cuando estaban en su recta final. 

La solución al principal problema del saneamiento de Gijón está pendiente ahora de la tramitación de un nuevo estudio de impacto ambiental que determinará si la depuradora del este se mantiene en El Pisón o si hay que echarla abajo y levantarla en otro lugar. El estudio ambiental ya está elaborado y pendiente de que lo saque a información pública la Confederación Hidrográfica Cantábrico, con los vecinos de El Pisón preparados para volver a pleitear si se mantiene el lugar.

Ante tan lamentable muestra de ineficacia, negligencia, incuria o desidia, ¿no deberían pagar de sus bolsillos y patrimonio los máximos responsables de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea haya sancionado al Estado español? ¿O es que sólo nos representan los políticos cuando se trata de pagar las multas debidas a su incompetencia?

DdA, XIV/3912