Fondos de la ayuda al desarrollo acaban financiando a la guardia costera libia
Martín Cuneo
El Salto
Las imágenes de la intervención de la guardia costera libia, que causó la muerte a 50 personas, recorrieron el mundo. Un informe de la plataforma Concord denuncia que las partidas europeas para el control de las fronteras en países como Libia o Níger provienen de fondos que deberían destinarse, en teoría, a ayuda al desarrollo.
En la reunión del G6 en Sevilla de octubre de 2017, los ministros de Interior de los seis países más poblados de la Unión Europea coincidieron en la necesidad de limitar la llegada de migrantes a la UE.
Para conseguir este objetivo sin tener que hacer frente a posibles crisis en las fronteras de la UE, donde en teoría rigen las leyes europeas —algo cada vez más discutible después de los casos del Tarajal, las devoluciones en caliente o las irregularidades en el improvisado CIE de Archidona—, los ministros del G6 apostaron por “reforzar las fronteras” de Níger, Libia, Mauritania, Marruecos, Senegal o Turquía, países sobre los que pesan graves acusaciones de violaciones de derechos humanos.
La UE pretende, de esta forma, frenar a los migrantes en los países de origen o en los enclaves de paso, sin importar demasiado el precio, ya sea dinero, derechos o vidas humanas. Al menos esta es la opinión de Amnistía Internacional, que denunció que este tipo de acuerdos permiten que terceros países “hagan el trabajo sucio” en el control migratorio de las fronteras europeas. “España es firme partidaria de la prevención”, fue la manera de explicarlo del ministro de Interior español, Juan Ignacio Zoido, en la cumbre de Sevilla.
El Salto
Las imágenes de la intervención de la guardia costera libia, que causó la muerte a 50 personas, recorrieron el mundo. Un informe de la plataforma Concord denuncia que las partidas europeas para el control de las fronteras en países como Libia o Níger provienen de fondos que deberían destinarse, en teoría, a ayuda al desarrollo.
En la reunión del G6 en Sevilla de octubre de 2017, los ministros de Interior de los seis países más poblados de la Unión Europea coincidieron en la necesidad de limitar la llegada de migrantes a la UE.
Para conseguir este objetivo sin tener que hacer frente a posibles crisis en las fronteras de la UE, donde en teoría rigen las leyes europeas —algo cada vez más discutible después de los casos del Tarajal, las devoluciones en caliente o las irregularidades en el improvisado CIE de Archidona—, los ministros del G6 apostaron por “reforzar las fronteras” de Níger, Libia, Mauritania, Marruecos, Senegal o Turquía, países sobre los que pesan graves acusaciones de violaciones de derechos humanos.
La UE pretende, de esta forma, frenar a los migrantes en los países de origen o en los enclaves de paso, sin importar demasiado el precio, ya sea dinero, derechos o vidas humanas. Al menos esta es la opinión de Amnistía Internacional, que denunció que este tipo de acuerdos permiten que terceros países “hagan el trabajo sucio” en el control migratorio de las fronteras europeas. “España es firme partidaria de la prevención”, fue la manera de explicarlo del ministro de Interior español, Juan Ignacio Zoido, en la cumbre de Sevilla.
No hay comentarios:
Publicar un comentario