LAS SENTENCIAS DE SAN FERNANDO DE HENARES*

Félix Población

 

¿Recuerdan el juicio por el terrible asunto del síndrome tóxico, aquel envenenamiento masivo a causa de la ingesta de aceite de colza desnaturalizado que, junto al intento de golpe de Estado de ese mismo año 1981, constituyen dos de los episodios más denigrantes de nuestra enaltecida Transición? Ambos se dirimieron en dos macro-juicios, solventados con unas sentencias decepcionantes que en un caso dejaron el margen a los responsables políticos y en el otro nada aportaron respecto a la trama civil ni al papel jugado por el jefe del Estado, cuya tardía comparecencia ante las cámaras de televisión para condenar la intentona tanto dio que hablar.

No tenemos buena memoria de los macro-juicios en este país, porque si en los citados no se actuó con el rigor debido contra los culpables del mayor envenenamiento alimentario producido en Europa -con más de un millar de víctimas y veinte mil afectados-, ni contra quienes pretendieron retrotraer al país a la dictadura de la que procedía, tampoco se hizo en una tercera y también grave circunstancia muchos años después.

En 2013 se celebró el macro-juicio por el hundimiento del Prestige, que once años antes provocó la mayor catástrofe ambiental habida en Europa como consecuencia de una marea negra producida por el vertido 77.000 toneladas de crudo. Únicamente el Partido Popular, que entonces ocupaba el Gobierno, consideró acertada la sentencia -luego corregida por el Supremo-, dado que avalaba la gestión del desastre llevada a cabo por la administración, sin que se penalizara a los responsables políticos.

Si me remonto a estas tres vergüenzas históricas, haciendo constar sus nada convincentes veredictos, es porque venimos asistiendo estos días en San Fernando de Henares a dos macro-juicios por corrupción en los que 102 individuos repartidos en dos salas están a la espera de los que decidan los tribunales. En una se encuentran 65 acusados de apropiación indebida por el uso de tarjetas opacas al fisco, repartidas por quienes estaban al frente de Caja Madrid/Bankia, la entidad financiera cuyo rescate público nos costó casi 30.000 millones de euros. Mediante ese instrumento de liquidez, que diría Rato, esos individuos llegaron a sacar de los cajeros para hacer frente a gastos variopintos cantidades muy superiores a las que el banco estafó a miles de modestos ahorradores, fruto de toda una vida laboral.

Hubo entre los acusados alguno de altiva estampa que como el ex asesor de la Casa Real y caballero laureado con sé cuántas cruces, señor Spottorno,  se sintió molesto porque alguno de esos ancianos ahorradores le gritó corrupto y ladrón mientras el diplomático aguardaba cola para entrar en la sala. El diplomático recurrió incluso a un policía para que identificara a quienes de ese modo dañaban la delicadeza de sus orejas, habituadas al solaz de los masajes filipinos. El agente debió recordarle que la calle no era suya, aunque no le gustara la voz de la calle.

A falta de las sentencias que se repartan, conviene reparar en los precedentes aquí glosados para temer que volvamos a ser defraudados por los tribunales. Si el partido en el Gobierno, vinculado a la trama Correa, ya ha intentado invalidar el correspondiente proceso, cabe prever su influencia para que el daño sea mínimo cuando se resuelva. Con la venidera gobernación garantizada, merced a la vergonzosa anuencia del partido hasta ahora opositor, puede que la trama se entierre en el pasado y se escamoteen una vez más las responsabilidades políticas.

Si así fuera, uniríamos a la gravedad en el estado de salud que para la democracia representativa supuso el golpe de la vieja guardia y la baronía del PSOE contra su anterior secretario general, otro golpe más, a favor ambos de los poderes financieros de la troika depredadora, pero en detrimento del régimen del 78 que los viejos partidos sustentan. Acabarán por hacer del mismo un enfermo inviable, como Bankia antes de Rato dándole a la campana, según expresión de un inspector desoído del Banco de España.

*Artículo publicado en el último número de Atlántica XXII, noviembre, 2016 

DdA, XIII/3379