Lidia Falcón
Doscientas
concentraciones de personas en la puerta de los ayuntamientos de los
pueblos y ciudades españolas dieron testimonio de la indignación de
nuestra sociedad ante la masacre continuada de mujeres y niños, que se
sigue padeciendo.
Se reclamaban 180 millones de euros en la partida del Estado destinada a la que llaman “violencia de género”, para atender a las víctimas.
Y denunciaban que en los presupuestos, que se aprobarán a lo
largo de este mes, no se había aumentado lo que ya, desde hace años, se
ha evidenciado insuficiente para dotar a las fuerzas de seguridad del
Estado, a la judicatura, a la sanidad, a la asistencia social, a la
educación, a la atención a las mujeres maltratadas y a los niños
huérfanos, de los medios necesarios para garantizarles la atención
necesaria. Y tenían razón.
Porque todas las instituciones que son responsables de la seguridad y
la supervivencia de los más débiles padecen una falta de recursos que
ya es endémica. Ni es suficiente la dotación económica de la policía ni
de los juzgados ni de los servicios sanitarios, ni tampoco se han
implementado las reformas educativas y de formación que prevé la Ley de
Violencia de Género. Y no hay mayor crueldad que negarles la asistencia
económica a las mujeres sobrevivientes del maltrato y a los huérfanos
que están abandonados, después de que el padre matara a su madre.
Pero todo lo que necesitan las víctimas de esta tragedia no
es dinero. Porque lo primero que tenemos que impedir es que haya
víctimas.
Con dinero no se hubiese salvado la hija de Ángela González Carreño,
de 7 años, que fue asesinada por su padre cuando éste disfrutaba del
régimen de visitas que un juez, comprensivo con las necesidades
afectivas del patriarca, le había concedido.
Tampoco con dinero hubiesen podido sobrevivir Ruth y José, los niños
de José Bretón, cruelmente asesinados por su padre cuando los tenía en
su compañía. Ni los seis más que han muerto a manos de su progenitor
solamente en los primeros meses de este año.
Los últimos casos son espeluznantes. Desde el infame que se tiró de
la ventana del hospital abrazado a una bebé de 8 meses, para arrebatarle
a la madre su ser más querido, hasta el que ha asesinado a su hijo de
11 años cuando convivía con él.
El dinero no hubiese convencido al guardia civil de Pollensa, que el
15 de agosto de 2016 aconsejó a la mujer, que acudió a pedir ayuda
porque su marido la había amenazado de muerte, que se buscase un
abogado y presentase una demanda de divorcio, de que rápidamente tenía
que detener al maltratador.
Resultaría imposible que por dinero el juez que permitió que el
marido siguiera en libertad y visitara a su mujer en el hospital, en el
que se reponía de las heridas que le había causado él mismo, y le dio la
ocasión de que la apuñalara en la misma cama, hubiera decretado la
prisión del asesino.
Por supuesto es impensable que la jueza de violencia de Barcelona,
Francisca Verdejo, por dinero, hubiese cambiado su resolución de dejar
en libertad al marido que asesinó días más tarde a su mujer, después de
que ésta le hubiese denunciado.
Pagando tampoco el juez habría cambiado la sentencia de 4 años
que ha impuesto al asesino de su mujer, a la que apuñaló, tiró a un
vertedero y le robó el dinero que tenía en el banco.
Ni pagándole, el fiscal hubiese modificado su calificación de
homicidio en el caso del individuo que mató a su mujer, estrangulándola
por la espalda, en el encierro y soledad del hogar, considerando que no
era asesinato porque no se había podido probar. No había testigos.
Tampoco creo que mediante pago policías, guardias civiles, policías
municipales, policías autonómicas, fiscales, psiquiatras, psicólogos,
asistentes sociales, jueces y magistrados, cambiaran su conducta de
negarse a tramitar los atestados de las denuncias, rechazar órdenes de
alejamiento, dejar en libertad a los acusados, anular órdenes de
protección y dictar sentencias absolutorias. Porque eso sería más que
negar la asistencia a las víctimas, sería hundir en la ignominia el
sistema democrático de nuestro país.
Y me dirán que ya lo sabemos, pero entonces, ¿por qué un sector del
Movimiento Feminista centra todas las reclamaciones en el aumento del
presupuesto para la atención a las víctimas de violencia machista?
La única manera de frenar esta horrible sangría que nos arrebata más
de cien mujeres cada año y una decena de menores es modificar la nunca
bien ponderada Ley contra la Violencia de Género que permite todas estas
atrocidades.
Si las fuerzas del orden y la judicatura y la fiscalía y el servicio
médico no estuvieran amparadas por la ley, ninguno de sus ejecutores se
atrevería a desasistir a las víctimas con el descaro y la impunidad con
que lo hacen.
Si la famosa ley no determinara la diferencia entre mujeres que
tienen una relación afectiva con el maltratador y las que no la tienen,
para negarles a éstas la protección; si la ley invirtiera la carga de la
prueba y obligara al denunciado a probar su inocencia; si la ley
impusiera la orden de alejamiento inmediata a la denuncia y el
encarcelamiento del denunciado cuando hubiera parte de lesiones; si la
ley exigiera responsabilidades a todas las instituciones que han
abandonado su deber de protección de las ciudadanas, con toda seguridad
no contaríamos con ese inaceptable número de asesinadas, maltratadas y
violadas.
Pero una maldición se extiende sobre las mujeres víctimas de maltrato
y es esa bendecida Ley contra la Violencia de Género, con la que el PSOE creyó
haber resuelto para siempre el maltrato a la mujer. Porque dada la
extrema satisfacción con que la acogen los y las responsables
socialistas, presumiendo de que se aprobó por todas las fuerzas
parlamentarias por aclamación, resulta imposible modificarla. Cuando ya
el hecho de que todos los partidos estuvieran de acuerdo en su redactado
tiene que provocar desconfianza. No puede ser que ese cuerpo legal sea
eficaz para poner coto a los mayores desmanes del Patriarcado si todas
las tendencias políticas lo aprueban.
En aquel Parlamento que se puso en pie para aplaudir a Bibiana Aído,
la promotora y gestora de la ley, estaban el PP, el PNV, CiU, UPN, UPyD,
CC, el Grupo Mixto, ninguno de los cuales puede destacar por su defensa
del feminismo. Y lo que sucedió es que tanto el PSOE como IU se
plegaron a las exigencias, condiciones y chantajes que las demás fuerzas
políticas les plantearon.
Porque los partidos que gestionan el Capital también defienden el
Patriarcado. Al fin y al cabo el primer sistema no puede subsistir sin
el segundo. La pena es que las socialistas todavía no se hayan
enterado.
DdA, XIV/3567
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