Félix Población
La justicia argentina ha dictado una sentencia
muy tardía, pero como dice el actor Juan Diego Botto –al que la última dictadura militar (1976-1983) asesinó a su padre-, lo imposible sólo tarda un poco más.
En la llamada Causa ESMA III (Escuela de Mecánica de la Armada) que ha investigado los crímenes contra 789 víctimas de los militares golpistas, tres de los cabecillas al frente de la barbarie (Alfredo Astiz, El Ángel de la
muerte, Jorge El Tigre Acosta y Ricardo Cavallo,
alias Sérpico), han recibido penas de cadena perpetua por crímenes
de lesa humanidad perpetrados en ese centro de represión de oscura memoria. Medio centenar de acusados
más han sido también condenados a duras penas por su participación en la represión.
Poco más y se mueren impunes, pero tal como señala el actor hispano-argentino,
es de celebrar la victoria, aunque no tengamos el cuerpo acostumbrado a estos
triunfos.
Hace unos días llegó a Madrid, procedente de
Atlanta (Estados Unidos), el coronel salvadoreño Inocencio Orlando Montano. Con
su llegada a territorio español concluye una muy larga gestión llevada a cabo
con la justicia estadounidense a cargo de
la Audiencia Nacional, pues el militar está acusado del asesinato del jesuita
español Ignacio Ellacuría. El hecho ocurrió hace casi treinta años (1989) en la
Universidad Centroamericana de San Salvador. Fueron en total seis los sacerdotes
de la Compañía de Jesús asesinados, junto a dos empleadas domésticas.
El coronel Montano, que era vicepresidente de Defensa
de su país, fue un miembro clave y necesario en el asesinato terrorista de los
jesuitas de la UCA [Universidad Centroamericana José Simeón Cañas] y sus
empleadas el 16
de noviembre de 1989, según el informe pericial que la profesora de la Universidad de Stanford Terry Karl
presentó al juez Eloy Velasco en la Audiencia Nacional. Este documento aportó
información nueva y relevante de la matanza de los religiosos españoles en El
Salvador, entre los que se encontraba Ignacio Ellacuría, ideólogo de la Teoría
de la Liberación.
Orlando Montano residía -se supone que confortablemente- en Estados Unidos hasta que la impunidad en la
que dormitaba su caso fue interrumpida por el juez Eloy Velasco, que admitió a
trámite la querella presentada en 2008 por la Asociación Española pro Derechos
Humanos y el Grupo Guernica. En 2011 emitió una orden internacional de detención
contra todos los responsables de la conspiración que culminó con el asesinato
de: Ignacio Ellacuría, Ignacio Martín Baró, Segundo Montes, Juan Ramón Moreno,
Amado López, y Joaquín López y López, de su empleada Julia Elba, y de la hija
de ésta de 15 años de edad, Celina Ramos.
En medio del clima de auténtica guerra civil que vivía por esos años El
Salvador, el padre Ellacuría reclamaba paz y justicia social, una reivindicación
que le costó la vida a él y a sus colaboradores. Fue largo el litigio con los
abogados del coronel Montano en Estados Unidos, cuya justicia solo le tuvo en
cuenta al militar un delito de fraude inmigratorio. Lo imposible, también en
este caso, ha tardado un poco más: casi treinta años.
Es de considerar el papel de Estados Unidos en el caso Montano y también el que tuvo en la dictadura argentina. Según los cables secretos divulgados, Washington apoyó
firmemente la dictadura militar que se instauró en 1976 en Argentina, a la que
consideraba la mejor opción ante “el clima de incertidumbre que amenaza a sus
intereses en el país”.
DdA, XIV/3707
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