Pedro Olalla
Syriza resultó ser una oportuna válvula de escape para neutralizar gran parte de la peligrosa indignación social.
Atenas |
7 de
Septiembre de
2016
Todo balance se realiza siempre ex post facto,
es decir, con posterioridad a los hechos. Y, aunque la lectura de los
hechos pueda estar sujeta a cierta subjetividad, los hechos son los
hechos: realidades históricas, magnitudes mensurables, datos que ya no
pueden ser desestimados o puestos en duda como si fueran meras cábalas,
vaticinios agoreros o aseveraciones ideológicas. Seamos serios y
tengamos esto en cuenta a la hora de leer y enjuiciar las líneas que
siguen.
En Grecia llevamos seis años de “rescate”, y los hechos
son estos: un 25% de disminución del PIB, un 26% de tasa de paro (más
del 55% en el caso de los jóvenes), un 30% de empresas cerradas, más de
un millón de despidos, un 38% de reducción salarial media, un 45% de
reducción de pensiones media, una tasa de ahorro del -17%, 600.000
jóvenes cualificados emigrados, un aumento del 42% de la mortalidad
infantil, un cuarto de la población bajo el umbral de la pobreza,
millares de personas y familias comiendo cada día de la caridad popular,
un año de “control de capitales”, un gobierno a las órdenes de los
acreedores, el mayor plan de privatizaciones del mundo, y casi dos
personas suicidándose al día durante los últimos seis años. Pero ¿algo
habrá de positivo?, cabría preguntarse. ¡Habrá disminuido, al menos, la
deuda! Pues no: la deuda estaba en el 120% del PIB cuando empezó el
“rescate” y ahora está ya en el 180%; después de haber dedicado más de
460.000 millones a su amortización y de todos los sacrificios materiales
y humanos. ¿No se ha dinamizado, acaso, la economía? ¿No han servido
las medidas para atraer inversores? Tampoco: el PIB ha caído en picado,
las empresas --grandes y pequeñas– están desertando y el país se
encuentra a la cola del mundo en el ranking de inversiones, tan
sólo por delante de países en estado de crisis humanitaria o guerra,
como Suazilandia, Yemen, Eritrea, Sudán del Sur y Guinea Bissau. Y esto
no es todo, como veremos.
Si este balance fuera la cuenta de resultados de cualquier
partido o coalición en un gobierno, éste habría caído ya en el más
absoluto descrédito, y no habría nada que justificase ante alguien
cuerdo la continuidad de su gestión. Pero, como es la cuenta de
resultados de las políticas de la Unión Europea y de la Troika, es
incuestionable, y al acatamiento de ese dogma del Único Camino
contribuyen diariamente la clase política, la prensa del establishmenty
la comunidad académica, con una complicidad lesiva que deberá ser
estudiada entre las causas de esta situación por los historiadores del
futuro.
Tristemente, este penoso balance ya se ha quedado corto,
porque, como era de esperar, la situación ha seguido empeorando en el
último año y medio, durante el Gobierno de Syriza-- ANEL y a raíz de la
firma del tercer memorándum. Cuidado: nadie piense que el empeoramiento
se debe a que los gobiernos anteriores --los del bipartidismo
tradicional y los impuestos por los acreedores-- hacían una política
distinta y mejor, o a que el gobierno actual ha dado un giro antieuropeo
que ha hecho descarrilar la situación irresponsablemente; no, el
empeoramiento de la situación --un hecho incontestable-- se debe,
precisamente, a que se ha seguido aplicando, en un grado mayor,
estrictamente la misma política de la UE.
¿Cómo es posible? ¿No era Syriza un partido rupturista que
puso en jaque a Europa y a los mercados con su rápida ascensión en las
elecciones europeas de 2014, su victoria en las nacionales de enero de
2015, su indómito ministro Varoufakis, sus extenuantes negociaciones con
el Eurogrupo y su incómodo referéndum del OXI? Los hechos --una vez
más, los hechos-- demuestran que no. Syriza, lejos de ser algo así,
resultó ser una oportuna válvula de escape para neutralizar gran parte
de la peligrosa indignación social acumulada en los primeros cuatro años
de “rescates” y frenar por un tiempo las manifestaciones en la calle,
un candidato de refresco para el fatigado bipartidismo Nueva Democracia –
PASOK, y un fiel ejecutor de las políticas del núcleo duro de la UE
contra la voluntad y la confianza de los votantes que llevaron al
partido al poder y contra la del 61,4% del electorado que votó NO en el
referéndum por él convocado.
