viernes, 28 de abril de 2017

¿QUÉ ESTÁ PASANDO CON EL PP Y LA OPERACIÓN LEZO?



 Cacerolada ante la sede del Partido Popular el pasado día 25

Julián Aceitero Gómez

Que un juez de la Audiencia Nacional investigue y ordene el ingreso en prisión sin fianza del   expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González González del Partido Popular -PP-, que la Guardia Civil haya encontrando pruebas que le incriminen, que un grupo mayoritario de fiscales haya apoyado que aspectos de su investigación se llevaran a cabo en contra del criterio de su superior jerárquico, afín al Gobierno del PP, y que la misma no haya sido cuestionada por los grandes medios de comunicación son hechos de conocida como “Operación Lezo”. Aunque aquellos hechos, aisladamente, no son propios de las castas judicial, policial, política y mediática, respectivamente, lo serían si estuvieran incardinados para culminar la estrategia de que todo cambie para que todo siga igual pergeñada por sus dueños, es decir, por quienes ostentan el poder del dinero. Para lograrlo, estos poderosos:


1. Cambiaron al titular de la Jefatura del Estado, forzando al rey Juan Carlos I ‘El Campechano’ a que abdicara para que reinara su hijo, Felipe VI ‘El Preparado’.

2. Pretendieron sustituir al PP por C’s, disponiendo una campaña en sus medios de comunicación no solo de publirreportajes del último de dichos partidos y de su líder Albert Rivera, sino también de “filtración” de casos de corrupción de los dirigentes del primero de los mismos. Pero Mariano Rajoy Brey, liderando al PP, resistió tal envite y obtuvo en las dos subsiguientes elecciones un resultado que le ha permitido presidir el Gobierno que sigue satisfaciendo a aquellos que ostentan el poder del dinero. No obstante, estos poderosos seguirían empeñados en aquella estrategia con respecto a su casta política, aunque limitándola ahora a "sustituir" el liderazgo de este partido.


Si así fuera, podría ocurrir que Mariano Rajoy se oponga a ser sustituido, en cuyo caso la investigación judicial en curso, conocida como Operación Lezo, seguiría dando resultados espectaculares contra dirigentes del PP o se avenga a serlo, en cuyo caso dicha investigación no daría ningún resultado significativo contra los dirigentes aludidos.


Tal hipótesis sobre la investigación judicial en curso está sustentada, exclusivamente, en informaciones que los medios de comunicación han divulgado sobre dicha investigación judicial, es decir, en datos “filtrados” de la misma e interpretados conforme a los intereses de los dueños de los mismos, por lo que es lógico desdeñarla por sus fuentes. Afortunadamente, dicha deficiencia metodológica podría ser corregida si *PODEMOS* se personara como acusación popular en dicha investigación y, conforme a lo legalmente establecido, hiciera públicos los datos obtenidos en la misma para que pudieran ser debidamente analizados.  


A día de hoy, la susodicha investigación ni siquiera se encuentra en fase de sumario, sino de “diligencias previas”, y es “secreta porque el Juez que la instruye ha denegado la solicitud del Fiscal para que deje de serlo, excepto el auto mediante el cual anula la imputación indiciaria por los delitos de coacción e intimidación a Francisco Marhuenda García y Mauricio Casals Aldama, director y consejero del diario La Razón, respectivamente (1). 


Aunque dicho auto ha sido publicado por La Razón, su interpretación cabal requiere la lectura de la documentación aludida en el mismo, es decir, el informe de la Guardia Civil y las declaraciones judiciales de las personas relacionadas con aquellos delitos, pero permanecen bajo “secreto”. No obstante, la simple lectura del mismo da la impresión de que el Juez había tomado la decisión de retirarles tal imputación, ya pedida por el Fiscal, y que a continuación la argumentó. Porque para ello asumió la increíble interpretación que aquellos dos le dieron sobre sus conversaciones telefónicas grabadas con Edmundo Rodríguez Sobrino, contra quien el Juez había ordenado su ingreso en prisión sin fianza:


Que en aquellas conversaciones telefónicas trataban de convencerle de que estaban actuando para que la Presidenta de la Comunidad de Madrid no le implicara en el asunto del Canal de Isabel II, pero que tal actuación sería una “mentira piadosa y paliativa”, acreditando la falsedad de tal actuación mediante una prueba documental aportada por los mismos, consistente en las noticias y editoriales de su diario La Razón sobre el Gobierno de dicha comunidad. Pero es increíble que trataran de convencer a su amigo Edmundo Rodríguez Sobrino de una mentira tan zafia, porque éste la habría evidenciado simplemente leyendo el diario La Razón, del que era consejero delegado.


DdA, XIV/3521