martes, 4 de abril de 2017

CONCENTRACIÓN EN SALAMANCA CONTRA LA MINA DE URANIO DE RETORTILLO

¿Por qué Berkeley Minera S. L. está convencida de que la Junta de Castilla y León autorizará este martes el uso del suelo rústico para la explotación de Retortillo? ¿Deberemos pensar que de cumplirse esa previsión las protestas y resistencia a la mina tiene mucho mayor sentido?


La Comisión Territorial de Medio Ambiente y Urbanismo de Salamanca, perteneciente a la Junta, debate este martes si autoriza o no el uso excepcional en suelo rústico de la mina de uranio de Berkeley Minera España S.L., si considera que el proyecto es de “interés público”, aunque no se ha respondido aún  a las más de 1.500 alegaciones presentadas en el trámite de información pública realizado. La empresa, por su parte, dice que las alegaciones sí han sido valoradas y está convencida de que la Junta autorizará este martes el uso excepcional del suelo rústico para hacer la mina.

La Plataforma ciudadana Stop Uranio ha convocado a los salmantinos a una concentración pacífica a las puertas del edificio de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Salamanca donde se va a tratar de esa autorización.
“La empresa habla de que hay que actuar con celeridad en el presente caso. Nada más lejos de la realidad. Es una decisión transcendental que afecta, no sólo al municipio de Retortillo, sino a toda la Comarca del Campo Charro y por extensión a la provincia de Salamanca. Además la empresa Berkeley no ha actuado con la celeridad que ahora solicita”, indica la plataforma.
Para esta autorización de uso excepcional en suelo rústico fue necesario realizar un nuevo periodo de información pública “por los errores contenidos en el primer anuncio efectuado, atribuibles según la corrección de errores a la empresa promotora. Hemos tenido conocimiento de que para la autorización de construcción de la planta de beneficio de mineral Berkeley Minera España S.L. se dejó caducar en 2016 el procedimiento iniciado en 2015 por no atender el requerimiento formulado por la Administración del Estado. Pero sobre todo, tardó dos años en corregir la consideración de los residuos como radiactivos tras los distintos informes emitidos por el Consejo de Seguridad Nuclear”, explica Stop Uranio.
La plataforma considera que no se puede autorizar el uso excepcional “sin haber estudiado y contestado las alegaciones formuladas por las personas que se han personado en la fase de información pública del procedimiento. Hacerlo supondría sustituir la participación de los habitantes de la comarca por el estudio de una persona pagada por la empresa beneficiaria de la decisión que se tome. Si finalmente se autoriza el uso excepcional en base a ese documento, y no en atención a las consideraciones que se puedan tomar una vez estudiadas las alegaciones presentadas, supone una aberración democrática impropia de un país europeo”.

Daños para la zona

Al contrario de lo que reiteradamente afirma la empresa minera, la plataforma afirma que “la apertura de la mina supondrá un destrozo medioambiental irreversible, con graves consecuencias para la salud de los pobladores y para la economía de la Comarca. El Balneario de Retortillo tendrá que cerrar después de dar trabajo durante más de 100 años a personas de la comarca, siendo el establecimiento hotelero con más camas de la provincia. La actividad agrícola-ganadera también va a quedar dañada, pues hay serios riesgos de que la ganadería se contamine con una radiactividad excesiva y no podrán superar los productos cárnicos derivados los controles sanitarios pertinentes. El turismo también es una fuente de ingresos que quedará condicionada por la actividad minera”.

Viabilidad

Recuerda, asimismo, que en la actualidad existen varios procesos judiciales abiertos en relación a la actuación de Berkeley, “además de las dudas sobre la rentabilidad del negocio minero, por lo que es importante considerar la posibilidad de que se abra la mina y finalmente tenga que cerrar por la inviabilidad económica del proyecto o por decisión judicial contraria a los intereses de la empresa minera. En este caso ¿Quién asumiría el coste de restauración de la zona donde se hayan realizado las labores mineras si la empresa abandona a mitad de camino?”, se pregunta. Por último, resalta también las implicaciones internacionales de la mina proyectada. “La cercanía a Portugal que no ha sido evaluada en la Declaración de Impacto Ambiental, y la repercusión sobre un espacio protegido a nivel europeo con afección a la Red Natura 2000, que está siendo evaluada por la Comisión Europea según respuesta a una pregunta de la europarlamentaria Marina Albiol de IU”.

La Crónica de Salamanca