Para demostrarlo, volvamos a los hechos. Durante sus
primeros meses de mandato, lo único que el nuevo gobierno consiguió
obtener de aquel interminable thriller de negociaciones con la
UE fue “afinar”, con el beneplácito de sus acreedores, las condiciones
del endeudamiento crónico de Grecia. A cambio, reconoció implícitamente
la deuda y su viabilidad; consolidó el Acuerdo de Préstamo y los memoranda
(al no impugnar ni el uno ni los otros); se obligó a guardar fidelidad a
la Troika (rebautizada eufemísticamente como “Instituciones”);
condicionó a la aprobación de dichas Instituciones todas las reformas
propuestas por su gobierno; se comprometió a utilizar los préstamos
europeos sólo para recapitalizar a la banca y no para políticas sociales
o de desarrollo; consintió la presencia continuada de tecnócratas
europeos en los ministerios (task force) y la aplicación de sus
“recomendaciones” para cumplir con los objetivos financieros; convino
en seguir adelante con el ingente plan de privatizaciones; accedió a
dedicar el total de los ingresos de privatizaciones y del superávit
primario al pago prioritario de los acreedores a través de una cuenta
cerrada en el Banco de Grecia; y se comprometió a no tomar
unilateralmente medidas que pudieran afectar a los objetivos financieros
sin la aquiescencia de las Instituciones.
Así pues, el Gobierno de Syriza-ANEL supuso continuismo y
no ruptura. Ruptura hubiera sido, por ejemplo, detener de inmediato el
pago de la deuda, auditarla de manera exhaustiva ejerciendo el derecho
que le reconoce la propia UE (Art. 7.9 del Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo, 21/5/2013), negar la legitimidad de la Troika (amparados en la ignorada resolución que el propio Parlamento Europeo adoptó el 14 de marzo de 2014),
poner de manifiesto la insconstitucionalidad de los procesos por los
que fueron aprobados los memoranda y el Acuerdo de Préstamo, promulgar
por mayoría parlamentaria una nueva ley que los declare nulos, y llevar a
los artífices de los acuerdos y los planes de rescate ante los
tribunales internacionales (pues hay estudios que demuestran que los
programas de la Troika contravienen el propio derecho originario de la
Unión Europea y la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados,
y violan asimismo derechos fundamentales –vivienda, sanidad, seguridad
social, educación, salario justo, negociación colectiva...– recogidos en
la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, en el Convenio
Europeo de Derechos Humanos, en la Carta de Naciones Unidas y en otros
acuerdos internacionales). Pero nada de eso se hizo.
Después del referéndum de julio de 2015 --en el que, pese
al cierre de los bancos y a la intensa campaña mediática de
intimidación, el resultado fue un rotundo NO a las políticas de
austeridad europeas-- el Gobierno griego se vio con varias cartas muy
fuertes en su mano: el 61% de NO, la declaración del FMI sobre la
inviabilidad de la deuda si no se procedía a una importante quita, otra declaración de expertos en Derechos Humanos de la ONU
(30/6/2015) sobre la violación de lo dispuesto en la Carta de Naciones
Unidas (Art. 103) y en la Convención de Viena sobre el Derecho de los
Tratados (Art. 53) por parte del Acuerdo de Préstamo y de los memoranda de la Troika, así como el informe de la Comisión de la Verdad sobre la deuda griega --comisión constituida a instancias del propio gobierno y presidida por Eric Toussaint--, que concluyó que, en un altísimo porcentaje, la deuda puede ser calificada de odiosa e ilegal.
Pero el gobierno tiró todas esas cartas a la basura. A la vuelta del
verano, ganó de nuevo las elecciones nacionales del 20 de septiembre, y,
poco después –¡con los votos de la oposición!–, aprobó el tercero y más
oneroso de los memorando firmados hasta el momento.
