Lazarillo
Si ya resulta bastante deplorable el lamentable panorama que
en los últimos años está ofreciendo el periodismo convencional/en papel en España, con
una serie de diarios de difusión nacional que apenas difieren en su línea
editorial ante determinadas cuestiones, más lo sería si aquellas publicaciones críticas e independientes que
se mantienen en pie no tuvieran el respaldo que merecen
cuando lo necesitan. Este es el caso de la revista asturiana de información y
pensamiento ATLÁNTICA XXII que desde hace casi ocho años sustenta, con una periodicidad bimestral que muchos de los que la seguimos desearíamos al menos mensual, el mejor
periodismo que se está haciendo ahora mismo no sólo en Asturias sino en toda
España. Así lo avala la fidelidad de sus lectores y suscriptores, así como
la opinión de aquellos profesionales cualificados que no dejan de sorprenderse a cada número
con la variedad, calidad y rigor informativo de esta revista.
La publicación se enfrenta
ahora, sin embargo, a una adversidad económica, como consecuencia precisamente de la independencia de
criterio y sentido crítico que la caracteriza. Atlántica XXII necesita con urgencia
obtener entre 8.000 y 10.000 euros para recurrir ante el Tribunal Supremo por
el llamado Caso Donaire. Ahora mismo la revista debe asumir el pago de 6.000
euros más intereses de demora por la aceptación parcial del recurso del
exsindicalista de UGT por parte de la Audiencia Provincial de Asturias, la
misma condena que sufrió el exsindicalista de la CSI Cándido González Carnero,
que también recurrió al Supremo. En el caso de ATLÁNTICA XXII los condenados
son los periodistas Fernando Romero y Xuan Cándano (director) y la empresa
editora, Letras Atlánticas. Aunque ambas sanciones quedan en suspenso hasta
conocer la decisión del Supremo.
ATLÁNTICA XXII considera la
sentencia de la Audiencia, que rectifica parcialmente otra del Juzgado de
Instrucción Número 2 de Oviedo, injusta y contraria a los derechos de expresión
e información (véase el número 46). Y, aunque confía en una
sentencia favorable en el Supremo, se ve obligado a hacer una reserva de unos
8.000 euros a la espera del fallo del alto tribunal. Los otros 2.000 euros
corresponden a los gastos judiciales. Ya con anterioridad, Atlántica XXII tuvo que
asumir otros cuantiosos gastos judiciales porque UGT lleva interpuestas contra
la revista cinco denuncias diferentes. Tres de ellas no fueron ratificadas,
pero se celebraron actos de conciliación sin acuerdo que supusieron los
correspondientes gastos de tasas judiciales, abogado y procuradora. El
sindicato socialista también denunció a otros dos periodistas, Gregorio Morán y
José Ramón Patterson, por textos sobre este conflicto. Las denuncias no
prosperaron. Tampoco la primera de todas, contra Xuan Cándano.
Este
acoso judicial pone en
peligro la propia continuidad de la publicación, a pesar de la
estabilidad
económica conseguida en los últimos ejercicios. La campaña ya en marcha
en su
primera fase supone ingresos directos en las dos cuentas bancarias de la
revista (Caja Rural de Asturias: ES49 3059 0001 10 2477393223
– Liberbank:
ES47 2048 0122 18 3404000289). Ya está en marcha una segunda fase a partir del 15 de octubre, consistente en un crowdfunding. Quienes tengan dudas a la hora
de dar su apoyo, echen un vistazo a la revista y se convencerán de la
necesidad de mantenerla en la calle.
DdA, XIII/3385
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