martes, 17 de enero de 2017

LAS LECCIONES DEL CASO UGT/ASTURIAS Y LA REVISTA ATLÁNTICA XXII


La UCO de la Guardia Civil registró en Oviedo la sede central de UGT-Asturias y detuvo a seis personas, 
entre ellas su exsecretario general, Justo Rodríguez Braga. Foto / Imanol Rimada.

Xuan Cándano y Fernando Romero

Hace justo dos años ATLÁNTICA XXII dedicó su portada y su información preferente a informar de la investigación de la UCO de la Guardia Civil a UGT-Asturias. La respuesta fue una cascada de denuncias tras una reunión en el sindicato en la que se instó a todas las personas aludidas en aquel reportaje a acudir a los tribunales. Algunas no quisieron, asumiendo que lo publicado era cierto. Al final presentaron cuatro, una de ellas Carmen Caballero, detenida en la redada de hoy de la UCO, al igual que el exsecretario general ugetista Justo Rodríguez Braga. Caballero no ratificó su denuncia. Solo lo hizo el también exsecretario general Eduardo Donaire, asimismo miembro del Comité Federal del PSOE. El caso está ahora en el Tribunal Supremo, tras prosperar un recurso en la Audiencia Provincial a una sentencia que revoca una anterior y que nos parece una auténtica injusticia.
La ofensiva de UGT contra ATLÁNTICA XXII ya había comenzado antes. Tras la publicación de otro número con informaciones absolutamente veraces sobre el sindicato la respuesta también fue una denuncia, en este caso al director, pero de una manera absolutamente indigna: a través de una denuncia falsa del comité de empresa de TVE-Asturias, controlado por UGT. También fue revocada posteriormente por un juez, tras padecer el responsable de esta revista una sanción escandalosa en esa empresa pública en la que trabaja.
ATLÁNTICA XXII nunca puso a UGT en el punto de mira informativo, simplemente investigó su funcionamiento, su financiación y la conducta de sus dirigentes, como lleva casi ocho años haciendo con otras muchas organizaciones o instituciones. Incluso informaciones sobre el sindicato socialista que tenemos la certeza de que son ciertas, y de tanta gravedad como las publicadas, nunca vieron la luz por falta de aval documental. Se trataba de matar al mensajero. No lo consiguieron gracias al gran apoyo popular que tiene la revista, porque fueron sus lectores los que se hicieron cargo de los enormes gastos provocados por esta ofensiva judicial a través de una campaña en Internet y en la propia publicación.
La operación de hoy de la UCO, con un registro en la sede de UGT-Asturias en Oviedo y la detención de media docena de personas, confirma la veracidad de lo publicado y tiene una enorme carga política. UGT es un bastión clave en el entramado de poder establecido en Asturias prácticamente desde la restauración democrática. En el Gobierno autonómico no es que tenga influencia, tiene presencia a través de personas como su portavoz y consejero de la Presidencia, Guillermo Martínez. Las relaciones de Javier Fernández y Justo Rodríguez Braga, que aspiraba a ser diputado autonómico socialista, siempre fueron excelentes. Ambos militan en la agrupación socialista de Gijón.
El Caso UGT tiene también una lectura mediática. En todo este tiempo nos hemos sentido muy arropados por la opinión pública, pero no por la publicada. Como es habitual, ni un solo medio recogió aquella información en primicia. Justo Rodríguez Braga tenía previsto contestar a preguntas sobre este asunto tras aquel número de ATLÁNTICA XXII, pero nunca las hubo en las numerosas ruedas de prensa que protagonizaba.
Cuando se inició el acoso con las denuncias, la Asociación de la Prensa salió en defensa de la revista y sus redactores, pero una llamada de Justo Rodríguez Braga acabó con esa solidaridad profesional. El Colegio de Periodistas se negó a amparar a ATLÁNTICA XXII y a los periodistas denunciados, como si aquello no fuera un obvio ataque a la libertad de expresión y un intento de silenciar voces críticas.
Los familiares de los muertos en el accidente del Yak-42 dicen que no quieren dinero, sino simplemente que alguien les pida perdón. No podemos comparar aquella tragedia con este episodio, uno más en la pugna entre los poderes y el periodismo libre. Pero podríamos exigir lo mismo.

Atlántica XXII/ DdA, XIV/3441