Dicho memorándum ha traído nuevos recortes en salarios,
pensiones y gasto social, así como también el compromiso de aplicar
recortes de forma automática y sin necesidad de aprobación del
Parlamento siempre que no se alcancen los objetivos financieros
señalados. Del nuevo “rescate” de 83.400 millones --que incrementan
considerablemente la deuda--, 70,9 van directamente a amortizar capital e
intereses y a recapitalizar a la banca privada; y sólo 12,5 se destinan
formalmente a inversión y crecimiento. ¿Quién presta ese dinero? La
“parte del ratón” la ponen el FMI (13,7) y diversos préstamos
bilaterales (7), mientras la “parte del león” la aporta el opaco
Mecanismo Europeo de Estabilidad (62,7), un organismo nada democrático,
ajeno al control de todo parlamento o gobierno, y cuyas condiciones
Grecia se obliga a aceptar renunciando a sus prerrogativas de Estado
soberano. ¿Y quién pone el dinero del MEDE? La contribución de los
Estados miembro al préstamo del Mecanismo aporta sólo “garantías”: en
realidad, los 62.700 millones debe ponerlos la propia Grecia,
obligándose a obtener un superávit primario de 12.700 millones y a
llevar a cabo un ambicioso plan de venta de activos por valor de 50.000
millones. Tal superávit primario, en estas condiciones, sólo puede salir
de una austeridad letal; y los 50.000 millones en activos sólo pueden
salir de malvender todos los bienes del país (recordemos que, cuando el
“rescate” sólo estaba empezando, apenas consiguieron venderse activos
por importe de 2.500 millones al año).
Para “agilizar” las cosas, el plan de privatizaciones de
Grecia ha estado dirigido, desde el primer momento, por sucesivas
entidades de derecho privado regidas por tecnócratas, con sede fuera del
país y cada vez más alejadas del control estatal. Últimamente, quien
dirigía la almoneda era un fondo llamado Institution for Growth, con
sede en Luxemburgo (país a la cabeza en la lista de blanqueo de dinero
de la UE) y supeditado al Banco de Crédito para la Reconstrucción (KfW),
institución alemana cuyo actual presidente es Wolfgang Schäuble. Pero
esto también se ha quedado corto, y el gobierno ha acordado la creación
de un “superfondo”, controlado en gran medida por el Mecanismo Europeo
de Estabilidad, al que serán transferidos todos los activos del Estado
griego para su explotación y venta con vistas a la amortización de la
deuda por un período de... ¡99 años!
Más vale no seguir. En estos momentos, los ingresos medios
de la familia griega se cifran en 20.000 euros anuales; los gastos
mínimos y los impuestos, en 36.760. ¿Cómo se suple ese 46%? ¿Cuántos
años se puede continuar así? Y aún hay que aplicar nuevos paquetes de
“medidas” para seguir haciendo caja. Con este balance, sólo comparable
al de algunos países depauperados por el colonialismo y la guerra,
Grecia ha recibido, en los últimos tiempos, el 80% de los refugiados y
migrantes que cruzan el Mediterráneo hacia Europa, y retiene en su suelo a casi 60.000,
merced a las políticas insolidarias de la UE. Y esta primavera --sin
pasar siquiera por la aprobación del Parlamento, sin que nadie se entere
de lo que se ha pactado--, el Gobierno ha firmado un acuerdo con la
OTAN poniendo en sus manos el control del Egeo.
El balance es penoso, y sería aún muy largo de contar; pero podría resumirse en una idea, deplorable también: Grecia, si aún no de iure, ha dejado de facto de ser un Estado soberano, una “asociación política con soberanía efectiva, interna y externa, sobre una zona geográfica determinada”;
pues ni en lo económico, ni en lo político, ni en lo territorial, se
aviene ya --aunque sea de lejos-- a esta escueta definición. Grecia ya
no existe como Estado soberano. Y el pueblo griego necesita un proyecto
en que creer, un empeño colectivo capaz de justificar sus enormes
sacrificios, una esperanza de seguir existiendo en el futuro. Pero
ninguna, ninguna de las medidas que se han aplicado y que se siguen
aplicando, tiene nada que ofrecerle en este sentido. Lo prueban los
hechos.
DdA, XIII/3357
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