Concha Moreno
El pasado día 2 de este mes de marzo de 2017 moría asesinado en Guerrero el periodista Cecilio Pineda Birto. El 19 de marzo de 2017, hay que volver a sumar otro más: Ricardo Monlui Cabrera,
quien fue abatido el doming en Yanga, Veracruz. Ya son 29 los
profesionales de la información fallecidos de forma violenta mientras
gobierna Peña Nieto.
Monlui
estaba desayunando en un restaurante junto a su mujer e hijo (también
Ricardo), cuando unos desconocidos (aunque algún testigo ha asegurado
que fue una sola persona), se acercaron a ellos y, sin mediar palabra,
dispararon a quemarropa. El periodista falleció en el acto, si bien la
esposa y el muchacho no sufrieron daño alguno. Se da la circunstancia de
que Ricardo hijo ya había sufrido un atentado en diciembre de 2010, y
en su declaración acusó de haber sido secuestrado y tiroteado por
policías municipales, quienes le abandonaron posteriormente en un
camino.
Ricardo era columnista del Diario de Xalapa (Veracruz), y
del Sol de Córdoba, así como director del periódico impreso El Político y
presidente de la Asociación de Periodistas y Reporteros Gráficos de
Córdoba (Veracruz). Fue jefe de prensa de la Unión Nacional de
Productores de Caña de Azúcar. En su columna Crisol abordaba habitualmente temas relacionados con esa actividad, la caña.
La
zona de veracruzana de Córdoba se distingue por contar con varios
ingenios azucareros. Allí, en los últimos años, se han producido varios
asesinatos de líderes. Desde 1986 ya son 32 los que han sido ultimados.
Según publicaba recientemente noroeste.net,
la guerra involucra a grupos delincuenciales, que no han reparado en
ejecutar a determinados líderes aunque estuvieran retirados o contaran
con algún nombramiento público. El último caso se produjo el pasado 24
de febrero de este año, cuando Fernando Maza murió en un enfrentamiento en el bulevar Tratados de Córdoba.
Parece
ser que algunos de los líderes ya habían denunciado ante las
autoridades correspondientes haber sido víctimas de amenazas, cobros de
cuotas, abusos policiales e irregularidades administrativas, sin que su
declaración y denuncia sirviera para salvarles.
DdA, XIV/3493
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