Me pregunto en qué nueva y solidaria lucha por las libertades estarán empeñados aquellos heraldos de las mismas, mediáticamente ensalzados entonces en España, que en periodo electoral protagonizaron sendos viajes a Venezuela con ese fin. Tanto Felipe González, desaparecido tras acabar con Pedro Sánchez en pro de la comisión traidora y el susanato, como Albert Rivera, que intentó buscar votos en Caracas para luego pactar con el partido más corrupto de la historia patria, mantienen la más absoluta indiferencia hacia noticias como la que acaba de difundir Amnistía Internacional y tiene por escenario un país bien próximo a Venezuela, Colombia, donde casi ochenta (80) activistas han sido asesinados a lo largo de pasado año, un año en que, además, fue posible la firma de un histórico acuerdo de paz entre el gobierno y la guerrilla de las FARC que pone fin a casi medio siglo de conflicto armado.
Amnistía informa de que la cifra de 80 activistas todavía no es
definitiva, pero sí sumamente alarmante. A finales de año las
organizaciones locales de derechos humanos habían registrado cerca de 80
homicidios de defensores y defensoras de derechos humanos, líderes
sociales y comunitarios a lo ancho y largo del país. A esto hay que
sumar cientos de agresiones que no han acabado con la muerte de las
víctimas: amenazas, atentados, hurto de información…
La oenege señala que la paradoja entre la firma del acuerdo de paz y
esta oleada de homicidios se explica porque gran parte del horror que ha
vivido Colombia durante décadas no está directamente vinculado al
combate directo entre las partes, sino en los ataques selectivos contra
civiles. Quienes trabajan defendiendo los derechos o protegiendo la
tierra y los recursos naturales frente a poderosos intereses económicos y
políticos, siguen en el punto de mira. Y detrás de muchos de esos
ataques están grupos armados, incluyendo paramilitares, que buscan tomar
el control de tierras ricas en recursos para que se puedan explotar con
fines económicos.
Poner fin a los combates entre las fuerzas de seguridad estatales y
las FARC no significará una paz real si las autoridades no toman
medidas efectivas para parar los ataques contra civiles, concluye
Amnistía, que lanza una ciberacción dirigida al Presidente colombiano
para pedirle que garantice también la paz a defensoras y defensores de
derechos humanos, a activistas sociales y comunitarios.
DdA, XIV/3451
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