Perjudicada saldrá, sin duda, la calidad
democrática de un sistema en el que un gobierno acorralado por sus
connivencias delictivas pretende sobrevivir sucumbiendo una vez más a
ese chantaje insolidario de una élite territorial.
Roberto Uriarte
Profesor de Derecho Constitucional de la Universidad del País Vasco
Juan Carlos Monedero
Profesor de Ciencia Política de la UCM
Público
En 1964 el franquismo celebraba los
“Veinticinco años de paz” desde el final de la guerra civil.
“Veinticinco años de paz” fue uno de los lemas más exitosos de la
propaganda política franquista. El nacionalcatolicismo compensaba la
pobreza de ese sustrato ideológico común a los nacionalismos con una
gran habilidad propagandística, expresada en lemas populistas de fácil
asimilación subconsciente. “Quince años de paz fiscal” nos ofrece ahora
el nacionalismo vasco para justificar su acuerdo para apuntalar y evitar
la caída libre del gobierno de Rajoy, un gobierno que lleva años
alentando el delito a la voz del “¡Resiste, Luis!”. Pero, delitos al
margen, ¿quién puede oponerse a quince años de paz?
El problema es que la paz viene
precedida de la guerra y nadie por estos lares recuerda ninguna guerra
fiscal. Es más: el PNV comparte el mismo modelo fiscal que el PP. A
pesar de que Euskadi posee una importante autonomía financiera que le
permitiría desarrollar un sistema tributario diferenciado y más
solidario, las haciendas vascas han decidido copiar estrictamente el
modelo español, un modelo basado en una presión tributaria muy baja en
comparación con la media europea y en el que la recaudación descansa
básicamente en las rentas del trabajo y no en las del capital. Luego las
diferencias son mínimas y se limitan a los criterios técnicos para la
fijación del cupo que deben aportar dichas haciendas vascas al Estado.
En resumen y hablando en plata, la supuesta paz consiste en que el
gobierno de Rajoy compre el apoyo de los nacionalistas vascos
renunciando a una parte de la aportación vasca a la hacienda estatal. El
PNV obtiene a cambio, un incremento de financiación, sin necesidad de
hacer tributar a las grandes fortunas vascas.
Estos cambalaches entre el PP y el
PNV no sorprenden a nadie, porque llueve sobre mojado. La
radicalización en los últimos años del nacionalismo conservador catalán
tiene seguramente algo que ver con su menor capacidad de jugar el mismo
juego chantajista del PNV. Un juego chantajista que, envuelto en lemas
propagandísticos hábiles que apelen subconscientemente al egoísmo
insolidario, puede tener réditos electorales a corto plazo, pero que a
largo plazo, no puede traer nada bueno.
El pacto generará como siempre
perjudicados y efectos colaterales. Perjudicados directos serán los
destinatarios potenciales de las políticas públicas que no podrán
hacerse por la pérdida de recaudación. Perjudicado saldrá el criterio de
solidaridad en la financiación pública. Perjudicada saldrá la idea de
una España plurinacional, que ve cómo la legítima reclamación de
autogobierno se convierte en un chantaje con resultado de apuntalamiento
de un gobierno corrupto. Y perjudicada saldrá, sin duda, la calidad
democrática de un sistema en el que un gobierno acorralado por sus
connivencias delictivas pretende sobrevivir sucumbiendo una vez más a
ese chantaje insolidario de una élite territorial.
Pero los medios convencionales nos
venderán el acuerdo como un logro histórico, producto del sentido de la
responsabilidad de los dos partidos y de la capacidad de negociar, de
transigir y de llegar a acuerdos entre diferentes que les caracteriza.
Un acuerdo bueno para los vascos y bueno para los españoles. José
Antonio Zarzalejos, ex-director de ABC y El Correo, ya vaticinaba hace
unos meses que sería “la culminación de una gran operación política del
PNV que repercute sobre el conjunto de España y sitúa a los
nacionalistas vascos como la ‘tercera pata’ de un sistema que debe
recuperar la vertebración y solidez que ha ido despilfarrando”. Otra vez
el bipartidismo al que le saltaron las costuras sostenido en momentos
de crisis por los partidos del 3% y los de Neguri y que hoy andan a la
desesperada buscando una salida para perpetuar sus privilegios.
No se puede negar que el acuerdo es el
mejor posible para la élite político-económica vasca. Seguro que le
parecerá inmejorable, por ejemplo, a Gregorio Villalabeitia, presidente
de Kutxabank, heredera del proceso de privatización de las cajas de
ahorro vascas, que antes de ser puesto por el PNV al frente, era socio
de la empresa de cazatalentos que fichó a Esperanza Aguirre tras una de
sus dimisiones periódicas, en premio a “su visión global, su capacidad
de liderazgo, de generar entusiasmo y de transmitir confianza,
permitiéndole esto último ser altamente respetada en el mundo
empresarial”. No es de sorprender que esa misma Kutxabank concediera
créditos en Madrid al Canal de Isabel II, muy de actualidad con el caso
Lezo, mientras seguía desahuciando en Euskadi a deudores de buena fe. La
trama vasca también existe.
Y a los populistas irresponsables no
se les ocurre idea más descabellada que intentar aguarles un poco la
fiesta a estas buenas gentes presentando una moción de censura. ¡Qué
poco sentido de Estado!
Por el contrario, el PNV, derrochando sentido de Estado. Del de siempre y con los mismos resultados.
Por el contrario, el PNV, derrochando sentido de Estado. Del de siempre y con los mismos resultados.
DdA, XIV/3527
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